eis meses después de la intervención del Puerto de Ushuaia, los magistrados de la Justicia Nacional de Ushuaia aún no resolvieron la cuestión de fondo. Mientras los expedientes se consumen entre formalismos y debates de competencia, el mayor conflicto institucional de Tierra del Fuego permanece sin ningún tipo de control judicial.
Hay una pregunta que ya no puede seguir esquivándose. No está dirigida al Gobierno nacional ni a la Administración Nacional de Puertos y Navegación. Está dirigida a los magistrados del Poder Judicial de la Nación con asiento en Ushuaia.
¿Qué los paralizó?
Porque cuesta comprender que el conflicto institucional más importante entre la Nación y Tierra del Fuego desde la provincialización continúe, más de seis meses después, sin una decisión judicial sobre su legalidad.
El 22 de enero, una Agencia Nacional decidió intervenir unilateralmente el Puerto de Ushuaia. No fue el Congreso. No fue una ley. Tampoco el mecanismo previsto por la norma que transfirió el puerto a la Provincia.
Y allí aparece el primer interrogante.
La ley de provincialización estableció expresamente que cualquier controversia entre la Nación y la Provincia debía resolverse mediante un Tribunal Arbitral. Sin embargo, el Gobierno nacional eligió un camino completamente distinto: intervenir un puerto provincial por decisión administrativa.
Ese era el primer debate que la Justicia Federal de Ushuaia debía resolver.
Nunca ocurrió.
Con el paso de los meses, además, los propios fundamentos de la intervención comenzaron a derrumbarse. Se invocaron riesgos para la seguridad portuaria que jamás aparecieron. Se anunciaron graves irregularidades administrativas que nunca fueron demostradas. Después de más de medio año de intervención no existe una sola denuncia administrativa o penal contra las autoridades provinciales que administraban el puerto.
Los argumentos extraordinarios que justificaron una medida extraordinaria simplemente no aparecieron.
Pero la intervención continuó.
Y la Justicia permaneció inmóvil.
Mientras tanto comenzaron a adoptarse decisiones administrativas que exigían un control judicial inmediato. Entre ellas, la administración de los recursos del Puerto de Ushuaia a través de la Administración General de Puertos S.A.U., una sociedad estatal cuyo objeto legal actual es concluir su proceso de disolución.
Una empresa destinada por decreto nacional para desaparecer terminó administrando miles de millones de pesos, realizando contrataciones y ejecutando gastos.
Como mínimo, semejante situación merecía un análisis judicial profundo.
Ese análisis tampoco llegó.
En cambio, los esfuerzos de los magistrados parecieron concentrarse en discutir competencias, copias certificadas, legitimaciones procesales y otros formalismos que terminaron desplazando el verdadero debate: la legalidad de la intervención y de las decisiones adoptadas durante su vigencia.
El episodio más elocuente fue la sucesión de declaraciones de incompetencia mediante las cuales los propios jueces federales intentaron desprenderse de causas que naturalmente debían resolver. La situación llegó a tal extremo que la Procuración General ante la Corte Suprema sostuvo recientemente que uno de esos expedientes debía regresar al Juzgado Federal de Ushuaia para que ejerciera la competencia que había evitado asumir.
No fue solamente un llamado de atención procesal.
Fue un recordatorio sobre cuál es la función constitucional de los magistrados federales.
La misma lógica se observa en las acciones promovidas por trabajadores desplazados de sus funciones y en los planteos destinados a acceder a información pública sobre ingresos, gastos y contrataciones durante la intervención. Quienes reclaman transparencia encuentran formalismos. Quienes cuestionan la legalidad encuentran dilaciones. Mientras tanto, las decisiones administrativas siguen produciendo efectos.
Y allí reside el verdadero problema.
La misión del Poder Judicial no consiste en administrar expedientes. Consiste en controlar la legalidad del ejercicio del poder, especialmente cuando ese poder altera el equilibrio del federalismo mediante un mecanismo excepcional.
Cada día sin una decisión judicial consolida los efectos de una intervención cuya legalidad continúa siendo discutida. Cada demora fortalece hechos consumados. Cada formalismo sustituye el control constitucional que la sociedad espera de sus jueces.
Por eso la pregunta vuelve a imponerse.
¿Entonces, qué paralizó a los magistrados federales de Ushuaia?
La respuesta pertenece a cada uno de ellos.
Pero el resultado ya está a la vista.
Mientras la Justicia discutía quién debía intervenir, la intervención siguió gobernando.
Y cuando los jueces llamados a controlar el poder eligen no pronunciarse sobre el fondo de un conflicto institucional de semejante magnitud, el silencio deja de ser prudencia.
Empieza a convertirse en una decisión institucional con consecuencias para la República, el federalismo y la confianza pública.
Mientras tanto, la sucesión de hechos irregulares continua ante la vista de magistrados que no pueden explicar por qué no intervienen frente a hechos irregulares que son de pleno dominio público.
(*) El Comité Editorial está conformado por un grupo de periodistas de EDFM. El desarrollo editorial está basado en su experiencia, investigación y debates sobre los temas abordados.
