ay que reconocerle al Gobierno nacional una virtud inesperada: desarrolló una sensibilidad notable frente a la falta de inversión en infraestructura. El problema es que esa sensibilidad parece funcionar mucho mejor cuando la infraestructura pertenece a otro.
Para intervenir el Puerto de Ushuaia, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) usó argumentos que parecieron contundentes a la distancia: falta de obras, deficiencias de infraestructura, riesgos para la seguridad y presuntas irregularidades en el destino de fondos. La conclusión fue igualmente contundente: había que intervenir.
El principio establecido por la Nación resulta interesante: cuando una infraestructura estratégica no recibe inversiones suficientes, cuando esa desinversión compromete la seguridad y cuando existen cuestionamientos sobre el destino de los recursos, el Estado debe actuar.
Sería todavía más interesante si el Gobierno nacional estuviera dispuesto a aplicarse ese principio a sí mismo.
Porque basta salir del Puerto de Ushuaia y tomar la Ruta Nacional N° 3 para que aquella extraordinaria preocupación por la infraestructura comience misteriosamente a desaparecer.
Y surge entonces una propuesta que todavía no figura en ningún manual de Derecho Administrativo: si la ANPyN intervino el Puerto de Ushuaia por falta de obras, problemas de seguridad y presuntos desvíos de fondos, quizás alguien debería intervenir Vialidad Nacional en manos de la administración liberataria.
Naturalmente, la ANPYN no tiene competencia sobre Vialidad. No es ése el punto. El punto es la vara.
El peligro depende del administrador
Para la Nación, la falta de obras en el puerto podía comprometer la seguridad de trabajadores, pasajeros y operaciones. Es razonable: una infraestructura deteriorada puede provocar accidentes.
Lo curioso es que el razonamiento cambia cuando la infraestructura deteriorada es nacional, como es el caso de la Ruta Nº3.
Aparentemente, una obra que no se realiza en un puerto provincial constituye una amenaza. Una obra que no se ejecuta sobre una ruta nacional es austeridad al servicio del superávit fiscal.
Una deficiencia portuaria merece una intervención. Un pozo, una banquina deteriorada o una calzada que necesita obras pueden esperar.
Debe ser alguna particularidad jurídica del asfalto.
La Ruta 3, sin embargo, transporta personas. Familias, trabajadores, camioneros, turistas, colectivos y ambulancias circulan diariamente por ella. Y en Tierra del Fuego lo hacen bajo condiciones de nieve, hielo, viento y escarcha.
Allí, la falta de inversión no es solamente deterioro patrimonial.
Es riesgo para la vida.
Además, existe un pequeño detalle geográfico: Tierra del Fuego no tiene otra ruta nacional. La 3 conecta Ushuaia, Tolhuin y Río Grande y constituye la única vía terrestre de ingreso y egreso de la provincia. También es la puerta de entrada de todo el turismo que llega por tierra.
Si la Ruta 3 tiene problemas, el conductor puede elegir entre dos alternativas: la Ruta 3 o la Ruta 3.
El curioso caso de los fondos
La comparación se vuelve todavía más incómoda cuando aparece el dinero.
Otro de los argumentos utilizados para intervenir el Puerto de Ushuaia fueron los presuntos desvíos de recursos que, según el Gobierno nacional, debían utilizarse para la actividad portuaria.
Otra vez, el principio es saludable: si existen fondos destinados a sostener una infraestructura y terminan financiando otras cosas, corresponde explicar qué ocurrió.
Pero esa curiosidad fiscal debería funcionar también hacia adentro.
Cada vez que un argentino carga combustible paga impuestos. Entre ellos está el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos. Su régimen contempla destinos específicos vinculados, entre otros objetivos, con el transporte y la infraestructura.
Si esos recursos son reasignados hacia otras finalidades mientras las obras viales se paralizan, el Gobierno nacional debería ofrecer explicaciones con la misma vehemencia con la que exigió explicaciones en Ushuaia.
¿Cuánto se recauda? ¿Cuánto llega efectivamente al sistema vial? ¿Cuánto se invierte en Tierra del Fuego? ¿Cuánto en mantenimiento invernal? ¿Cuánto en nuevas obras sobre la Ruta 3?
Y la pregunta más sencilla: ¿dónde está el asfalto?
Porque parece haberse desarrollado una novedosa teoría fiscal.
Se argumentó un presunto desvío provincial, que provocó alertas y auditorías, comunicados e intervenciones.
Y existe un efectivo desvío nacional, que convenientemente puede llamarse “reasignación de recursos”.
También hay dos desinversiones.
La provincial es abandono.
La nacional es equilibrio fiscal.
Y aparentemente hay dos clases de seguridad: la que exige medidas extraordinarias cuando el responsable es otro y la que puede esperar cuando el responsable es uno mismo.
Intervenir Vialidad
Quizás entonces corresponda ayudar al Gobierno con una solución.
Podría tomar los fundamentos utilizados para intervenir el Puerto de Ushuaia y redactar una nueva resolución.
Donde dice “infraestructura portuaria”, escribir “infraestructura vial”.
Donde dice “seguridad operativa”, poner “seguridad vial”.
Donde aparecen cuestionamientos sobre el destino de los fondos, incorporar los recursos provenientes de los impuestos a los combustibles destinados al transporte y la infraestructura.
Y donde dice “Puerto de Ushuaia”, escribir “Ruta Nacional N° 3”.
Después solamente faltaría encontrar al interventor o poner al mismo Iñaki Arreseygor.
Ese punto es algo más complicado, porque Vialidad Nacional pertenece al propio Estado nacional. El Gobierno debería intervenir un organismo del Gobierno porque el Gobierno no realiza las obras que el mismo Gobierno consideró indispensables cuando decidió intervenir un organismo provincial.
Puede parecer enredado.
Detrás de la ironía queda una cuestión demasiado seria: la seguridad vial.
Un puerto deteriorado puede poner vidas en riesgo. Una ruta deteriorada también. La diferencia es que sobre la Ruta 3 circulan todos los días miles de personas y, durante el invierno fueguino, la falta de mantenimiento, equipamiento y obras puede transformar una deficiencia de infraestructura en una tragedia.
Si existieron irregularidades en el Puerto de Ushuaia, deben investigarse. Si hubo desvíos ilegales, deben establecerse responsabilidades. Si faltaron obras, deben realizarse.
Pero la misma vara debe valer para todos.
El Gobierno nacional decidió que la falta de inversión, los problemas de seguridad y los cuestionamientos sobre el destino de los fondos justificaban intervenir una infraestructura administrada por Tierra del Fuego.
Ahora sólo falta que mire hacia adentro.
Porque exigir obras mientras no se ejecutan obras, reclamar por fondos presuntamente desviados mientras se reasignan recursos destinados a infraestructura y hablar de seguridad mientras se desinvierte en rutas tiene un nombre bastante menos sofisticado que cualquier resolución administrativa:
La gestión libertaria ya demostró que sabe intervenir cuando encuentra falta de obras, riesgos y fondos cuyo destino cuestiona.
Quizás no necesite buscar tan lejos.
Tiene Vialidad Nacional en casa.
Y entonces la pregunta prácticamente se escribe sola:
Sí ésos fueron los argumentos para intervenir el Puerto de Ushuaia, ¿quién interviene Vialidad Nacional?
(*) El Comité Editorial está conformado por un grupo de periodistas de EDFM. El desarrollo editorial está basado en su experiencia, investigación y debates sobre los temas abordados.
