a Justicia Federal de Río Grande dispuso una medida cautelar de fuerte impacto sobre el proyecto petrolero “León Marino”, impulsado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited en aguas próximas a las Islas Malvinas.
La acción fue promovida por la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), que acudieron a la Justicia mediante una acción preventiva colectiva ambiental. El planteo combina la protección del ambiente con la defensa de los derechos soberanos argentinos sobre los recursos naturales existentes en el área de Malvinas.
A partir de esa presentación, la jueza federal Mariel Borruto ordenó a las compañías abstenerse de iniciar o continuar los trabajos materiales del emprendimiento. La medida comprende la perforación del lecho y subsuelo marino, la instalación de infraestructura submarina, conductos y sistemas de fondeo, unidades flotantes de producción y almacenamiento, la extracción comercial de petróleo y las obras terrestres y portuarias necesarias para sostener la explotación.
El fallo no establece que el proyecto vaya a provocar efectivamente un daño ambiental. El fundamento central es diferente: el emprendimiento avanza sin haber sido sometido al procedimiento de evaluación de impacto ambiental exigido por la legislación argentina. Para el juzgado, esa ausencia resulta suficiente para aplicar los principios de prevención y precaución.
En términos simples, frente a una explotación petrolera de semejante magnitud no es necesario esperar a que el daño se produzca para intervenir. Primero deben estudiarse las posibles consecuencias, determinarse los riesgos y establecerse las medidas destinadas a prevenirlos o reducirlos.
“León Marino” contempla una explotación de gran escala: 23 pozos, de los cuales 16 serían productores de petróleo, seis de inyección de agua y uno de inyección de gas. También incluye una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga, infraestructura submarina y una flota permanente de embarcaciones auxiliares.
La resolución considera además que existe urgencia. El proyecto superó la etapa de una simple propuesta: la decisión final de inversión fue adoptada en diciembre de 2025, fueron contratados equipos centrales para la explotación y comenzaron trabajos vinculados con la adecuación de infraestructura. Para la Justicia, permitir que las obras continúen mientras se desarrolla el proceso podría generar modificaciones ambientales de difícil o imposible reversión.
Pero la discusión excede el aspecto estrictamente ambiental. El propio expediente incorpora la cuestión de la soberanía argentina como parte sustancial del conflicto. La Justicia considera aplicables las leyes nacionales porque el emprendimiento se desarrolla sobre la plataforma continental argentina y en espacios marítimos correspondientes a las Islas Malvinas. Desde esa perspectiva, las exigencias ambientales y las normas que regulan la explotación hidrocarburífera deben cumplirse aunque las compañías tengan domicilio en el extranjero.
La cautelar permanecerá vigente hasta que se tramite ante la autoridad ambiental argentina la evaluación de impacto correspondiente y se adopte una decisión, o hasta que el juzgado determine lo contrario.
Además, Rockhopper y Navitas deberán informar el estado de ejecución del proyecto, cronogramas, pozos previstos, contratistas, estructura societaria, fuentes de financiamiento, seguros, desembolsos y estudios ambientales existentes. También deberán preservar toda la documentación técnica, financiera, contractual y ambiental relacionada con “León Marino”.
La Justicia postergó, en cambio, el pedido de bloquear de manera general el financiamiento del emprendimiento y de efectuar comunicaciones a mercados y organismos extranjeros. Antes pretende determinar con mayor precisión las operaciones, empresas y terceros involucrados.
La medida es provisoria y podrá ser mantenida, modificada, ampliada o levantada a medida que avance el expediente. El caso abre así un frente judicial alrededor de “León Marino” en el que confluyen tres cuestiones sensibles para la Argentina: explotación petrolera, protección del ambiente marino y soberanía sobre los recursos naturales en el área de Malvinas.
