l siguiente relato es una obra de ficción construida a partir de hechos, instituciones y debates públicos vinculados con la intervención del Puerto de Ushuaia. Los acontecimientos, diálogos, decisiones y conductas que aquí se narran pertenecen a un escenario imaginario y contrafáctico: cuentan lo que no ocurrió, pero podría haber ocurrido.
A las nueve y cuarto de la noche, el puerto seguía iluminado. Desde arriba parecía una maqueta. El muelle penetraba en el Beagle como una cicatriz recta y amarilla. Había un crucero amarrado, otro anunciado para la madrugada y una hilera de colectivos esperando pasajeros que todavía gastaban dólares en restaurantes, excursiones, recuerdos y chocolates.
Ushuaia vivía de muchas cosas. Pero aquella noche todos recordaron que una parte importante de la ciudad vivía también de esos barcos. Y que los barcos necesitaban el puerto.
La reunión había empezado dos horas antes. No fue en Casa de Gobierno ni en la Municipalidad. Tampoco hubo banderas, discursos ni fotógrafos. Alrededor de una mesa inusualmente grande se sentaron representantes de la Cámara de Comercio y de la Cámara de Turismo. Había empresarios hoteleros, comerciantes, operadores marítimos, agencias de viajes y prestadores turísticos. Afuera una nevada tardía blanqueaba Ushuaia, certificando la existencia de un invierno atípico.
El gobernador llegó último.
—¿Qué necesitan de nosotros? —preguntó.
El presidente de una de las cámaras negó con la cabeza.
—Esta vez, nada. Vinimos a decirle qué vamos a hacer nosotros.
Hubo un silencio. Durante meses las cosas habían ocurrido exactamente al revés. El Gobierno provincial denunciaba el atropello federal. Los trabajadores protestaban. Los abogados presentaban escritos. Los funcionarios nacionales se habían apropiado del puerto y lo administraban a su antojo. Y los empresarios preguntaban, fundamentalmente, si los cruceros iban a poder operar.
La Justicia Federal tampoco había contribuido a resolver el conflicto. La actuación del juez federal de Ushuaia era cuestionada por su falta de respuestas oportunas frente a una intervención que ponía en discusión las facultades de la Provincia sobre su propio puerto.
Para muchos, aquella pasividad había dejado una conclusión incómoda: cuando Tierra del Fuego necesitó que la Justicia Federal definiera hasta dónde podía avanzar la Nación, encontró más demora que respuestas.
Era comprensible. También era miserable, pero aquella noche habían decidido dejar de ser comprensibles.
Sobre la mesa había una hoja. Una sola. No era una solicitada ni una declaración de principios. No hablaba de diálogo, institucionalidad, preocupación, previsibilidad ni ninguna de esas palabras que las corporaciones utilizan cuando quieren pronunciarse sin molestar demasiado a nadie.
Tenía cinco puntos. El primero establecía que, mientras continuara la intervención federal del Puerto de Ushuaia, las empresas adheridas suspenderían toda prestación comercial extraordinaria vinculada con la operatoria portuaria. El segundo era peor: agencias, transportistas, proveedores, operadores turísticos y empresas de servicios no celebrarían nuevos contratos relacionados con la actividad de cruceros mientras la ANPyN permaneciera al frente de la terminal.
El tercero convocaba a cámaras empresarias de Río Grande, Tolhuin y sectores productivos de toda la provincia a sumarse. El cuarto establecía un fondo empresario para asistir a pequeñas firmas que pudieran resultar perjudicadas por la medida ya que el gobierno hacía lo propio con el grupo de trabajadores segregados por la intervención. El quinto era apenas una frase: El puerto funciona porque Ushuaia funciona.
El gobernador terminó de leer.
—¿Entienden lo que significa esto?
—Perfectamente.
—Van a perder plata.
El empresario sostuvo la mirada.
—De eso se trata.
A la mañana siguiente Buenos Aires recibió la noticia. Al principio nadie se alarmó. En las oficinas de la intervención interpretaron el comunicado como se interpretan casi todos los comunicados empresariales: una combinación de disgusto, posicionamiento público y posterior negociación.
Esperaron el llamado. El llamado no llegó.
A las once, tres empresas comunicaron que no cotizarían nuevos servicios. A las doce, varios operadores suspendieron reuniones comerciales. A las dos de la tarde, agencias receptivas notificaron a sus socios internacionales que existía un conflicto institucional sobre la administración del puerto. A las cuatro, alguien en Buenos Aires comprendió el problema.
La intervención podía controlar el muelle. Lo que no podía controlar era la ciudad. Podía disponer dónde atracaba un barco, cobrar una tasa, contratar una empresa, impartir una orden administrativa. Pero no podía fabricar colectivos. No podía inventar excursiones. No podía obligar a un hotel a contratar servicios extraordinarios. No podía transformar empleados nacionales en guías de turismo, mecánicos, proveedores, agentes marítimos, transportistas, comerciantes o prestadores.
Habían ocupado el puerto. No habían ocupado Ushuaia. Y acababan de descubrir la diferencia.
La primera llamada llegó esa tarde.
—Tenemos que encontrar una salida razonable —dijo la voz desde Buenos Aires.
—Ya la encontramos.
Hubo una pausa.
—¿Cuál?
—Que se vayan.
Después vino la explicación jurídica. Luego, la institucional. Más tarde apareció la política. Finalmente llegó la amenaza, cuidadosamente envuelta en lenguaje administrativo: habría consecuencias para quienes alteraran la normal prestación de servicios vinculados con una infraestructura estratégica.
La respuesta de las cámaras fue pública. No impedían trabajar a nadie. No bloqueaban el puerto. No cortaban calles. No ocupaban edificios.
Simplemente habían decidido no hacer negocios con la intervención.
Era capitalismo. Capitalismo puro. Quizás demasiado puro para quienes suponían que la libertad de mercado consistía en que los empresarios obedecieran.
La situación empeoró tres días después. Las cámaras convocaron una conferencia de prensa junto al Gobierno provincial, los municipios y representantes de los trabajadores portuarios. No pidieron eficiencia. No reclamaron solamente previsibilidad. No preguntaron cuándo llegaría el próximo crucero.
Hablaron de jurisdicción, de federalismo, de recursos provinciales. Y pronunciaron una palabra que, hasta entonces, muchos empresarios habían tratado con la misma cautela con la que se manipula un explosivo: intervención.
Uno de ellos tomó el micrófono.
—No estamos discutiendo quién puede administrar mejor el puerto. Estamos discutiendo algo anterior: quién tiene derecho a administrarlo. Entonces ocurrió algo todavía más extraño: los empresarios aplaudieron.
En Buenos Aires comenzaron las reuniones. En Ushuaia comenzaron las llamadas. Compañías internacionales preguntaban qué estaba ocurriendo. Los operadores explicaban que los barcos podían ingresar, pero que nadie podía garantizarles la normalidad de la cadena comercial en tierra.
No había piquetes. Era peor. Había organización.
La ANPyN había preparado protocolos para enfrentar protestas, reclamos gremiales, presentaciones judiciales y cuestionamientos políticos. Nadie había escrito el protocolo para enfrentar a una ciudad que decidía no vender. El responsable de la justicia federal no tenía argumentos posibles para anteponer a la determinación cívica.
El negocio empezó a desarmarse sin que nadie rompiera nada.
La reunión definitiva ocurrió un jueves. Los funcionarios nacionales llegaron en un avión de línea. No hubo recepción oficial. El encuentro se realizó en un hotel frente al canal.
La delegación nacional ofreció una mesa de seguimiento.
—No.
Ofreció participación empresaria en un consejo consultivo.
—Tampoco.
Ofreció revisar contrataciones y procedimientos.
—No vinimos a discutir eso.
El funcionario que encabezaba la delegación dejó la lapicera sobre la mesa.
—Entonces díganme qué quieren.
Uno de los empresarios miró por la ventana. El Beagle estaba gris. Al fondo se veía el puerto.
—Queremos que nos devuelvan el puerto.
—El puerto no es de ustedes.
El empresario volvió la mirada hacia la mesa.
—Exactamente. Es de Tierra del Fuego.
Nadie respondió.
Ahí terminó la reunión.
Cuarenta y ocho horas después comenzó a circular el borrador. La intervención sería levantada. Habría un cronograma de restitución administrativa, una auditoría conjunta y una mesa provincial para discutir inversiones, seguridad, transparencia y modernización.
Cuando se confirmó oficialmente, nadie descorchó champagne. Los trabajadores volvieron. Los funcionarios provinciales regresaron a las oficinas. Los operadores comenzaron a normalizar los servicios. Los empresarios volvieron a hacer lo que sabían hacer: negocios.
Pero durante unas semanas había ocurrido algo novedoso. Habían descubierto que podían hacer otra cosa además de ganar dinero. Demostrar que efectivamente pertenecían y se identificaban con la ciudad.
Años después, alguien encontró en un cajón aquella hoja con cinco puntos. Estaba amarillenta. En el margen inferior, alguien había escrito a mano: «Funcionó porque estuvimos dispuestos a perder».
El hombre que encontró el papel se quedó mirándolo. Le pareció una frase extraña para empresarios. Después comprendió.
Defender solamente aquello que produce ganancias no requiere coraje. Ni compromiso. Ni siquiera demasiada inteligencia. Alcanza con una calculadora.
Lo excepcional había sido otra cosa. Durante unos pocos días, comerciantes, hoteleros, operadores y empresarios habían entendido que Ushuaia no era solamente el lugar donde tenían sus negocios. Era la razón por la cual esos negocios existían.
El paisaje que vendían no era suyo. El puerto que utilizaban no era suyo. La ciudad tampoco. Ellos eran apenas beneficiarios circunstanciales de algo construido durante generaciones por una comunidad, y habían decidido defenderlo.
El periodista terminó de escribir a las tres de la mañana. Releyó el texto. Le gustaba. Tenía épica, empresarios dispuestos a sacrificar ganancias, cámaras enfrentándose al poder nacional, trabajadores y Gobierno provincial del mismo lado y hasta una defensa colectiva del federalismo.
Era una historia perfecta, demasiado perfecta.
Guardó el archivo y apagó la computadora. Antes de irse escribió el título:
EL DÍA QUE LOS EMPRESARIOS DEFENDIERON USHUAIA ANTES QUE SUS NEGOCIOS
Lo observó unos segundos. Después agregó, arriba y en letras pequeñas: Ficción.
Afuera seguía neviscando. En el puerto las luces continuaban encendidas. Los cruceros seguían llegando. Los turistas seguían bajando. Las cajas registradoras seguían funcionando.
Y nadie había tenido que elegir todavía entre defender el puerto o defender la caja.
Quizás por eso la historia pertenecía a la literatura.
En las novelas negras, al menos, uno termina descubriendo quién está dispuesto a ensuciarse las manos.
En la realidad, a veces alcanza con seguir el dinero.
(*) El Comité Editorial está conformado por un grupo de periodistas de EDFM. El desarrollo editorial está basado en su experiencia, investigación y debates sobre los temas abordados.
