a exgobernadora Fabiana Ríos expresó una profunda preocupación por la continuidad de la intervención federal del Puerto de Ushuaia y ubicó el conflicto dentro de un problema mucho más amplio: el debilitamiento de la autonomía provincial y la falta de reacción de las instituciones que deberían establecer límites frente al avance del Estado nacional.
Durante una entrevista radial en Zoon a Diario, Ríos sostuvo que lo que sucede en el Puerto ya no puede analizarse únicamente como una controversia administrativa. A su entender, la permanencia de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) al frente de una terminal perteneciente a Tierra del Fuego, sumada a las decisiones adoptadas desde enero, plantea un conflicto directo con la estructura constitucional que reconoce y garantiza la autonomía de las provincias.
En ese contexto, manifestó una fuerte preocupación por la ausencia de controles efectivos de legalidad por parte de la Justicia Federal. Para la exmandataria, después de meses de intervención, el Estado nacional continúa ejerciendo facultades sobre el Puerto sin que exista hasta el momento una respuesta judicial definitiva que establezca con claridad cuáles son los límites de esas atribuciones.
La falta de reacción institucional
Ríos también dirigió sus cuestionamientos hacia la Legislatura. Consideró preocupante que, frente a un conflicto que involucra competencias, recursos y patrimonio provincial, el Parlamento fueguino no haya asumido un protagonismo acorde con la gravedad institucional de la situación.
Para la exgobernadora, la discusión debería trascender las diferencias partidarias. Lo que está en juego, planteó, es la capacidad de Tierra del Fuego para defender las atribuciones que le corresponden como provincia frente a decisiones adoptadas unilateralmente por el Gobierno nacional ante unos de los principales activos estratégicos provinciales.
Dentro de ese escenario aparece además el manejo de los recursos económicos generados por el Puerto. La administración de fondos, ingresos, gastos y transferencias se encuentra incluso judicializada a partir de un amparo por acceso a la información pública. En agosto, el Juzgado Federal de Ushuaia ordenó a ANPYN y AGP aportar información y documentación relacionada con esos recursos.
Otro de los puntos que Ríos consideró especialmente grave es la situación de los trabajadores de la Dirección Provincial de Puertos. Desde el comienzo de la intervención, más de un centenar permanece impedido de ingresar a sus lugares habituales de trabajo, sin tener garantizados sus salarios, mientras un grupo reducido continúa accediendo a la terminal y desempeñando funciones junto con la administración nacional.
La exgobernadora advirtió sobre la situación de indefensión de esos agentes y planteó interrogantes sobre el trato diferencial aplicado entre trabajadores pertenecientes a una misma estructura provincial. Unos están impedidos de ingresar a trabajar, mientras que otros colaboran activamente con la intervención.
Pero para Ríos el avance sobre las competencias provinciales adquirió en las últimas semanas una nueva dimensión con el impedimento para que organismos fueguinos ejerzan controles ambientales dentro del Puerto.
Lo cierto es que la ANPYN volvió a impedir este martes, por tercera vez, el ingreso de equipos técnicos del Ministerio de Producción y Ambiente que pretendían realizar inspecciones vinculadas con la certificación ambiental, los residuos peligrosos provenientes de buques y la fiscalización de recursos hídricos. La Provincia sostiene que se trata de facultades propias que venía ejerciendo regularmente antes de la intervención.
Ríos advirtió que la intervención está produciendo decisiones y normativa que, desde su perspectiva, colisionan con el conjunto de garantías constitucionales que protegen la autonomía provincial. Cada nueva atribución asumida por la ANPYN, sostuvo en su análisis, profundiza un proceso en el cual una medida inicialmente presentada como excepcional termina extendiendo sus efectos sobre competencias naturales del Estado fueguino.
Por eso, para la exgobernadora el problema central ya no pasa solamente por determinar cuándo finalizará la intervención. La cuestión de fondo es hasta dónde puede avanzar el Estado nacional sobre facultades provinciales sin encontrar límites efectivos en la Justicia, la Legislatura y el resto de las instituciones encargadas de garantizar el funcionamiento del sistema federal.
Su definición final sintetizó la gravedad que le asigna al conflicto. Ríos describió el escenario fueguino como una disyuntiva entre autoritarismo y federalismo y sostuvo que actualmente “se sigue pisoteando a la Constitución”.
Desde esa perspectiva, el Puerto de Ushuaia se convirtió para la exgobernadora en algo mucho más profundo que una disputa administrativa: es una discusión sobre los límites del poder federal y sobre la capacidad de Tierra del Fuego para defender efectivamente su autonomía.
