os equipos ambientales provinciales intentaron ingresar en tres oportunidades al Puerto de Ushuaia para realizar controles que hasta la intervención nacional formaban parte de sus tareas habituales. Las inspecciones buscaban verificar el manejo de residuos peligrosos y el cumplimiento de la normativa vinculada con los recursos hídricos, pero el acceso fue rechazado por la autoridad nacional que administra actualmente la terminal.
La presidenta de la Asociación Civil Mane’kenk, Nancy Fernández, consideró que el Gobierno provincial debe avanzar más allá de los reclamos administrativos. “La Provincia tiene que accionar. Incluso me animo a pensar que debería, si es necesario, recurrir a la fuerza pública, como ante cualquier impedimento de implementación de cualquier norma”, sostuvo. Y remarcó que el conflicto “es una cuestión de Estado” que no puede quedar reducido a los trabajadores o funcionarios que intentaron concretar las inspecciones.
Tres intentos de control frustrados
Nancy Fernández explicó que la organización tomó conocimiento del problema a través del Consejo Provincial de Medio Ambiente. A partir de allí pidió información adicional y presentó ante Nación, mediante el sistema de Trámites a Distancia y en el marco del acceso a la información pública ambiental, un requerimiento sobre las obras anunciadas para el puerto y los mecanismos previstos para su fiscalización.
El pedido comenzó en julio. Según relató, luego de solicitar una prórroga, Nación respondió que las tareas proyectadas no estarían alcanzadas por exigencias ambientales porque serían trabajos de mantenimiento sobre estructuras existentes. “Consideran que no corresponden los instrumentos ambientales y que no requieren ningún tipo de intervención de autoridad ambiental”, resumió Fernández.
La referente cuestionó especialmente que la contestación no precisara qué normativa sustentaba esa interpretación. “En definitiva, lo que dice es que no dice nada, porque no da ninguna normativa, ni siquiera se respaldan en las normas nacionales”, afirmó. Para Mane’kenk, aun cuando se pretendiera excluir la legislación provincial, deberían explicarse al menos las reglas nacionales aplicables a una obra dentro de un ámbito administrado por Nación.
La respuesta también señala, según Fernández, que la empresa contratista deberá hacerse cargo de los residuos generados. Allí la ambientalista marcó otra contradicción: si se producen residuos peligrosos debe intervenir la Provincia y, si se trata de residuos industriales o de obra, existen además competencias municipales. “Hablan de que estos materiales estarían en zonas autorizadas, sin definir cuáles serían esas zonas”, advirtió.
Las dudas sobre el encuadre ambiental
El cuestionamiento crece por la magnitud de los trabajos previstos. Fernández señaló que, de acuerdo con la información a la que accedió Mane’kenk, la empresa contratada es Concrete Nord y la inversión supera los 2,5 millones de dólares. “Con 2,5 millones de dólares no es solamente arreglar un fierrito que se desoldó. Me parece que son obras de mucha mayor envergadura”, planteó.
Según describió, los trabajos pueden implicar movimiento de agua, intervención sobre suelo y generación de residuos. Por eso consideró que corresponde determinar qué evaluaciones, permisos y controles deben aplicarse antes y durante la ejecución. También recordó que la Ley provincial 55 establece herramientas de evaluación ambiental y que la Ley de Aguas reconoce competencias provinciales sobre los recursos hídricos.
Para Fernández, la falta de ingreso de los inspectores impide además reconstruir la trazabilidad de los residuos desde el desembarco hasta su tratamiento final. Ese seguimiento resulta particularmente relevante para los residuos peligrosos provenientes de buques, cuyo circuito requiere controles sucesivos antes de su disposición.
Amparo cautelar y fuerza pública
Mane’kenk evalúa realizar nuevas consultas sobre los puntos que considera no respondidos y no descarta acudir a la Justicia. Fernández sostuvo que también corresponde requerir precisiones a la autoridad ambiental nacional sobre el control de las obras y señaló que la Provincia debería analizar un amparo, una medida cautelar u otro mecanismo que permita ejercer sus atribuciones. “Desconozco cuáles son los mecanismos normativos y legales, si es ante la Justicia federal, si es ante la Justicia provincial o si tendrán que certificar con escribano público lo que ha sucedido. Entiendo que las áreas legales del Estado tienen que saber cómo actuar”, expresó.
La ambientalista amplió además el reclamo al Municipio de Ushuaia por las competencias locales en materia de residuos. “Creo que hasta la Municipalidad tendría que actuar, porque en temas de residuos es competencia municipal”, afirmó.
El planteo de Mane’kenk coloca así el conflicto en un nivel superior al desacuerdo administrativo sobre quién puede ingresar al puerto. Para Fernández, si una autoridad provincial tiene obligaciones legales de fiscalización y se le impide cumplirlas, el Estado debe utilizar las herramientas judiciales, administrativas y, en última instancia, de fuerza pública que correspondan para garantizar esos controles.
