a Justicia Federal de Río Grande ordenó a las empresas extranjeras demandadas por sus operaciones pesqueras en Malvinas abstenerse de realizar capturas sin habilitación argentina. La medida, dictada el 6 de noviembre por la jueza Mariel Borruto, comprende el mar territorial y la Zona Económica Exclusiva, incluidas las aguas correspondientes al archipiélago hasta las 200 millas, según informó la Fundación Agustina Lerena, impulsora de la causa.
La prohibición abarca las capturas, el procesamiento a bordo, los transbordos y las descargas, además del inicio de nuevas mareas, temporadas y la incorporación de embarcaciones. Alcanza tanto las operaciones directas de las sociedades como las realizadas mediante buques propios, fletados o bajo su gestión.
De acuerdo a la información publicada por el portal Pescare, entre las compañías comprendidas figuran Armadora Nores, Armadora Pereira, Chymar/Grupo Touza, Copemar, Lafonia Sea Foods/Frigoríficos del Morrazo, Marfrío, Pescapuerta, Pesmar, Pesquera Moradiña, Pesquera Vaqueiro, Rampesca y WOFCO. También están alcanzadas siete estructuras empresariales que vinculan capitales españoles con operadores de las islas.
Las demandadas deberán presentar, dentro de los diez días judiciales posteriores a su notificación, declaraciones juradas con documentación sobre embarcaciones, licencias, capturas, destinos comerciales, contratos y participaciones societarias. Además, tendrán que preservar los registros técnicos, comerciales y pesqueros vinculados con las operaciones investigadas.
La demanda que originó la resolución fue presentada el 9 de octubre por la Fundación Agustina Lerena, presidida por César Augusto Lerena, con el patrocinio del abogado constitucionalista Eduardo Salvador Barcesat. La entidad informó que su investigación demandó dos años y que la presentación inicial comprendía alrededor de ochenta personas físicas y jurídicas.
El reclamo persigue la recomposición del ambiente marino y el resarcimiento de los daños que la fundación atribuye a la extracción de 4.101.131 toneladas de productos pesqueros entre 1989 y 2025. Para calcular ese volumen, la parte actora utilizó estadísticas publicadas por la administración británica de las islas.
La valuación económica oscila entre USD 12.351 millones, a valores FOB, y USD 26.465 millones, a precios mayoristas. Son estimaciones alternativas de las mismas capturas, sujetas a prueba y determinación judicial. La presentación también reclama actualizaciones y otros conceptos vinculados con derechos de captura, tributos y obligaciones que, según la entidad, habrían correspondido a una explotación autorizada.
El planteo ambiental sostiene que la explotación alrededor de Malvinas afecta poblaciones y recursos compartidos con otros sectores del Atlántico Sudoccidental. Según la fundación, los informes del INIDEP aportados a la causa respaldan la necesidad de evaluar esos efectos sobre especies como los calamares illex y loligo y las merluzas común y de cola.
Uno de los aspectos centrales del expediente es la situación de las empresas argentinas. En la nómina pública de su presentación, Lerena identificó a Bricel, Estrella Patagónica y Conarpesa como firmas que tendrían vínculos con operadores pesqueros de Malvinas. También mencionó, por su presunta integración en la Asociación de Empresas Comunitarias en Sociedades Mixtas de Pesca —ACEMIX—, a Iberconsa de Argentina, Pesquera Santa Cruz, Pesquera Deseado, El Marisco, Pesquera Ceres, Pesantar/Newsan-Profand, Ulises Castagnaro y Vieira Argentina. Esas vinculaciones constituyen señalamientos de la parte demandante cuya naturaleza y alcance deberán probarse.
Para las firmas nacionales, el juzgado desestimó por ahora las cautelares solicitadas y requirió a las autoridades pesqueras información sobre permisos, cuotas, declaraciones juradas y actuaciones administrativas. Por lo tanto, la resolución difundida no dispone la caducidad de sus habilitaciones ni las incluye en la prohibición dirigida a las compañías extranjeras.
La eventual consecuencia sobre sus permisos depende de la comprobación de las relaciones prohibidas por el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca. Esa disposición exige declarar la ausencia de determinados vínculos jurídicos, económicos o de beneficio con propietarios o armadores que pesquen en aguas bajo jurisdicción argentina sin permiso nacional. El artículo 28 establece que, si se acredita el incumplimiento, caducan automáticamente los permisos, cuotas o autorizaciones correspondientes.
La cautelar es provisional y seguirá vigente hasta que las empresas obtengan autorización argentina o exista una nueva decisión judicial. Su dictado no equivale a una sentencia sobre las responsabilidades ni acredita una paralización efectiva de la flota, cuya ejecución depende de las notificaciones y los mecanismos jurídicos aplicables.
