ste día, la empresa china Tierra del Fuego Energía y Química S.A. hace una presentación de su proyecto en la Gobernación, con la presencia de una comitiva de funcionarios chinos y miembros del gabinete de la gobernadora Fabiana Ríos.
En el evento se dieron a conocer detalles del emprendimiento, que preveía la construcción de una planta procesadora de urea y un puerto, una producción de 800 mil toneladas anuales del producto, unos mil millones de dólares de inversión y la generación de setecientos puestos de trabajo.
En marzo de 2008, el gobierno provincial había recibido la primera visita oficial de representantes de la provincia de Shaanxi, que concluyeron en la firma de convenios de cooperación comercial y cultural.
Luego, el ministro de Economía Roberto Crocianelli y el subsecretario de Hidrocarburos Eduardo D´andrea viajaron a China para firmar un acuerdo de cooperación, lo que dio origen a una causa judicial por presuntas dádivas, luego desestimada.
La idea original de vender parte del gas extraído en la isla, para duplicar el valor de las regalías que cobraba la provincia de parte del Estado Nacional, parecía una propuesta razonable.
Además, la empresa se comprometía a construir una planta de fabricación de metanol o de urea, con la consecuente generación de actividad económica y puestos de trabajo.
El “Memorándum de entendimiento” firmado se complementó con la sanción de la Ley 774, que exceptuó al Estado del cumplimiento de la ley de contabilidad para evitar una licitación pública y contratar directamente con los chinos.
La ley fue declarada inconstitucional por el Superior Tribunal de Justicia y el gobierno debió llamar a una licitación pública internacional donde sólo se presentó como oferente TDFEyQ.
Los cuestionamientos pasaron por el precio del gas y las reservas disponibles para continuar la operatoria durante 25 años, entre otros. También se sumaron sospechas y desprolijidades en la contratación de la empresa, el tratamiento legislativo del emprendimiento, las observaciones de los organismos de control, las denuncias judiciales originadas y la imposibilidad de la compañía de ingresar al país insumos para la construcción de la planta por deficiencias en la documentación aduanera.
El proyecto generó encendidos debates durante varios años, para concluir en un rotundo fracaso después de haber consumido tantas energías.
