l juez penal de Ushuaia, Javier De Gamas Soler, resolvió en las últimas jornadas unificar varias causas que vinculan a dirigentes gremiales con la presunta agresión a funcionarios públicos, incluido el ataque al vicegobernador Juan Carlos Arcando a la salida de un acto público, el pasado lunes 2 de mayo.
Con ello, se demorará la resolución de la situación procesal de los cinco sindicalistas imputados en el incidente con Arcando, que fueron detenidos poco después del hecho y liberados tras negarse a prestar declaración indagatoria.
En principio, el juez tenía diez días hábiles para resolver la situación procesal, pero al acumularse el expediente con otras causas, primero se tomarán nuevas declaraciones indagatorias (a otros imputados) y una vez concluida la última recién comenzará a correr el plazo para definir la situación de cada uno.
Fuentes judiciales dijeron a este medio que la unificación fue resuelta porque si bien se trata de episodios diferentes, en varios de ellos los acusados son los mismos.
El detalle de las causas acumuladas no trascendió, aunque se sabe que incluye el escrache que sufrió la gobernadora Rosana Bertone en su domicilio del barrio Los Fueguinos, donde dos de los imputados son los que después detuvieron por la agresión a Arcando.
Además, se investiga un hecho en el que está involucrado el secretario general del Sutef, Horacio Catena, acusado de pegarle una patada a un funcionarios del gobierno durante una reunión paritaria en 2015, y la agresión que también sufrió un funcionario del actual gobierno durante una manifestación relacionada con el conflicto estatal que todavía sigue sin resolverse.
“Como se repiten los imputados y las características de los sucesos investigados, el juez decidió unificar las causas. Por eso va a indagar a todos y después resolverá si los procesa, los sobresee o les dicta falta de mérito”, explicó la fuente consultada.
En el caso de Catena, y de uno de los gremialistas acusados de agredir a Arcando, ya cuentan con una condena anterior por el ataque y la toma de la Casa de Gobierno de mayo de 2013.
No obstante, esa sentencia no se encuentra firme y tiene pendiente un recurso de casación ante el Superior Tribunal de Justicia.
En el plano administrativo, tanto el líder del gremio docente como el resto de los condenados, fueron exonerados del Estado, si bien la medida no se cumple porque resta que el juez Laboral resuelva si hace lugar a los juicios de exclusión de tutela sindical presentados por el Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre.
El caso Arcando
Los sindicalistas que fueron detenidos por la agresión a Arcando son Horacio Gallegos del gremio municipal (Soem), Juan Manuel Stefoni y Alejandro Marcelo Gómez del gremio docente (Sutef) José Darío Gómez del gremio de empleados públicos (Afep) y Roberto Camacho de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
Alejandro Gómez fue el único que no fue encontrado por la policía provincial en su domicilio y se entregó por su propia voluntad, horas después, en tribunales.
Gómez, además, ya cuenta en su haber con una condena de un año y seis meses de prisión en suspenso por la toma de la casa de gobierno.
Arcando, que es querellante en la causa, fue interceptado por manifestantes en el momento en que se retiraba de la plaza Islas Malvinas, en el centro de Ushuaia, donde se llevó a cabo un acto en homenaje a las víctimas del Crucero General Belgrano hundido durante la guerra de Malvinas.
El incidente en el que tironearon del cuerpo y rasgaron la ropa del vicegobernador, quien además sufrió heridas leves en la pierna izquierda, dejó como saldo nueve policías con lesiones y un docente que recibió golpes y escoriaciones y debió ser atendido en el hospital de la ciudad.
El fiscal Fernando Ballester Bidau había justificado las detenciones en el hecho de que “los imputados pueden influir en testigos para que declaren en forma falsa o puedan destruir pruebas o falsificar elementos de prueba”, indicó.
Ballester Bidau afirmó que, durante el incidente, los manifestantes “intimidaron y forcejearon con el personal policial y con el propio Arcando”, mientras que después, un gremialista golpeó a dos policías, con ayuda de otro que se sumó al tumulto, mientras que un tercero cerró la puerta del móvil policial para que no pudiera irse el vicegobernador y le produjo daños al patrullero.
El fiscal acusó a los gremialistas de los presuntos delitos de “lesiones leves, daños agravados, atentado contra la autoridad agravado (por haber sido cometido por más de tres personas) y resistencia a la autoridad”.
En cambio los gremios descalificaron el accionar policial y judicial, y denunciaron una “caza de brujas” y una “violación de derechos humanos fundamentales”.
