ste día, una insólita manifestación irrumpe en las calles céntricas de Río Gallegos, cuando las mujeres del barrio conocido como “Las Casitas” se dirigen hacia las sedes de la Justicia Federal y la Gobernación, para exigir la reapertura de los prostíbulos y la anulación del fallo que ordenó su clausura.
Unas cincuenta mujeres “se congregaron en la intersección de calles Roca y San Martín y de allí se trasladaron al frente del Juzgado Federal donde se manifestaron ruidosamente en medio de bazucadas, antifaces y un colorido escenario” de la protesta (Agencia OPI, Santa Cruz).
Luego, “las manifestantes se trasladaron a Casa de Gobierno con el fin de interiorizar a las autoridades provinciales sobre la preocupación que las aqueja y allí una de las personas que se identificó como Viky, propietaria “de un boliche” manifestó: “a nosotros nos tratan como si no fuéramos personas, pero aquí le demostramos que existimos y que no solo nos van a ver cuando entren al boliche; es más, si siguen jodiendo y no nos dan bola vamos a empezar a nombrar a muchos que trabajan acá y que ahora se hacen los distraídos, pero bien que bastante seguido pasan por el barrio”.
La juez Federal de Río Gallegos Ana Álvarez había ordenado el cierre de los prostíbulos, a raíz de una denuncia sobre trata de personas, formulada por la organización La Alameda. Esta agrupación había difundido un video obtenido con cámara oculta como evidencia de “la corrupción que gira alrededor de los prostíbulos de esta ciudad, donde se incrimina a policías y a una parte del sector político”.
Gustavo Vera, titular de esa entidad, luego realizó una ampliación de la denuncia sobre “la red de proxenetismo que había en las casitas hasta su clausura”. También, afirmó que “en su momento denunciamos que el allanamiento a las casitas había sido filtrado desde Policía y Gendarmería y que esto permitió a los proxenetas sacar a más de ciento cincuenta mujeres antes del mismo y llevarse toda evidencia”.
Finalmente, en octubre de 2012, los prostíbulos pudieron reabrir sus puertas, gracias a un fallo de la Cámara Nacional de Casación. De esta manera, las dos manzanas que conforman el barrio de Río Gallegos, donde se concentran unos cuarenta locales dedicados a esta controvertida actividad, recobró su movimiento característico y las denuncias quedaron en el olvido.
