n el entendimiento de que el artículo 21 bis de la ley que creó el Instituto Fueguino de Turismo y fijó los lineamientos básicos del régimen turístico provincial, se contrapone con las prescripciones contenidas en el artículo 65 de la Constitución de la Provincia y recorta atribuciones que son propias del INFUETUR en su condición de organismo autárquico y descentralizado, el Poder Ejecutivo impulsa derogar la ley provincial 994, mediante la que la Legislatura incorporó el referido artículo a la ley 65.
De esta manera se pretende dejar sin efecto el régimen particular que en materia de concesiones de obras o servicios de infraestructura turística debe cumplir el INFUETUR desde 2014, y que estipula que “la decisión de concesionar servicios deberá ser determinada por Decreto del Po¬der Ejecutivo Provincial, dictado ad referéndum de la Legislatura Provincial, previo informe técnico positivo del Instituto Fueguino de Turismo”. El informe en cuestión deberá demostrar “las razones y conveniencia de optar por la administración y explotación del servicio en forma privada en comparación con la administración del mismo por personal del Instituto”; proponer “el esquema de fiscalización y control por parte del Instituto de la actividad de los concesionarios en la efectiva prestación de servicios, la ejecución de las inversiones comprometidas en infraestructura y/o mantenimiento y el cumplimiento de los precios y tarifas establecidos al efecto” y “la fijación del canon retributivo correspondiente y demás condiciones de explotación, acorde a la envergadura y renta del servicio concesionado”. La ley cuestionada contempla además que “bajo el principio de solidaridad y justicia social, deberán proponerse tarifas diferenciales para residentes de la Provincia en general, y, dentro de esa categoría, para sectores sociales y/o grupos etáreos alcanzados por políticas de promoción y asistencia por parte del Estado Provincial”; que la adjudicación se realice “por licitación pública”; que “deberá prever adjudicación a empresas privadas como a organizaciones civiles o personas jurídicas sin fines de lucro” y que en caso de “concesiones a empresas privadas, a igualdad de condiciones, se dará prioridad a las empresas locales, provinciales y nacionales, en ese orden”.
La norma que se pretende abrogar tuvo su origen en un proyecto que fuera presentado en junio de 2013 por los entonces legisladores del Frente para la Victoria Juan Carlos Arcando, actual Vicegobernador de la Provincia, y la reelecta Myriam Martínez.
Por aquél entonces, y ante la pretensión de la gestión Ríos de concesionar el Centro de Actividades del Glaciar Martial Arcando y Martínez sostenían que aún cuando no se oponían “ a la concesión de servicios turísticos como mecanismo de administración” creían que “antes de tomar decisiones de ese tipo resulta necesario evaluar profundamente algunas cuestiones, evaluación que debe ser realizada con profesionalismo y transparencia” y “ser evaluada por los representantes electos por el pueblo de la Provincia para el ejercicio del Gobierno”.
Los autores de la iniciativa señalan que como “algunas decisiones trascienden el ámbito puramente administrativo, y comprometen valores, creencias y principios que hacen a la propia concepción del Estado” y que por ello consideraban “de vital importancia que la eventual concesión sólo pueda ser propuesta adjuntando estudios económicos, financieros y de eficacia que demuestren las razones y conveniencia de optar por la administración y explotación del servicio en forma privada, en comparación con la administración propia del mismo por personal del Instituto Fueguino de Turismo”.
Por todo ello entendían que “la decisión de privatizar servicios o mantenerlos bajo la esfera de administración del propio estado provincial, no puede ser tomada por un funcionario designado sino por los representantes electos por el pueblo de la Provincia para ejercer el Gobierno de los poderes del estado y la defensa de los intereses públicos” y proponían que “ese tipo de decisiones sean institucionalizadas mediante decreto del Podre Ejecutivo, dictado a referéndum de la Legislatura.”
Ese proyecto llegó al recinto de sesiones el 3 de junio de 2014 y resultó aprobado con los votos de Arcando y Tapia (FPV); Andrade Tenorio,Lechman y Löffler (MPF); Blanco,Martínez Allende y Rodríguez (UCR); Barrientos y Siracusa (PJ); Liendo (PP) y Rojo (PPP), y la oposición de Del Corro y Marinello, por entonces representantes del oficialismo, en tanto que Myriam Martínez (FPV) no participó de esa sesión ordinaria.
El 1 de julio de ese año, El Poder Ejecutivo -por entonces a cargo de Fabiana Ríos- vetó totalmente ese proyecto argumentando que la propuesta implicaba una intromisión legislativa en facultades propias del Ejecutivo a la vez que resultaba incompatible con preceptos constitucionales y de la propia ley de creación del INFUETUR, la que veda al Instituto la posibilidad de comercializar “servicios que le son propios a los prestadores de actividades o servicios turísticos.”
A pesar de los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo, en la sesión del 21 de agosto de 2014 la Legislatura insistió en la sanción de la ley.
En julio de 2015 el Ejecutivo volvió a la carga contra la ley. En esa oportunidad propuso, sin suerte, modificar la ley de creación del INFUETUR para habilitar la posibilidad de que el Instituto pudiera intervenir directamente en la comercialización de servicios turísticos “donde prime el fin social por sobre el turístico, declarado así por acto administrativo”.
Ahora, y cuando desde el INFUETUR se pretende avanzar en el llamado a licitación para concesionar el Centro de Montaña Glaciar Martial, el actual Poder Ejecutivo intenta -con argumentos similares a los sostenidos en 2014- nuevamente lograr que la ley 994 quede sin efecto.
Es de tener en cuenta que 4 de los legisladores que respaldaron la cuestionada ley siguen hoy ejerciendo ese cargo; los radicales Blanco y Martínez Allende; el mopofista Löffler y la frentista Martínez, en tanto que el restante, Arcando, ejerce -en su carácter de Vicegobernador- la Presidencia del Parlamento.
