os proyectos abordados “fuera de programa” terminaron siendo los de mayor trascendencia que abordó ayer la Legislatura, ya que el bloque oficialista presentó para su tratamiento sobre tablas, y logró la aprobación por mayoría, de la ley que declaró por 1 año la emergencia en el sector eléctrico de Ushuaia; la que estableció un nuevo régimen de regularización de deudas tributarias que regirán entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre; la modificación de la ley de Ministerios a fin de dar rango de Secretaría de Estado a la Secretaría de Seguridad y la actualización de entre un 400 y hasta un 1.000% en los valores de las tasas que cobra la Inspección General de Justicia por los servicios a su cargo, que se mantenían sin cambios desde 1999.
La mayoría de esas iniciativas del Poder Ejecutivo resultaron convalidadas con los votos de los legisladores del oficialismo y de las UCR, ya que el bloque del MPF se opuso argumentando que los proyectos no habían podido ser analizados previamente. “El Gobierno está convirtiendo a la Legislatura en una Escribanía”, fue la queja que deslizó la mopofista Mónica Urquiza una vez finalizada la segunda ordinaria del año. En términos muy similares se había manifestado su par de bancada, Damián Löffler, luego de que el bloque del FPV con sus 8 votos resolviera el pase archivo del proyecto de reforma previsional que había sido presentado por la Unión de Gremios.
Como ya es habitual la sesión de ayer se realizó bajó un estricto operativo de seguridad que se tornó innecesario por la total ausencia de manifestantes.
Devolución de gentilezas
Casi como si se tratara de un “deja vu” de lo ocurrido en agosto del año pasado, por mayoría la Legislatura volvió a mandar a archivo sin ningún tipo análisis un proyecto referido al sistema jubilatorio de los estatales fueguinos. En esta oportunidad fue el bloque del FPV el que gracias a su mayoría propio resolvió que ese fuera el destino de la propuesta de reforma previsional que había sido presentada por la Unión de Gremios. De esa manera fracasó la pretensión del bloque del MPF de que la iniciativa sindical fuera girada a comisión. La UCR optó por al camino intermedio, se opuso tanto al pase a archivo como el giro a comisión, ya que sostuvo que el asunto debía ser tenido como una comunicación a bloques, tal lo dispuesto en labor parlamentaria.
Hace unos 10 meses atrás habían sido los legisladores del MPF, UCR los que habían alzado sus manos para que el proyecto de reforma previsional presentado por el FPV fuera, tal lo reclamado por los gremios estatales, remitido sin mas trámite a archivo. En aquél entonces, esa postura había recibido una fuerte crítica por parte de los máximos referentes del Frente para la Victoria, que acusaron que de esa manera se violentada el derecho que tiene todo legislador a presentar proyectos y que estos sean debidamente analizados en comisión. Ayer, una critica de similar tenor se escuchó de parte del bloque del MPF, que denunció que con ese tipo de actitudes el oficialismo pretende convertir al Parlamento en una Escribanía del Ejecutivo.
Contratación directa por 93 millones de pesos
Atendiendo a la crítica situación que vive el parque de generación eléctrica por los problemas de funcionamiento que presenta la turbina que abastece a la capital fueguina, se aprobó a petición del Ejecutivo la “emergencia del sector eléctrico para la ciudad de Ushuaia”, que habilita a la Dirección Provincial de Energía a “contratar en forma directa los bienes, servicios y obras necesarias para el abastecimiento, mantenimiento, reparación, actualización, equipamiento que asegure a la población de Ushuaia la eficiencia y calidad en el servicio eléctrico” mientras dure la emergencia. Justamente para afrontar los gastos derivados del mantenimiento de la turbina y su reemplazo por otros equipos de generación mientras se realicen eso trabajos, la Legislatura aprobó en la anterior sesión una ampliación del presupuesto de la DPE por 93 millones de pesos. La propuesta original mereció objeciones tanto del bloque del MPF como del de la UCR. Los mopofistas, si bien dejaron en claro que votarían en contra, señalaron que resultaba necesario establecer un plazo temporal preciso de duración de la emergencia, ya que el Ejecutivo postulaba que esa declaración durara hasta tanto estuvieran finalizadas las obras o tareas de mantenimiento que garantizarán la normal prestación del servicio. Postura esta que fue compartida por la UCR. Para compatibilizar postura, el oficialismo aceptó que la emergencia se dictara por 1 año con la posibilidad de ser prorrogada por igual período y que se cree una comisión de seguimiento legislativo integrada por 1 representante de cada bancada.
También con la oposición del MPF se aprobó un régimen de regularización de deudas tributarias que regirá entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre. Como en el caso anterior, los legisladores del Movimiento se opusieron porque dijeron que desconocían el contenido del proyecto. “Ni siquiera nos entregaron copia” aseguraron.
Otro tanto ocurrió con la modificación a ley impositiva que actualizó los valores de las tasas que cobra la Inspección General de Justicia por los servicios que presta.
Cambia, todo cambia
La derogación de la ley que había establecido que el INFUETUR debiera cumplir con un régimen particular para las concesiones de obras y servicios turísticos, que obligaba a justificar la conveniencia de la tercerización y a contar con el aval del Parlamento volvió a dividir aguas entre los legisladores. Mientras desde el bloque oficialista se sostenía la necesidad de la derogación argumentando que esa ley sancionada en 2014, a instancias del bloque del FPV -por entonces oposición de la gestión Ríos- se contraponía a preceptos constitucionales y a la ley de creación del INFUETUR. Por su parte, el radical Pablo Blanco -unos de los legisladores que había aprobado e insistido la sanción de aquella ley- reconoció que había sido un error avanzar en una legislación de ese tipo. Recordó que la vigencia de esa norma derivó en que la Legislatura hubiera tenido durante un año la propuesta de concesión de la Hostería Petrel sin resolver nada al respecto. “Lo único que trajo fue atraso”, afirmó.
La mopofista Urquiza defendió la negativa de su bloque a acompañar la derogación. Señaló que “no entendemos porque hay derogar una ley que no ha sido aplicada” ni tampoco porque “cuando el Gobierno Provincial era de otro color político había que sancionarla y ahora derogarla”.
Sin receso
La próxima sesión ordinaria fue dispuesta para el jueves 18 de agosto. Es de tener en cuenta que, tal vez para recuperar el tiempo perdido, este año la Legislatura no tendrá receso de invierno.
