a Justicia ya tiene individualizados 600 juicios ejecutivos iniciados por la financiera Credisur a sus clientes, lo que amplía las sospechas de fraude y usura contra la compañía vinculada a los abogados del Sutef Juan Francisco y Néstor Ignacio Sánchez Otharán.
La empresa que prestó $132,54 millones de pesos en dos años, a 3840 personas de Tierra del Fuego, está acusada de ejecutar judicialmente pagarés en blanco por sumas hasta cinco veces superiores a las adeudadas, y de cobrar intereses anuales de entre el 95% y el 1400%, según el criterio que se adopte para calcularlos.
Es por eso que el juez Javier De Gamas Soler les imputó los delitos de defraudación por abuso de firma en blanco y usura a los responsables de la financiera y a algunos abogados que intervinieron en las demandas.
El caso comenzó a investigarse a partir de las denuncias presentadas por dos mujeres que plantearon situaciones similares. Una gestionó un crédito de $15 mil y la otra uno de $20 mil. En ambos casos firmaron un pagaré en blanco que después la empresa llenó por $78 mil en un caso, y por $74 mil en el otro.
Tras la difusión pública de la causa, aparecieron más denuncias. Algunas están siendo tramitadas por el estudio jurídico del abogado Jorge Pintos. Según fuentes judiciales, a la fiscalía a cargo del fiscal Daniel Curtale llegaron al menos cuatro nuevos casos, todos con situaciones parecidas a las que dieron origen a la investigación.
Pero De Gamas Soler también amplió el rastreo a las demandas civiles tramitadas por Credisur, tanto en los juzgados de Ushuaia como en los de Río Grande.
Así llegó a los 600 expedientes que la financiera inició por juicios ejecutivos, contra clientes que supuestamente no pagaron sus créditos y habían firmado los pagarés en blanco.
El número es sorprendente, porque implica que la compañía ejecutó casi al 16% de las personas a las que primero asistió con un préstamo.
Sin embargo, los investigadores todavía no constataron que en todos esos casos se haya utilizado la misma modalidad, es decir, ejecución de documentos con valores superiores a la suma prestada.
Es por ello que la Justicia analizará en las próximas semanas una metodología para tomarme declaración a cada uno de los involucrados, quienes podrían ser llamados por la autoridad policial.
Mientras tanto, la estrategia de Credisur consistiría en llegar a acuerdos económicos con la mayor cantidad posible de damnificados, de manera de evitar que las denuncias se amplíen y se siga complicando la situación judicial de los imputados.
Otro aspecto en el que podrían avanzar los investigadores es el origen de los fondos con que la financiera llevó a cabo sus actividades. El hecho de que una sociedad con 100 mil pesos de capital inicial haya podido prestar $132 millones en dos años puso en alerta a los responsables de la investigación.
En ese sentido, el juez ya remitió oficios al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y también podría hacerlo en breve a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) para que en ese ámbito se analicen los movimientos económicos de la sociedad durante su tiempo de funcionamiento.
De Gamas Soler ya ordenó las declaraciones indagatorias de siete personas, entre ellas los hermanos Sánchez Otharán que deberán presentarse el 10 de agosto. Los restantes involucrados son Hugo Horacio Ilarregui, Gloria Raquel Davicio, Rosana González, Verónica Vanesa Criado y Vanesa Casas. Algunos imputados ya adelantaron sus declaraciones. Por ejemplo Casas fue indagada y dijo que en su carácter de abogada solo se limitó a ejecutar los pagarés (en juicios ejecutivos) sin haber tomado conocimiento del origen de la deuda.
No es la misma situación que Ilarregui y Francisco Sánchez Otharán, que figuran como socios de Lian Group SRL, la sociedad bajo la que funciona Credisur en sus sedes de la calle Mackinlay 745 de Río Grande, y Gobernador Paz 224 de Ushuaia.
Credisur no solo está vinculada al Sutef porque los abogados del sindicato (al menos uno de ellos) figura como socio de la empresa, sino porque el sindicato firmó en 2014 un convenio con la financiera, para asistir con créditos a los afiliados de la entidad gremial.
El Sutef nunca explicó, hasta el momento, si los docentes que fueron a gestionar préstamos, sabían que Credisur pertenecía a los abogados del gremio.
