l juez penal de Ushuaia Javier de Gamas Soler ordenó la postergación de la declaración indagatoria del presidente de la empresa Glisud SA, Enrique Pinto, en la causa donde se investiga a directivos de la firma que operó durante el manfredottismo y al ex vicegobernador Daniel Gallo por presunto lavado de activos, confirmaron fuentes judiciales.
Pinto iba a declarar ayer, de acuerdo a un cronograma establecido en junio de este año, pero sus abogados requirieron el aplazamiento de la fecha y el juez se lo concedió.
En el caso del empresario, influye que el mes próximo será juzgado en juicio oral y público en la causa principal de Glisud, donde se investiga la presunta compra fraudulenta de créditos del Fondo Residual del Banco de Tierra del Fuego.
Por este motivo, el magistrado dispondría el diferimiento de la indagatoria para después de las audiencias de ese proceso, cuyo inicio está previsto para el 21 de septiembre.
Asimismo, Gallo estaba citado para hoy, aunque todavía no se sabía si su abogado iba a presentar un pedido similar a los fines de postergar también su primer acto de defensa en la causa.
El dato que trascendió ayer en tribunales es que el defensor del ex vicegobernador provincial será el ex camarista Luis Felipe Ricca, famoso en Tierra del Fuego porque renunció al cargo una vez que se conocieron sus antecedentes relacionados con la mafia brasileña.
A su vez, para mañana estaba citado el ciudadano uruguayo Néstor Gustavo Cardozo García, a quien se le adjudica ser un “fabricante” de empresas en Uruguay, Argentina y Panamá, entre otros países, y que está vinculado con un supuesto préstamo de 140 mil dólares a Glisud, a través de la firma uruguaya Crider Trading SA.
Por su parte, la ex apoderada de Glisud, Graciela D`adamo, está citada para el viernes a las 10.30 de la mañana.
Glisud es una sociedad fundada por dos ancianas indigentes y cuya sede era un prostíbulo de Buenos Aires que se conformó para apropiarse de los créditos y de las propiedades que administraba el Fondo Residual del BTF, con la presunta complicidad de las autoridades de la época, según demostró la Justicia provincial en la causa Nº16787.
El ex titular del Fondo Residual, Gustavo García Casanovas, el ex secretario del organismo, Néstor Sierra, y los integrantes de la empresa: Pinto, D´adamo y Francisco Grondona fueron procesados en doble instancia por la operatoria en que Glisud se quedó con tres créditos con garantía hipotecaria, a través de un concurso público llevado a cabo el 30 de diciembre de 2002.
La Justicia demostró que la compañía pagó por la cesión de los derechos sobre esos préstamos, con 1,4 millones de bonos defaulteados tomados a valor nominal, desechando otra oferta en efectivo y “perjudicando así al Estado provincial”, según puede leerse en la acusación fiscal.
Además, el concurso estuvo repleto de irregularidades: no se fijó una base, no se le notificó a los dueños de las propiedades y Glisud no realizó el depósito de garantía del 10 % de la oferta, acusaron los fiscales.
También se comprobó que la oferta presentada por D´adamo era falsa, tanto en su firma como en el número de su documento, por lo que de allí se desprendió que había sido confeccionada en las oficinas del Fondo Residual.
El juicio oral y público por esta causa será en septiembre de este año después de una serie de dilaciones por controversias procesales.
Pero los investigadores también avanzaron sobre el origen de los fondos utilizados por Glisud para comprar los créditos subvaluados del banco fueguino.
La compañía presidida por Pinto adquirió títulos públicos depositando $298.700 pesos de la época en una cuenta corriente del Banco de Tierra del Fuego, a través de un procedimiento sospechoso.
Pinto argumentó haber obtenido los fondos de un préstamo de la empresa Crider Trading SA, representada por Cardozo García, aunque al momento de la operatoria, el propio Pinto era también representante de la misma compañía y por lo tanto se habría prestado el dinero (140 mil dólares) a sí mismo.
La Justicia sospecha que en ese “acuerdo de mutuo” entre Glisud y Crider Trading, las firmas son falsas, porque además el documento secuestrado en Uruguay, durante un allanamiento, carece de datos elementales como el lugar y la fecha de celebración.
Es por eso que los investigadores consideran que el dinero para las operatorias de Glisud en Tierra del Fuego no habría venido de Uruguay, sino de “hechos de corrupción cometidos en esa época en el Estado provincial”, según puede leerse en el expediente.
En ese sentido, la Justicia tiene por probado que Pinto, presidente de Glisud, fue empleado del ex vicegobernador Gallo en la legislatura provincial en el momento en que se cometieron los presuntos ilícitos, y también fue su asesor durante cuatro años cuando Gallo fue diputado nacional, entre 2004 y 2007.
Por su parte D´adamo, ex apoderada de Glisud, fue contratada de Gallo en la legislatura y luego en el Consejo Federal de Inversiones (CFI).
“El estrecho vínculo entre estas personas con Gallo también surge de los contactos telefónicos que entre ellos se ha detectado en otro proceso judicial”, afirmaron los fiscales.
En la misma causa también está imputado el ex gobernador de Tierra del Fuego, Carlos Manfredotti, quien a través de una intermediación entre Glisud y un empleado suyo, Jorge Abalo, pretendió quedarse con una de las propiedades del fondo residual del banco fueguino, aunque el juez De Gamas Soler aun no lo llamó a declaración indagatoria.
Por su parte Gallo, que actualmente es empleado de la Dirección General de Aduanas, figura en la investigación de los “Panamá Papers” como dueño la empresa offshore “United Red Dragons Limited”, con sede en Taiwán y creada en jurisdicción de las “Islas Vírgenes Británicas”.
La compañía fijó domicilio en Taipei, la capital de la isla de Taiwan, y aparece “activa” desde mayo de 2015, según puede corroborarse en el listado publicado por el consorcio internacional de periodistas.
