na decena de gendarmes y guardaparques declararon ayer como testigos en el juicio oral y público que se lleva a cabo en Ushuaia contra tres personas acusadas de participar de una tala clandestina de 200 árboles pertenecientes al Parque Nacional Tierra del Fuego, durante un hecho ocurrido en 2005.
La particularidad de los testimonios es que todos fueron prestados por el sistema de videoconferencia, ya que se trata de integrantes de Gendarmería Nacional y de la Administración Nacional de Parques Nacionales (APN) que ya no se desempeñan en jurisdicción fueguina.
“Fue un trabajo difícil de coordinar con la justicia de diferentes provincias pero nos permitió ahorrar recursos del Estado, al evitarse el traslado y el alojamiento de estas personas en la provincia”, explicó Cristian Vergara Vago, secretario del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Ushuaia, que lleva adelante el proceso judicial.
El juicio comenzó el lunes con el tratamiento de siete cuestiones preliminares planteadas por la defensa oficial y particular de los acusados, a quienes se les adjudica haber participado de la tala mientras trabajaban para una empresa que abrió una senda lindante al área natural protegida.
El camino debía comunicar la Ruta Nacional Nº3 con la costa del Canal Beagle, donde iba a ser emplazado un emprendimiento turístico que luego no se llevó a cabo, pero en el medio terminó introduciéndose dentro de los límites del parque nacional.
El tribunal presidido por la jueza Ana María D´alessio rechazó las presentaciones de las defensas que plantearon desde pedidos de nulidad, hasta recusaciones, prescripciones y objeciones a la labor de la parte querellante, representada por abogados de la APN.
Los tres acusados, que son el responsable profesional y técnico de la obra, Ricardo Bianciotto, el agrimensor Horacio Burgos y el maestro mayor de obras Orlando Rubén Mansilla Ruiz, prestaron luego declaración indagatoria.
Bianciotti y Burgos lo hicieron hasta la noche del lunes, mientras que mansilla Ruiz declaró ayer, antes de que comenzara la ronda de testimonios.
A los imputados les adjudican el presunto delito de “daño agravado en concurso ideal con tentativa de usurpación”, que posee penas de hasta 4 años de prisión.
Además de las declaraciones por videoconferencia, los jueces tomaron ayer a la tarde la declaración de otros cuatro testigos de manera presencial, porque se trata de empleados o funcionarios de la municipalidad que intervinieron en la autorización de la obra.
Fuentes judiciales anticiparon que las audiencias continuarán hoy miércoles y el jueves con más testigos, mientras que el viernes podría realizarse la etapa de alegato de las partes, previa al veredicto.
La investigación judicial lleva 11 años de sustanciación porque, entre otras controversias, el mismo tribunal que ahora realiza el juicio, les había concedido la probation (suspensión del juicio a prueba) a los tres involucrados, lo que impidió la realización del proceso oral en abril de 2015.
Sin embargo, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal revocó ese fallo a fines del mismo año, a través de una sentencia dictada por los jueces Mariano Hernán Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos.
La apelación había sido presentada por abogados de la APN, quienes sostuvieron que la propia Cámara Federal ya había tratado la desestimación de las probation en una instancia anterior y que, sin embargo, los jueces fueguinos habían vuelto a concederlas.
El caso comenzó a ventilarse luego de que la empresa Patagonia Spirit comenzó a abrir una senda de 2202 metros de longitud bordeando el ingreso al Parque Nacional Tierra del Fuego, y según los guarparques, ingresó en tres oportunidades al área protegida, invadiéndola en un total de 379 metros.
Las autoridades descubrieron, además, la rotura de alambrados y de mojones instalados para delimitar los puntos extremos del área protegida.
Pericias posteriores agregadas al expediente determinaron que la tala clandestina alcanzó a un número de entre 216 y 255 árboles de diferentes diámetros, afectándose 216 metros cúbicos de madera, 121 de lenga y 95 de guindo.
La investigación terminó focalizándose en los tres enjuiciados, porque el propietario de Patagonia Spirit, Juan José Drago, fue finalmente sobreseído.
La APN reclama desde el año pasado una “sanción ejemplificadora” para los involucrados, a quienes consideran responsables de “la destrucción de parte de un bosque nativo”.
