La causa judicial ingresa en etapa de definiciones

Fijaron fecha de alegatos en el juicio por la tala ilegal de 200 árboles dentro del Parque Nacional

Será el próximo lunes 5 de septiembre. Alegará el fiscal general Adrián García Lois, las defensa de los tres imputados y la parte querellante representada por abogados de la Administración de Parques Nacionales (APN). Investigan un hecho ocurrido en 2005, mientras abrían una senda lindante al área natural protegida. Los acusados y la empresa que los contrató sostienen que la tala no fue dentro de los límites del Parque.
30/08/2016
E

l juicio oral y público que se lleva a cabo en Ushuaia por la presunta tala ilegal de 200 árboles en el interior del Parque Nacional de Tierra del Fuego ingresará en la etapa de alegatos de las partes el próximo lunes 5 de septiembre, confirmaron ayer fuentes judiciales.
El caso ocurrido en 2005 y que involucra a tres personas contratadas por una empresa turística para la apertura de una senda, entrará en zona de definición judicial cuando el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la provincia comience a escuchar los pedidos de la fiscalía, la defensa de los imputados y la parte querellante representada por abogados de la Administración de Parques Nacionales (APN).
Los jueces pasaron a un cuarto intermedio la semana pasada, luego de finalizada la ronda de declaraciones testimoniales y la incorporación de las pruebas documentales.
Entre los testigos declararon una decena de gendarmes y guardaparques, con la particularidad de que todos los hicieron a través del sistema de videoconferencia ya que no residen más en jurisdicción fueguina.
El juicio había comenzado con el tratamiento de siete cuestiones preliminares planteadas por la defensa, entre ellas solicitudes de nulidad, prescripción y recusaciones que fueron rechazadas por el tribunal.
La fiscalía ejercida por el fiscal general Adrián García Lois acusa a los imputados del presunto delito de “daño agravado en concurso ideal con tentativa de usurpación”, que posee penas de hasta 4 años de prisión.
Según esa acusación, la empresa  Patagonia Spirit comenzó a abrir una senda de 2202 metros de longitud bordeando el ingreso al Parque Nacional desde la Ruta Nacional Nº3 hasta el Canal Beagle, y en ese trayecto ingresó en tres oportunidades al área protegida, invadiéndola en un total de 379 metros.
Las autoridades del parque denunciaron la rotura de alambrados y de mojones instalados para delimitar los puntos extremos del área protegida, mientras que pericias posteriores agregadas al expediente estimaron que la  tala clandestina alcanzó a un número de entre 216 y 255 árboles de diferentes diámetros, afectándose 216 metros cúbicos de madera, 121 de lenga y 95 de guindo.
Los tres acusados son el responsable profesional y técnico de la obra, Ricardo Bianciotto, el agrimensor Horacio Burgos y el maestro mayor de obras Orlando Rubén Mansilla Ruiz, ya que el propietario de Patagonia Spirit, Juan José Drago, fue finalmente sobreseído.
Por su parte, tanto los enjuiciados como la empresa sostienen que la tala se realizó fuera de los límites del Parque Nacional, y que los mojones que delimitan el área protegida se encuentran colocados en lugares equivocados, debido a una demarcación inexacta realizada por el topógrafo que la efectuó hace 50 años.
“Este error fue reconocido por Parques Nacionales en expedientes administrativos y diversos documentos de hace unos años; a igual conclusión arribó el Departamento de Topografía de la Municipalidad de Ushuaia, y diversas mensuras que se han realizado en expedientes judiciales, incluso en la inspección ocular que ordenó el mismo Tribunal Oral Federal”, aseveró la compañía en un comunicado.
También sostuvo que, por consiguiente, “el camino y la tala de árboles fue efectuado en un terreno privado y sobre el cual Parques Nacionales no tuvo, ni tiene, ni tendrá siquiera jurisdicción”.
La investigación judicial lleva 11 años de sustanciación porque, entre otras controversias, el mismo tribunal que ahora realiza el juicio, les había concedido la probation (suspensión del juicio a prueba) a los tres involucrados, lo que impidió la realización del proceso oral en abril de 2015.
Sin embargo, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal revocó ese fallo a fines del mismo año, luego de un recurso presentado por abogados de la APN, quienes sostuvieron que la propia Cámara Federal ya había tratado la desestimación de las probation en una instancia anterior y que, sin embargo, los jueces fueguinos habían vuelto a concederlas.
La APN reclama desde el año pasado una “sanción ejemplificadora” para los involucrados, a quienes consideran responsables de “la destrucción de parte de un bosque nativo”.

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