l Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego seleccionó ayer a cinco jueces de la provincia, tres de la ciudad de Río Grande, uno de Ushuaia y el juez Electoral provincial, a la vez que dejó una sexta designación en suspenso, todo en medio de un proceso que sufrió múltiples cuestionamientos por la falta de control de los antecedentes de los candidatos y por una sucesión de hechos llamativos.
Dos de los magistrados elegidos para desempeñar los cargos, uno como juez de Ejecución de Condenas y otro como juez de Instrucción, ambos de Río Grande, habían tenido causas penales abiertas y no las habían informado al organismo, cuyos integrantes manifestaron no conocerlas hasta el momento de la votación, mientras que en algunos de los concursos, las inscripciones fueron cerradas y luego reabiertas permitiendo que se anotaran los postulantes que luego fueron seleccionados, según se informó oficialmente.
Sin embargo, las autoridades del Consejo de la Magistratura salieron a respaldar la “legalidad y transparencia” del proceso que motivó críticas dentro y fuera del Poder Judicial fueguino.
Uno de los casos más cuestionados fue el del abogado Sergio Dieguez, actual director del Servicio Penitenciario provincial y elegido juez de Ejecución de Condenas de Río Grande.
Fuentes judiciales confirmaron que Dieguez, al momento de desarrollarse el concurso, tenía abierta una causa penal por presunta privación ilegítima de la libertad, que no informó a los consejeros que lo entrevistaron, con el argumento de que ya lo había hecho en un concurso distinto.
La causa llevaba diez meses de tramitación, pero tres días antes de la definición del concurso, Dieguez fue sobreseído a través de un fallo dictado por el juez penal de Río Grande, Eduardo López, que fue apelado de inmediato por el fiscal Mayor del distrito, Guillermo Quadrini.
Lo curioso es que el mismo López que sobreseyó a Dieguez, fue elegido también ayer como juez del Tribunal Oral en lo Criminal de Río Grande, mediante otro de los concursos que definió el consejo en la misma jornada.
Por su parte, el organismo primero seleccionó como nuevo juez penal de Río Grande al abogado de Buenos Aires Oscar Isidro Aguirre, quien también poseía como antecedente un caso judicial en el que había sido denunciado por el presunto delito de dádivas, y sobre el que no informó a las autoridades al momento de la inscripción, tal vez porque había sido sobreseído.
Aguirre era secretario del Juzgado Nacional en lo Criminal Nº7 en 2002, cuando fue acusado, junto al juez Federal Jorge Urso, de recibir dinero de parte de detenidos a cambio de concederles la libertad.
La causa tuvo 8 años de trámite hasta que concluyó con el sobreseimiento de todos los involucrados, aunque Aguirre no la mencionó al Consejo de la Magistratura fueguino y los consejeros tampoco indagaron en ese antecedente.
Sin embargo, la elección del letrado como juez penal fue cuestionada por el Fiscal de Estado y consejero Virgilio Martínez de Sucre, quien fue el único que votó en contra del postulante, aunque recién después de la votación, advirtió a sus pares sobre el antecedente judicial no conocido y pidió que se curse un oficio a los tribunales intervinientes para certificar la situación judicial del candidato ya seleccionado. En horas de la tarde, los consejeros resolvieron dejar en suspenso la selección de Aguirre hasta recibir la respuesta al oficio que se girará al juzgado porteño donde se tramitó la causa.
Si finalmente lo eligen, Aguirre reemplazará en el cargo al juez Héctor Ochoa, quien renunció al cargo en abril de 2015 tras salir a la luz que regenteaba un estudio jurídico en Buenos Aires mientras a su vez era juez en Tierra del Fuego.
Otras situaciones que llamaron la atención fueron la elección del nuevo juez Electoral de la provincia, Isidoro Aramburú, quien ocupará un cargo vacante desde 2011, y que ganó el concurso al que se anotó después de una llamativa reapertura del período de inscripciones, y el nombramiento del nuevo juez del Tribunal Oral en lo Criminal de Ushuaia, Rodolfo Bembihy Videla, un hombre que trabajó para el senador nacional Julio César Catalán Magni, cercano a la gobernadora Rosana Bertone.
Según la resolución 2014/15 de la presidencia del Senado, fechada el 2 de marzo de 2015, Bembihy Videla fue designado en la planta temporaria con destino en el despacho de Catalán Magni, desde el 1 de enero del año pasado.
No sabía, no sabía
El presidente del Consejo de la Magistratura y juez del Superior Tribunal de Justicia, Javier Muchnik, dijo ayer que “la obligación de los candidatos a jueces es informar, al momento de la inscripción, si fueron procesados o condenados en una causa penal, y si existe una causa abierta donde estén imputados”.
También confirmó que Aguirre “no informó si tenía un antecedente de este tipo”, mientras que sobre Dieguez sostuvo que “no sabían” sobre su reciente sobreseimiento.
“Son mecanismos institucionales. En la entrevista a Dieguez se le preguntó sobre la causa en trámite y allí dijo que lo había informado en la inscripción del concurso para el juzgado Electoral, porque cuando se había inscripto en el concurso donde fue elegido, no tenía ninguna causa abierta”, explicó el juez de la Corte fueguina.
Muchnik reconoció que los consejeros no indagan sobre los antecedentes personales de los candidatos, sino que reciben de ellos declaraciones juradas con la información que “tiene obligación de ser veraz”.
En la única designación que no sufrió cuestionamientos, el Consejo de la Magistratura fueguino eligió a Horacio Boccardo como nuevo juez Civil y Comercial de Río Grande, cargo que le significa un ascenso, porque hasta el momento se desempeña como secretario del mismo organismo judicial.
“No teníamos información anterior”
El legislador y consejero de la Magistratura Federico Bilota (FPV) confirmó ayer que la designación de Oscar Aguirre como juez penal de Río Grande quedó en suspenso tras conocerse su vinculación con una causa donde estuvo involucrado.
Bilota explicó que en la declaración jurada de Aguirre “no consta” el antecedente y que “no teníamos información anterior a la votación”.
“El caso de Sergio Dieguez es diferente. Se postuló para el cargo en el cual fue designado hoy y presentó una declaración jurada diciendo que no tenía causas penales en su contra ni procesamiento alguno. Cuando se presenta a la entrevista, la primera pregunta que se hace es si existía o no alguna causa en su contra y por qué no la había informado en la declaración jurada. La respuesta que nos dio es que en ese momento no había sido notificado de ninguna causa, no había sido llamado a declaración ni siquiera le habían leído derechos y garantías, como paso previo a una indagatoria o procesamiento. El hecho denunciado fue con posterioridad a la declaración jurada, por lo tanto no había forma de informarlo”, señaló Bilota en declaraciones a Radio Provincia.
