l capítulo fueguino de la audiencia pública para discutir el aumento en la tarifa de gas terminó siendo un verdadero fiasco que puede medirse por la combinación de cuatro factores: las irregularidades en la convocatoria, el inusitado operativo de seguridad, la deserción de la gran mayoría de oradores y la casi nula participación de gente.
De este modo, un instituto participativo pensado para escuchar a la población antes de adoptar una medida, terminó vaciado de contenido: casi nadie habló, y casi nadie fue a escuchar a un recinto que estuvo cuidado como si cientos de personas fueran a colmarlo.
La organización a cargo del Ente Nacional Regulador de Gas (Enargas) informó oficialmente que el evento tendría quince oradores en Tierra del Fuego, pero el viernes (día de inicio de la audiencia) se comunicó que solo habría ocho, aunque finalmente solo hablaron dos, y uno de ellos lo hizo fuera del orden del día.
En definitiva, los únicos representantes provinciales que expusieron sobre el aumento sideral de la tarifa de gas fueron el secretario general del Sutef y la CTA, Horacio Catena, y el delegado de ATE y miembro del Partido Obrero, Fernando Germani.
Los demás, incluidos un representante de la Municipalidad de Río Grande y varios integrantes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) decidieron no presentarse, disconformes con la modalidad y la mecánica del evento.
Las instalaciones del cine Packewaia lucieron casi siempre vacías de público, salvo en el inicio de la audiencia donde había un puñado de miembros de la Unión de Gremios, aun cuando desde el Enargas se confirmó que había 71 personas inscriptas para participar como oyentes, 47 de Río Grande y 24 de Ushuaia.
Los que hablaron
Catena se convirtió el sábado en el primer orador por la provincia en la audiencia, al reemplazar a la secretaria adjunta del Sutef, Verónica Andino, que estaba inscripta como expositora pero no pudo concurrir porque participaba del encuentro provincial de mujeres en el municipio de Tolhuin.
El gremialista criticó al Gobierno Nacional por los aumentos tarifarios en los servicios públicos y pidió otra audiencia pública “para discutir en manos de quiénes están los recursos naturales del país”.
En ese sentido, se pronunció por la reestatización de las empresas que explotan esos recursos y por la creación de una gran empresa estatal que los administre, incluidos los hidrocarburos.
Catena también apoyó la iniciativa del gremio de petroleros de la provincia para declarar al gas como un “servicio esencial” para los fueguinos, y recordó que en Tierra del Fuego, la generación eléctrica depende también del valor de ese fluido.
El referente del Sutef fue crítico con la gobernadora provincial, Rosana Bertone, a quien consideró responsable de la aplicación de un “tarifazo general” y de un “ajuste” que “desalienta la población en Tierra del Fuego”, advirtió.
“Lo único que crece en esta provincia son los despidos”, afirmó el líder sindical, y se quejó –además- porque “un docente que recién ingresa al sistema gana $12.500 cuando la canasta básica es de $30 mil”.
Por su parte Germani habló ayer, y en la misma línea que su antecesor, criticó “el sentido de la audiencia” por “no haberse explicado los costos de extracción del gas que constituye la base para discutir si es necesario o no un aumento”.
El dirigente sostuvo que una prueba de ello es “la arbitrariedad de las cifras que se manejaron desde el anuncio del incremento hasta ahora”.
Germani destacó que en Tierra del Fuego se producen las temperaturas más bajas del país, con un promedio anual de 6 grados centígrados, y relató cómo el incremento tarifario repercutió en la economía de usuarios, comercios e industrias.
“Tampoco puedo dejar de mencionar el ajuste propio que vive la provincia, producto de un paquete de leyes aplicado por la gobernadora Rosana Bertone, que ha aumentado el impuesto inmobiliario, la edad jubilatoria y otra serie de tributos, sin abrir paritarias y habiéndose otorgado un solo aumento de sueldos y por decreto”, cuestionó también el delegado de ATE.
El gremialista pidió además la “nacionalización de los recursos hidrocarburíferos para ponerlos al servicio de las necesidades del pueblo trabajador y la apertura de los libros contables de las empresas concesionarias”.
Zona militar
La audiencia pública comenzó el viernes, pasadas las 9, en medio de cuestionamientos de dirigentes gremiales por las restricciones para el ingreso al lugar y por no figurar en el listado de oradores.
El cine Packewaia se convirtió en territorio militarizado, porque desde varias horas antes se desplegó un operativo de seguridad insólito, del que formaron parte integrantes de la Policía de la Provincia, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y militares de la Base Naval Ushuaia.
Los efectivos cortaron el tránsito en la calle Yaganes entre Gobernador Paz y Deloqui, montaron tres retenes de acceso, desplegaron camiones y hasta perros entrenados y un detector de metales.
Los primeros minutos de la audiencia se caracterizaron por la llegada de personas que pretendían entrar a escuchar sin haberse acreditado, y aducían desconocer ese requisito, y por inscriptos que pensaban que lo eran para ser oradores, y no oyentes.
“Primero son increíbles las medidas para vedar el acceso de la comunidad a la audiencia. Yo tuve que pasar tres retenes policiales y ahora nos dicen que las cinco personas que estábamos inscriptas no podemos ser oradores”, sostuvo la dirigente del gremio de organismos de control y miembro de la unión de gremios de Tierra del Fuego, Elisa Dietrich.
Dietrich afirmó que le fue “vedada la palabra en la audiencia, tanto a personas físicas individuales como a representantes de las organizaciones a las que pertenecemos”.
Funcionarios del Energas adujeron que existió una “confusión” porque mucha gente interpretó que la inscripción obligatoria para asistir implicaba también poder exponer en la audiencia.
El Enargas también admitió otras deficiencias en la organización del evento, como por ejemplo que el domicilio del cine fue consignado erróneamente en las convocatorias oficiales publicadas tanto en el Boletín Oficial de la Nación como en los diarios de tirada provincial.
Los edictos, que tampoco incluían ni la fecha ni la hora de la audiencia, convocaban a concurrir a la calle “Perito Moreno 9410”, una dirección inexistente, ya que la avenida no llega a esa numeración y “9410” es el Código Postal de la capital de Tierra del Fuego.
Además, el Enargas cambió a último momento el lugar de la audiencia, que inicialmente se iba a llevar a cabo en Río Grande y después pasó a Ushuaia.
Varias deserciones
El secretario gremial del Sindicato de Petroleros Jerárquicos, Moisés Solorza, fue el primero en anticipar que, a pesar de estar inscripto como orador, no iba a concurrir.
El Enargas “entorpeció la organización de la audiencia” y “pretendió desalentar la participación de la gente”, sostuvo.
“Yo creo que hubo una complicidad de las autoridades para que esto haya sido así. No me quedan dudas”, agregó el dirigente y adelantó que impugnará legalmente el acto.
“No me voy a prestar a este mamarracho”, disparó Solorza.
El secretario de Participación y Gestión Ciudadana del Municipio de Río Grande, Federico Runín, había declarado que “mantendremos la misma postura que planteamos desde siempre, cuando decidimos impugnar los incrementos (de la tarifa) que en su momento consideramos que eran desproporcionados”. Sin embargo, tampoco se presentó a la audiencia.
A su vez, otros representantes de Río Grande, como la vecina Graciela Donoso, y los miembros de la UTN José Abraham y Fabio Seleme, también optaron por no realizar sus exposiciones.
Los integrantes de la universidad cuestionaron las “irregularidades” con que se llevó a cabo la audiencia, y afirmaron que “el proceso se encaminó a cumplirse como un mero requisito formal”.
