n decreto del gobierno nacional, fechado este día, deja sin efecto la entrega de algunos predios concedidos irregularmente por un agrimensor en Santa Cruz y dispone la venta de otros cuyos peticionantes cumplían con los requisitos legales.
Desde su asunción, el gobierno de Hipólito Yrigoyen se había propuesto ordenar las concesiones de tierras fiscales, que hasta ese entonces habían permitido concentraciones de enormes extensiones en muy pocas manos. El radicalismo se proponía vincular la tierra con la efectiva radicación de pobladores y su aprovechamiento productivo.
Uno de los casos observados y dejado sin efecto, se localizó en Colonia Las Heras. Allí, “el agrimensor Wenceslao Castellanos entregó cien lotes, pero una prolija inspección practicada después comprobó que el agrimensor no cumplió con los requisitos de la Ley. Había aceptado solicitudes de gente radicada en Buenos Aires e incluso en Alemania; muchos de ellos atraídos por el bajo valor de la tierra y con la esperanza de especular en el futuro. El informe da cuenta de que en algunos casos una sola persona poseía ocho, diez o veinte leguas en lugar de tener una y además en representación de personas desconocidas en el Territorio, y quizás en toda la Argentina” (Ernesto Maggiori. Los años de la Revolución en Patagonia).
Pero, este sistema de dispendio de la tierra pública estaba mucho más extendido. En 1922, se decretó la caducidad de lotes que pertenecían “a 13 pobladores del llamado “Cañadón Sargento”, 19 del lago Viedma, 12 de “Mulak Aike” (…) El expediente que recibió el Gobernador del Territorio incluía datos de acaparamiento de tierras denunciadas por el inspector Orozco Nuñez que conformaban 212.500 hectáreas a nombre de doce pobladores, y unas 35.848 hectáreas entregadas a otros 15 pobladores”.
Otro caso fue el protagonizado por la Sociedad de Los Lagos, que “era otra de las compañías responsable de acaparar tierras. Usufructuaba unas 200.000 hectáreas que rodeaban totalmente el lago Viedma. Los lotes habían sido arrendados por interpósitas personas como solicitantes individuales”, cuyas peticiones “habían sido solicitadas telegráficamente desde Punta Arenas” y, luego, muchos “de los arrendatarios originales vendieron sus lotes a Alejandro y Carlos Menéndez Behety”.
