ste día, se sanciona la Ley 3.335, que dispone que las penas correccionales o de prisión impuestas, por los jueces de Capital Federal y territorios federales, a los delincuentes reincidentes deberán ser cumplidas en el sur del país, en los lugares que a ese efecto designe el Poder Ejecutivo Nacional.
Una semana después fue promulgada y, el 3 de enero siguiente, el titular del Senado a cargo del Ejecutivo Nacional, Julio A. Roca, designó a Tierra del Fuego para ese fin. El gobernador Pedro Godoy fue encomendado para organizar y reglamentar el futuro establecimiento.
El 5 de enero, partieron de la ciudad de Buenos Aires los primeros catorce presos para preparar las instalaciones provisorias. Una semana después, otro barco trasladó a nuevos presos, entre ellos, a diez mujeres que aceptaron voluntariamente el destino.
Estas disposiciones tuvieron una importancia decisiva en la primera mitad del siglo pasado, por la afluencia de condenados que tuvieron como destino a Ushuaia. La instalación de los establecimientos penales le brindaron a la ciudad lo que los antiguos pobladores llamaban las “doce cosechas”, por los sueldos de los empleados de la penitenciaría y la inyección de recursos que implicaba para el débil mercado interno local.
Las instalaciones definitivas contaban con 370 celdas, distribuidas en cinco pabellones. En su momento de apogeo (1935) llegó a albergar a 530 penados.
La irrupción de la cárcel y sus funcionarios aportaron un impulso inédito a la pequeña comarca sobre el canal de Beagle; los viejos pobladores pudieron disponer de servicios modernos en gran medida por la presencia de la institución penitenciaria, así la luz eléctrica, una red de teléfonos, bomberos, talleres de fotografía, imprenta, sastrería, zapatería, farmacia y servicio médico fueron beneficios que se incorporaron a la vida ushuaiense, como también la mano de obra de los presos utilizada en muchas obras públicas.
La historia culminó con el decreto 7.577, de marzo de 1947, cuando el gobierno de Juan Domingo Perón suprimió la cárcel de Ushuaia argumentando razones de carácter penitenciario y la necesidad de que sus instalaciones contribuyan a facilitar las obras que lleva a cabo la Gobernación Marítima. En ese momento había 346 penados.
Las instalaciones penitenciarias fueron ocupadas por la Base Naval Ushuaia.
