n informe, fechado este día, de la Dirección General de Territorios aconseja al ministro del Interior una reducción de las partidas presupuestarias destinadas a la subsistencia de los pueblos originarios, dado que “sólo se requiere por el momento la suma de mil cuatrocientos pesos moneda nacional, de los que ochocientos serian destinados a subvenir necesidades de los indios fueguinos y seiscientos a subvencionar las escuelas que los salesianos tienen en Río Grande y Río del Fuego, dándoles a cada una cincuenta pesos a contar del próximo 1° de julio”. Unos meses antes de ese informe, por resolución del Ministerio del Interior se había asignado para la reducción indígena de Tierra del Fuego la suma de diez mil pesos, en carácter de subsidio.
El informe mencionado aludía al “desarrollo de los dos colegios”, regenteados por los salesianos, “uno en la misión de Río Grande perfectamente instalado y con una sólida y conveniente organización interna y el otro en Río del Fuego, en ambos aprenden los indiecitos, fuera de la religión católica, el amor a la patria, nuestro idioma y otros útiles conocimientos”.
En función de este diagnóstico, el ministro decidió reducir la subvención porque “ya no es necesaria en su totalidad”, por esa razón, se dispuso limitarla “a la cantidad de 1.400 pesos”.
Este tipo de medidas fueron simples paliativos, dado que no se entraba a considerar el problema de la tierra, que era “lo único que podía ofrecer una estabilidad a los nativos”, según el reiterado reclamo de los salesianos, que quedaba librado a una resolución precaria del gobernador o a una disposición del Ministerio de Agricultura.
Estos criterios se modificaron en 1924, cuando un decreto del presidente Marcelo T. de Alvear concretó la cesión de tierras para los nativos. Las parcelas 89, 90, 91 y 92 habían sido “reservadas”, en 1909, por la gobernación fueguina para ese propósito, pero debieron esperar quince años para verse reflejada en una disposición oficial.
Con el paso de los años esas 36 mil hectáreas fueron cediendo espacios a los ganaderos vecinos y al ejido urbano de Tolhuin. Hasta que en 1998 se sancionó la Ley 405 que le dio el marco jurídico necesario para su constitución como reserva y propiedad colectiva de la Comunidad Indígena Rafaela Ishton.
