l operativo de drogas que concluyó con el secuestro de 46 kilos de marihuana en un transporte de Río Grande, y en la detención como sospechoso del hijo del subjefe de la Policía de la Provincia, se corresponde con una investigación judicial iniciada a fines del año pasado, a raíz de la denuncia formulada por otro preso por narcotráfico, revelaron ayer fuentes judiciales.
El caso comenzó a gestarse cuando un detenido de apellido Billena, vinculado al operativo antidroga “Hermandad Verde”, de marzo de 2015, le pidió a su abogado realizar una presentación por haber accedido a datos sobre un cargamento de estupefacientes que iba a llegar a la provincia.
Por razones no demasiado esclarecidas, el preso no formuló la denuncia en dependencias judiciales de Río Grande (a pesar de que su causa tramita en esa jurisdicción) y sí lo hizo ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego, con sede en Ushuaia, el mismo organismo que lo juzgará en los próximos meses.
La presentación tuvo características particulares porque se llevó a cabo en los últimos días de 2016, e incluso hubo actuaciones que se realizaron el 31 de diciembre, último día del año.
El Tribunal remitió la declaración al Juzgado Federal de Ushuaia para la formación de un expediente, y también tomó intervención la Fiscalía Federal de la ciudad, a cargo del fiscal Juan Soria.
Por la ausencia del juez Federal Federico Calvete, quien ya se encontraba de feria, intervino como magistrado subrogante el juez federal de Esquel, Guido Otranto.
Otranto no delegó la investigación en la fiscalía (como tiene facultades para hacerlo) y en cambio avanzó en distintas diligencias apoyado por funcionarios judiciales del Juzgado Federal de Ushuaia y por efectivos de Gendarmería Nacional, la fuerza de seguridad que se eligió para llevar adelante las medidas que hicieran falta.
Después, los acontecimientos comenzaron a desencadenarse cuando se interceptaron conversaciones telefónicas (en las que está involucrado Franco Torres) y se determinó que la droga iba a llegar a la provincia en un camión de la empresa de transporte Cruz del Sur, disimulada en cajas de parlantes.
Los investigadores esperaban que el cargamento fuera de 100 kilos de marihuana, que fue la cifra deslizada por el denunciante, aunque finalmente se trató de algo menos de la mitad de esa cantidad, señalaron las fuentes consultadas por este medio.
Efectivos de Gendarmería realizaron cuatro allanamientos, uno de ellos en la vivienda de la calle 10 de Diciembre 1238, propiedad del comisario Torres, donde se encontraba su hijo junto a otros dos hombres, y que según fuentes judiciales, “no es el lugar de residencia habitual” del funcionario.
El joven fue apresado como supuesto partícipe de la compra de la droga en Buenos Aires y de la maniobra de transporte hacia Río Grande, en función de evidencias como el contenido de las escuchas telefónicas obrantes en la causa.
Los gendarmes también hallaron una planta de marihuana en el interior de la vivienda donde se llevó a cabo el procedimiento y la detención.
El juez dispuso otros allanamientos en un edificio de la calle Paso de los Andes 3087, el Parque Industrial de Río Grande y en el barrio Chacra IV, aunque “no se produjeron más detenciones”.
Los voceros judiciales no logran explicarse cómo un secuestro de semejante magnitud, derivó en la detención de una sola persona (el propio Torres hijo) y por qué no se apelaron a procedimientos de rutina en este tipo de casos, para lograr interceptar a quien fuera a buscar la carga al transporte, o a otros posibles relacionados con el envío.
De esa manera, explican, se podría haber “abierto la investigación” para intentar dar con todos los integrantes de la organización que seguramente se encuentra dedicada a esta actividad ilícita.
Billena está detenido y a la espera de un juicio oral y público, por su participación en un operativo de drogas conocido como “Hermandad Verde”, en el que fueron secuestrado 48 kilos de marihuana que iban a ser trasladados desde la localidad de Ituzaingó, en la provincia de Buenos Aires, a la ciudad de Río Grande, en marzo de 2015.
En aquella ocasión, además del estupefaciente, la Policía secuestró armas de fuego y 300 mil pesos en efectivo, en tanto que detuvo a cuatro personas luego de realizar siete allanamientos.
Por su parte Franco Torres es la misma persona que en 2011 denunció a varios efectivos policiales por torturas cometidas en una comisaría de Río Grande, lo que derivó en 2013 en un juicio oral donde fueron condenados y exonerados los responsables.
