a declaración de la mayoría de los damnificados complicó la situación procesal de los implicados en la causa Credisur, la financiera acusada de presunto fraude y usura vinculada a los ex abogados del sindicato docente Juan Francisco y Néstor Ignacio Sánchez Otharán.
Por orden del juez de instrucción Javier de Gamas Soler, la policía logró ubicar y tomarles declaración testimonial a gran parte de las 560 personas que fueron ejecutadas judicialmente por la financiera, luego de haber gestionado créditos y de haber registrado algún atraso en el pago de las cuotas.
El resultado de la pesquisa fue que casi todos aportaron testimonios similares a las dos denunciantes iniciales del caso: dijeron que pidieron préstamos por un valor, firmaron pagarés en blanco y los ejecutaron por sumas hasta cinco veces superiores a las adeudadas, además de que en la devolución de los créditos les impusieron intereses anuales de entre el 95 y el 1400%, según el criterio adoptado para calcularlos.
Para llegar a este grupo de damnificados, la Justicia relevó todos los expedientes de Credisur que tramitan en los juzgados civiles de Ushuaia y de Río Grande.
Fuentes judiciales precisaron que en la actualidad se esperan los resultados de una pericia informática, realizada sobre los datos encontrados en las computadoras de la financiera, que fueron secuestradas durante los allanamientos dispuestos el año pasado.
Con posterioridad a esta medida, el juez de la causa terminaría de indagar a los siete imputados que tiene la investigación, entre los titulares de la sociedad que maneja Credisur y los abogados contratados para ejecutar judicialmente las deudas.
En la Justicia especulan que la posición de los abogados de los defensores será la de llegar a acuerdos económicos con los presuntos damnificados, como un modo de descomprimir la situación penal, y luego intentar el camino de la mediación, para evitar un posible juicio y condena.
Uno de los problemas de esa estrategia es el volumen de dinero que, en forma de préstamos (unos 132 millones de pesos) se movió a través de la financiera en los últimos dos años.
Los investigadores creen que esa conducta amplió el daño a miles de personas que, como mínimo, fueron ejecutadas por valores que no debían.
Por el momento, el juez De Gamas Soler analiza dos tipos de ilícitos: defraudación por abuso de firma en blanco y usura, mientras que una posible mediación debería contar con el consentimiento de las partes y del mismo magistrado.
El caso Credisur comenzó a investigarse a partir de las denuncias presentadas por dos mujeres que plantearon situaciones similares. Una gestionó un crédito de $15 mil y la otra uno de $20 mil. En ambos casos firmaron un pagaré en blanco que después la empresa llenó por $78 mil en un caso, y por $74 mil en el otro.
Tras la difusión pública de la causa, aparecieron más denuncias.
El número de juicios ejecutivos es sorprendente, porque implica que la compañía ejecutó casi al 16% de las personas a las que primero asistió con un préstamo.
Otro aspecto en el que podrían avanzar los investigadores es el origen de los fondos con que la financiera llevó a cabo sus actividades. El hecho de que una sociedad con 100 mil pesos de capital inicial haya podido prestar $132 millones en dos años puso en alerta a los responsables de la investigación.
En ese sentido, el juez ya remitió oficios al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y también a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) para que en ese ámbito se analicen los movimientos económicos de la sociedad durante su tiempo de funcionamiento.
Además de los hermanos Sánchez Otharán, por ahora están involucrados Hugo Horacio Ilarregui, Gloria Raquel Davicio, Rosana González, Verónica Vanesa Criado y Vanesa Casas.
Ilarregui y Francisco Sánchez Otharán figuran como socios de Lian Group SRL, la sociedad bajo la que funciona Credisur en sus sedes de la calle Mackinlay 745 de Río Grande, y Gobernador Paz 224 de Ushuaia.
Credisur no solo estuvo vinculada al Sutef porque los abogados del sindicato (al menos uno de ellos) figura como socio de la empresa, sino porque el sindicato firmó en 2014 un convenio con la financiera, para asistir con créditos a los afiliados de la entidad gremial.
El gremio docente nunca explicó si los docentes que fueron a gestionar préstamos, sabían que Credisur pertenecía a los entonces abogados del sindicato.
