ste día, el gobernador Manuel Fernández Valdés dirige una carta al director de Territorios Nacionales, Isidoro Ruiz Moreno, denunciando una campaña desatada en Ushuaia en su contra a raíz de haber impuesto condiciones para evitar los acuerdos de precios entre proveedores del Estado y la elevación sustancial de sus cotizaciones.
“Como llega a mi conocimiento que telegráficamente se han presentado a la superioridad varias quejas contra esta Gobernación estimo conveniente anticipar a V.S. que todas obedecen a la campaña iniciada por dos de los proveedores de la cárcel, cuyas maniobras para la licitación del año próximo en condiciones perjudiciales para el Fisco he hecho fracasar…” (Arnoldo Canclini, Indios, policías y agitadores).
Luego pasa a detallar los antecedentes de la licitación para la provisión de la cárcel: “esta Gobernación adjudicó la carne a la casa Luis Correa y Cia. quien sustituyó por su menor oferta al antiguo proveedor, Fortunato Beban”. En enero se dispuso la “prórroga de los respectivos contratos hasta el mes de Abril ppdo rebajando la carne de 0,44 a 0,40 cvos.”.
Poco después, “en la nueva licitación para los meses restantes del corriente año, las casas Beban y Correa que se habían asociado privadamente, hicieron subir a 0,60 cvs. el precio de la carne (…) Al aceptar provisoriamente las propuestas, he debido someterme a esa imposición a fin de que no falte carne al Establecimiento; pero (…) el Gobierno no debe tolerarlo, porque ese precedente tentaría a los demás comerciantes para celebrar nuevos acuerdos que lleven las propuestas de la próxima licitación a precios exorbitantes”. El gobernador aconsejó “instalar una cámara frigorífica en la Cárcel para traer capones congelados de los frigoríficos de San Gregorio o Río Grande, lo que abarataría considerablemente la carne”.
Al relatar las negociaciones llevadas a cabo, Fernández Valdés expresó: “Los mismos proveedores me habían manifestado que se verían obligados a subir los precios, en vista del encarecimiento general de los artículos en el país, a lo que contesté que se vería si el aumento era equitativo, pero que desde luego les aconsejaba no extremar las pretensiones para no obligarme a desestimar las propuestas y aconsejar al Gobierno que las licitaciones vuelvan a celebrarse en la Capital Federal” (op. cit.).
