Pedido de derogación de las leyes territoriales 280 y 295

El Ejecutivo quiere eliminar el régimen de equiparación salarial para los docentes nacionales

Las normativas en cuestión datan de fines de la década de los años 80 y obligan al Estado fueguino al pago de un subsidio que equipara el salario que perciben los docentes nacionales que prestan servicios en instituciones que funcionan dentro la provincia con el que cobran sus pares provinciales. En el proyecto se asegura que la derogación “no afectará los derechos adquiridos durante la vigencia de las leyes”.
16/03/2017
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or considerar que “resultan inoportunas a la luz del actual contexto provincial” por cuanto la actual situación hoy “es sumamente diferente a aquella de la década de 1980”, el Poder Ejecutivo elevó a la Legislatura un proyecto mediante el que impulsa la derogación de las leyes territoriales 280 y 295.
En el mensaje de elevación se refiere que las mencionadas leyes fueron sancionadas por la Legislatura Territorial en Junio de 1986 y mayo de 1987 respectivamente, y que “establecen el pago de un subsidio mensual al personal docente y no docente que se desempeña en las instituciones educativas con asiento en el entonces Territorio de Tierra del Fuego, dependientes del entonces del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación y universidades nacionales, equivalente a la diferencia que surja de la compatibilización de escalas entre éstos y sus similares de la jurisdicción territorial". Se recuerda que esa normas tuvieron su origen “en la voluntad de los legisladores de dar respuesta a un reclamo de larga data sostenido por los docentes de colegios secundarios dependientes del Estado nacional, en pos de la equiparación salarial con su contraparte provincial, y a dirimir un conflicto que derivó en varios días de huelga con la consecuente pérdida de días de clase, en un contexto de restricciones presupuestarias impuestas por el Poder Ejecutivo nacional, conforme testimonia el propio articulado de ambas leyes”.
La Gobernadora sostiene que “el cuadro de situación que motivó el dictado de las leyes en cuestión, se caracterizó por el ineficiente solapamiento de competencias en materia de política educativa y el hecho que dentro de un mismo mercado laboral existía una marcada diferencia salarial determinada exclusivamente por la jurisdicción de la que dependía el docente, lo cual no sólo generaba problemas en materia salarial, sino que, como consecuencia, daba lugar a una desigual dotación de recursos humanos y económicos entre instituciones dependientes de distintas jurisdicciones” y que si bien ambas leyes “se encuentran vigentes, resultan inoportunas a la luz del actual contexto provincial, que es hoy sumamente diferente a aquel de la década de 1980”.
Sostiene este argumento en el hecho de que “en los 31 años transcurridos desde la sanción de las mencionadas leyes, entre los importantes cambios políticos, sociales y económicos que transformaron la Provincia, tuvo lugar el proceso de descentralización educativa producido en la década de 1990, en el marco de las políticas de reforma del Estado, y en virtud de la cual se transfirieron a las provincias aquellas instituciones educativas que aún administraba el Estado nacional en forma directa a través del Ministerio de Educación, asumiendo aquellas en consecuencia, la responsabilidad de su administración y financiamiento, quedando la mayoría de los docentes, incluyendo aquellos dependientes de instituciones educativas públicas de gestión privada, sujetos a un mismo régimen salarial provincial”, razón por la cual “no subsisten las razones que motivaran la sanción de las leyes territoriales N° 280 y N° 295. Suma a ello el hecho de que “en la actualidad la gran mayoría de las instituciones educativas públicas hasta el nivel secundario, y varias de nivel superior pertenecen a la Provincia” y que “la responsabilidad respecto de la política salarial para aquellas instituciones educativas en el ámbito del Estado nacional corresponde a éste, o en su caso, a la propia institución cuando posea autarquía económico financiera”.
Hoy por hoy, los únicos que se ven alcanzados por esta equiparación salarial son los docentes y personal no docente de la Universidad Tecnológica Nacional y lo de las Universidad Nacional de Tierra del Fuego. De todas maneras, y para tranquilidad de estos, el Ejecutivo precisa que “conforme lo previsto en el artículo 7° del Código Civil y Comercial de la Nación, la eventual sanción del presente proyecto de ley no afectará los derechos adquiridos durante la vigencia de las leyes territoriales en cuestión, como así tampoco los procesos judiciales en trámite” iniciados oportunamente contra la Provincia por la incorrecta liquidación de ese subsidio.
En el año 2007, durante el Gobierno de Fabiana Ríos, la Provincia incumplió con el pago de la equiparación salarial fijada en la ley territorial 295, lo que derivó en que los docentes de la UTN iniciarán una demanda judicial. En 2009 la Justicia falló, en primera instancia, a favor de los reclamantes, sentencia que en 2011 fue confirmada por la Cámara de Apelaciones.

Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina
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