l juez penal de Ushuaia Javier De Gamas Soler indagará este miércoles al ex vicegobernador fueguino Daniel Gallo, en la causa donde se investiga por presunto lavado de dinero a directivos y otras personas vinculadas con la empresa Glisud SA, que operó durante la gestión del ex gobernador Carlos Manfredotti (y Gallo) para quedarse con propiedades del Fondo Residual del Banco de Tierra del Fuego.
El expediente judicial investiga el origen de los fondos (unos $300 mil pesos de la época) con que Glisud adquirió títulos públicos y después ofertó y ganó la licitación de tres créditos con garantía hipotecaria, a través de un concurso público realizado a fines de 2002.
La empresa sospechada de ser una pantalla para negocios ilícitos alegó que consiguió el dinero mediante un crédito de mutuo en Uruguay, aunque esa maniobra está plagada de sospechas y el dueño de la firma que habría prestado los fondos es un conocido fabricante de “compañías fantasmas”, Néstor Gustavo Cardozo García, quien también será indagado por el presunto lavado de activos.
El presidente de Glisud, Enrique Pinto, iba a declarar el 26 de abril, pero la Justicia le suspendió la audiencia luego de que uno de sus abogados alegó que sufría un cuadro de “estrés”.
De Gamas Soler reprogramó ahora la citación a Pinto para el 23 de mayo, aunque el juez también dictó una resolución estableciendo que todos los imputados del caso que argumenten razones de salud para no presentarse, deberán igual acudir al juzgado y ser revisados por un perito forense que deberá corroborar su estado y confirmar si no se encuentran en condiciones de declarar.
El caso del uruguayo Cardozo García es distinto porque aún se aguardan las comunicaciones internacionales para notificarlo de la citación a declarar en la provincia, informaron fuentes ligadas al caso.
En tanto Gallo también ya había sido citado en una oportunidad anterior, en agosto del año pasado, pero el acto se suspendió debido a recursos de apelación que estaban pendientes y que se decidió aguarda la realización de un juicio por la llamada “causa principal de Glisud”, que de todos modos también se pospuso debido a planteos de las defensas de los acusados que están pendientes de resolución ante el Superior Tribunal de Justicia.
La única persona vinculada a Glisud que ya declaró en el expediente de lavado fue la ex apoderada Graciela D´adamo, apodada “Gatúbela” por el disfraz con que aparece en unas fotos reveladas cuando el caso se hizo público, años atrás.
D´adamo prestó una declaración “muy breve” el pasado miércoles 3 de mayo, en la que negó cualquier vínculo con una maniobra de lavado de activos y afirmó que cumplió tareas para la compañía “hasta el año 2010” y que luego solo realizó algunas tareas de asesoramiento, indicaron las fuentes consultadas.
Glisud es una sociedad fundada por dos ancianas indigentes y cuya sede era un prostíbulo de Buenos Aires que se conformó para apropiarse de los créditos y de las propiedades que administraba el Fondo Residual del BTF, con la presunta complicidad de las autoridades de la época, según demostró la Justicia provincial en la causa Nº16787.
El ex titular del Fondo Residual, Gustavo García Casanovas, el ex secretario del organismo, Néstor Sierra, y los integrantes de la empresa: Pinto, D´adamo y Francisco Grondona fueron procesados en doble instancia por la operatoria en que Glisud se quedó con tres créditos con garantía hipotecaria, a través de un concurso público llevado a cabo el 30 de diciembre de 2002.
La Justicia demostró que la compañía pagó por la cesión de los derechos sobre esos préstamos, con 1,4 millones de bonos defaulteados tomados a valor nominal, desechando otra oferta en efectivo y “perjudicando así al Estado provincial”, según puede leerse en la acusación fiscal.
También se comprobó que la oferta presentada por D´adamo era falsa, tanto en su firma como en el número de su documento, por lo que de allí se desprendió que había sido confeccionada en las oficinas del Fondo Residual.
Por esa situación se aguarda un juicio oral y público que iba a realizarse el 21 de septiembre del año pasado, que fue suspendido por supuestas irregularidades procesales y que ahora depende de un fallo del Superior Tribunal.
Pero los investigadores también avanzaron sobre el origen de los fondos utilizados por Glisud para comprar los créditos subvaluados del banco fueguino.
La compañía presidida por Pinto adquirió títulos públicos depositando $298.700 pesos de la época en una cuenta corriente del Banco de Tierra del Fuego, a través de un procedimiento sospechoso.
Pinto argumentó haber obtenido los fondos de un préstamo de la empresa Crider Trading SA, representada por Cardozo García, aunque al momento de la operatoria, el propio Pinto era también representante de la misma compañía y por lo tanto se habría prestado el dinero (140 mil dólares) a sí mismo.
La Justicia sospecha que en ese “acuerdo de mutuo” entre Glisud y Crider Trading, las firmas son falsas, porque además el documento secuestrado en Uruguay, durante un allanamiento, carece de datos elementales como el lugar y la fecha de celebración.
Es por eso que los investigadores consideran que el dinero para las operatorias de Glisud en Tierra del Fuego no habría venido de Uruguay, sino de “hechos de corrupción cometidos en esa época en el Estado provincial”, según puede leerse en el expediente.
En ese sentido, la Justicia tiene por probado que Pinto, presidente de Glisud, fue empleado del ex vicegobernador Gallo en la legislatura provincial en el momento en que se cometieron los presuntos ilícitos, y también fue su asesor durante cuatro años cuando Gallo fue diputado nacional, entre 2004 y 2007.
Por su parte D´adamo, ex apoderada de Glisud, fue contratada de Gallo en la legislatura y luego en el Consejo Federal de Inversiones (CFI).
“El estrecho vínculo entre estas personas con Gallo también surge de los contactos telefónicos que entre ellos se ha detectado en otro proceso judicial”, afirmaron los fiscales.
