ste día, el presidente del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical Intransigente, Justo Alsúa, regresa de Río Turbio y declara que pudo corroborar la veracidad de las denuncias formuladas por algunos obreros sobre las deplorables condiciones de vida y hacinamiento que sufrían en Río Turbio.
Una semana antes, cuarenta mineros se habían fugado del yacimiento de Río Turbio y llegaron a Río Gallegos para denunciar los padecimientos que sufrían.
Se trataba de un grupo de trabajadores tucumanos que lograron entrevistarse con el jefe de policía, el ministro de Gobierno y el gobernador santacruceño Cástulo Paradelo, para expresarles que abandonaron sus puestos de trabajo porque no soportaban más la precariedad de su vida en la cuenca.
La denuncia motivo que Alsúa viajara a constatar la denuncia y, al regresar lo ratificó en ante la prensa, aunque consideró que “se trabaja para eliminar los albergues en que los trabajadores viven hacinados”. Añadió que el administrador del yacimiento no tenía atribución para elevar los jornales, por lo tanto no veía solución inmediata al problema y negó que exista oposición para la agremiación obrera y atribuyó a la falta de cohesión de los trabajadores el hecho de que hayan fracasado los intentos de constituir un sindicato.
La situación conflictiva se mantuvo durante nueve días y la partida de los trabajadores a Tucumán solucionó ese hecho puntual. Pero, el 19 de junio, una asamblea reunió a 450 obreros quienes decidieron la conformación de una comisión para trasladarse a la capital provincial y ratificar los cuestionamientos efectuados por los norteños.
Dirigentes de la ATE viajaron a Buenos Aires para denunciar: “El régimen de represión que impera (…), las deplorables formas que asume allí la vida, la pésima comida, la violación de la correspondencia, los sueldos bajos, los abusos de autoridad de los actuales funcionarios de YCF en el yacimiento”. Además, afirmaron que todo eso era “obra de representantes de intereses poderosos que no solo persiguen a los dirigentes gremiales”, sino que pretenden “desprestigiar la cuenca y reducir sus posibilidades para provocar el cierre definitivo” del yacimiento.
Esta movilización, que logró un cierto reconocimiento gremial, se dio en momentos que el gobierno de Arturo Frondizi descargaba una dura ofensiva contra las luchas de resistencia del Movimiento Obrero.
