a Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) le suspendió la pensión honorífica a cinco militares ex combatientes de la Guerra de Malvinas condenados por delitos de lesa humanidad y analiza adoptar un comportamiento similar en otros veinticuatro casos, según informó en las últimas horas el sitio oficial del Ministerio Público Fiscal.
La medida fue adoptada en base a una solicitud efectuada en noviembre de 2015 por los entonces titulares de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social (UFISES), Gabriel De Vedia y Josefina Minatta.
El organismo constató que “muchos de los beneficiarios de la pensión estaban implicados en investigaciones por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar”.
En función de ello, los fiscales Minatta y De Vedia solicitaron a la Anses que para el caso de los condenados se dispusiera la “baja definitiva del beneficio” y para los procesados y los prófugos, se les “suspendiera provisoriamente hasta tanto se resolviera su situación procesal o se presentasen ante la justicia”.
Los primeros cinco ex militares que no cobrarán la pensión son Ángel Ricardo Pezzetta, Carlos del Señor Hidalgo Garzón, Julio César Fulgencio Falcke, Juan Daniel Rauzzino y Anselmo Pedro Palavezzati.
Durante la guerra de Malvinas, Pezzetta se desempeñó como Vicecomodoro de la Fuerza Área Argentina, Falcke estuvo destinado como capitán de corbeta en el A.R.A. “Comodoro Somellera”, Rauzzino y Palavezzati intervinieron en el conflicto como Teniente Coronel del Ejército, al tiempo que Hidalgo Garzón revestía el grado de Mayor en la misma fuerza.
Pero, además, todos ellos participaron –tal como tuvo por probado la Justicia- en la dictadura cívico-militar de 1976-1983, que le costó la vida a miles de personas, muchas de las cuales aún se desconoce su destino.
Así, el 21 de abril de 2015, en un juicio en el que intervino el fiscal general Rafael Vehils Ruíz, el Tribunal Oral Federal de La Rioja condenó a Ángel Ricardo Pezzetta –quien se desempeñó como Alférez en la Base Aérea Celpa de la ciudad riojana de Chamical- a la pena de prisión perpetua tras encontrarlo responsable del homicidio agravado por el concurso de dos o más personas, privación ilegítima de la libertad y tortura de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longeville, en el marco de la investigación conocida como “Los mártires de Chamical”.
También, Juan Daniel Rauzzino fue condenado por el Tribunal Oral Criminal de Catamarca a 16 años de prisión como partícipe necesario en los homicidios de Julio Genero Burgos, Griselda del Huerto Ponce, Nelly Yolanda Borda y Francisco Gregorio Ponc, secuestrados en Catamarca y vistos por última vez en centros clandestinos de detención de la provincia de Tucumán, entre el 6 de abril de 1976 y el 27 de enero de 1977. Sin embargo, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal elevó a prisión perpetua la condena dictada al ex jefe de la Policía de la Provincia de Catamarca en el marco de la causa “Ponce Borda I”.
En febrero de 2016, el ex jefe de Contrainteligencia de la Base Naval de Mar del Plata, Julio César Falcke, fue condenado a prisión perpetua por el Tribunal Oral Federal marplatense en la megacausa “Base Naval” donde se juzgaron los crímenes cometidos contra 123 víctimas que pasaron por los centros clandestinos de detención que funcionaron en la Base Naval, en la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina y en la Prefectura Naval Argentina de Mar del Plata.
Por su parte, Carlos del Señor Hidalgo Garzón y Anselmo Pedro Palavezzati fueron condenados a prisión perpetua por el Tribunal Oral Federal de La Plata, por los delitos cometidos contra 127 personas que fueron secuestradas, torturadas y asesinadas en el Centro Clandestino de Detención “La Cacha”, que funcionó en una casona aledaña al complejo penitenciario de Lisandro Olmos, al este de La Plata. El lugar era controlado por el Cuerpo de Inteligencia del Ejército y allí también actuaron miembros de la Armada y el Servicio Penitenciario Bonaerense. Asimismo, ambos hombres serán enjuiciados en el marco de la investigación por los delitos cometidos en el Pozo de Banfield.
Asimismo, Hidalgo Garzón también fue condenado, el 12 de mayo de 2013, por el Tribunal Oral Federal N°3 de San Martín, por la apropiación y supresión de identidad de Laura Catalina De Sanctis Ovando, al tiempo que espera ser enjuiciado en el marco de los crímenes cometidos en la Brigada de San Justo.
En relación a Palavezzati, también espera ser sometido a juicio oral y público en la causa en la que se investigan los crímenes de 192 personas ocurridos en el centro clandestino que funcionó en los cuerpos de Infantería y Caballería de la Policía Bonaerense –donde se desempeñaba como miembro del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército en La Plata- y por los padecidos por otras 125 víctimas del Centro Clandestino de Detención Pozo de Quilmes, que funcionó en la Brigada de Investigaciones de esa jurisdicción bonaerense, en la intersección de las calles Allison Bell y Garibaldi.
Además, la Dirección de Detección de la Anses analiza quitarles el beneficio a otros veinticuatro ex militares que intervinieron en la Guerra de Malvinas, pero que también están involucrados en delitos de lesa humanidad.
En esa lista figuran Julio César Binotti, Rodolfo Oscar Cionchi, Francisco Lucio Rioja, Juan Arturo Alomar, Carlos Eduardo Daviou y Miguel Ángel García Velasco, quienes son juzgados en el marco de la Megacausa “ESMA Unificada”. También Ricardo Guillermo Corbetta que participó en los crímenes de la ESMA, pero fue declarado incapaz, en 2008, entre muchos otros.
