l ministro Jefe de Gabinete Leonardo Gorbacz, junto al secretario de Derechos Humanos Sergio Mingrino, recibieron al director Nacional de Políticas Contra la Violencia Institucional, Matías Garrido y al equipo asesor de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
"Los funcionarios nacionales recorrieron la unidad de detención de Río Grande y nos manifestaron que las condiciones son muy superiores a la mayoría de las instalaciones del resto del País" destacó Gorbacz.
Además de los funcionarios provinciales participaron también del encuentro, la legisladora Liliana Martínez Allende (UCR) y el legislador Federico Bilota (FpV).
Así mismo, el Ministro Jefe de Gabinete comentó que "analizamos la necesidad de cooperación con organizamos nacionales, así como también la adecuación de nuestro país en general y de las provincias en particular a estándares internacionales en la materia".
"Queremos que nuestro sistema sea un verdadero mecanismo de rehabilitación para las personas privadas de la libertad, hemos dado pasos en ese sentido y lo seguiremos haciendo" aseguró el funcionario.
Violencia institucional
Mediante Resolución N° 30/2014, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación creó la Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento de Hechos de Violencia Institucional dentro del ámbito de competencia de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos en materia de Derechos Humanos. Dicha Unidad se encuentra abocada al desarrollo de un sistema de información que pueda aportar al diseño de políticas públicas en materia de prevención de graves violaciones a los derechos humanos.
Dicha área apunta a analizar las diferentes formas de expresión de la violencia institucional sobre la base de las presentaciones, denuncias e informaciones recibidas en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos. Este objetivo general se concretiza al identificar, describir y analizar los hechos y/o situaciones que involucren violaciones a los derechos humanos por parte de funcionarios/as pertenecientes a las fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, personal penitenciario y efectores de salud en contextos de restricción de libertad y/o autonomía.
