l concejal de Ushuaia, Tomás Bertotto (PRO), se refirió al anteproyecto de trama urbana para barrios informales que el Ejecutivo Municipal expuso en el Concejo Deliberante días atrás, y la problemática en torno a la expansión de las usurpaciones.
Bertotto señaló que el anteproyecto “no está basado en números reales sobre la cantidad de gente viviendo en situación informal y bosques impactados, y resulta insuficiente y tardío”, ya que “desde hace un año el Municipio cuenta con la desafectación de 500 hectáreas para generar herramientas que permitan urbanizar y regularizar los barrios informales, aplicar políticas para mejorar la calidad de vida de los vecinos que ya viven en esos barrios y evitar nuevas usurpaciones”, dijo.
El concejal del PRO presentó diversos pedidos de informes al Municipio para que “se realice un análisis minucioso de las más de 300 hectáreas de bosque impactado, como así también, un relevamiento detallado demográfico de cada zona poblada y explicaran qué medidas estaba tomando el ejecutivo para frenar las nuevas usurpaciones”, recordó el edil.
“Desde comienzos de año vengo denunciando la falta de control respecto de las ocupaciones irregulares en los diferentes asentamientos de la ciudad”, indicó el edil y señaló que “a fines de julio de este año, se nos envió un informe con algunos datos de las familias y características de cada barrio sobre el cual considero que no refleja la realidad actual”, evaluó.
Al respecto, Bertotto aseguró que “continuamente recibimos denuncias de los mismos vecinos que ya se encuentran establecidos en los barrios, de nuevas familias que edifican e ingresan a través de conocidos o familiares que les permiten el acceso a tierras aledañas a sus ocupaciones sin controles por parte del Municipio”, y lamentó que “los asentamientos siguen expandiéndose en distintos sectores de la ciudad, como por ejemplo el asentamiento Santa Rosa, en Andorra, el cual no está informado por el Ejecutivo en el informe enviado, siendo que el mismo lleva alrededor de tres años conformado por al menos 16 familias”, explicó el concejal.
“De igual forma, ocurre con las nuevas edificaciones que pueden verse en los barrios Dos Banderas, La Cima y Raíces, como así también en el denominado Sector K y D, de El Escondido, Obrero”, expuso el edil, y en esa línea consideró que “más allá del plan presentado por el Municipio para regularizar la situación de estos barrios informales que posibilitará abrir calles y llevar servicios, es imprescindible que no se siga expandiendo la mancha urbana en lugares que no están pensados para que ello ocurra”, analizó.
El concejal del PRO insistió con “el impacto medioambiental que genera ésta situación”, y se mostró preocupado porque “los vecinos que viven en estos barrios irregulares están expuestos a riesgos sanitarios graves al no tener agua potable y cloacas, pero además cuentan muchos de ellos con riesgos físicos, al carecer de servicios básicos de emergencias, servicios públicos o transporte”, por lo que “el Estado debe regular esta situación, pero también debe impedir que se siga propagando”, insistió.
