Declaró el abogado Da Fonseca y habló de una “maniobra muy torpe” de una “empresa fantasma”
Cuarta jornada del juicio oral por el “Escándalo Glisud”

Declaró el abogado Da Fonseca y habló de una “maniobra muy torpe” de una “empresa fantasma”

Es el ex administrador del Fondo Residual del BTF y denunciante del caso ante la Justicia. Fue el primero que pudo explicar con cierto detalle cuáles eran los antecedentes de Glisud SA, la compañía sospechada de haber actuado en connivencia con funcionarios manfredottistas para quedarse con créditos del Residual. Defendió la desajudicación a Glisud y criticó la toma de títulos públicos defaulteados como forma de pago. Hoy declaran los últimos dos testigos y el lunes comienzan los alegatos.
15/03/2018
E

l ex presidente del Fondo Residual del Banco de Tierra del Fuego, Javier Da Fonseca, afirmó ayer que a través de una maniobra “muy torpe” la empresa “fantasma” Glisud SA pretendió quedarse con créditos hipotecarios del organismo a fines de 2002.
Da Fonseca, uno de los denunciantes del denominado “Escándalo Glisud” declaró como testigo en la cuarta jornada del juicio oral y público donde se ventila estos presuntos hechos de corrupción, y fue el primero que pudo explicar con cierto detalle cuáles eran los antecedentes de la compañía sospechada de tener lazos con el manfredottismo.
“Esta empresa se constituyó tres meses antes del concurso (realizado el 30 de diciembre de 2002, donde le adjudicaron tres créditos del Fondo Residual). Fue creada con un capital de apenas 12 mil pesos y al poco tiempo ya ofertaba por miles de pesos. Y las fundadoras fueron dos mujeres mayores que se repetían en otros cientos de sociedades”, relató el abogado en el inicio de una declaración que se extendió durante una hora y media.
Da Fonseca fue 14 meses administrador del Fondo Residual después de que ese cargo fuera ocupado por Gustavo García Casanovas, uno de los seis imputados que tiene la causa y quien estaba a cargo del organismo cuando se produjo la cesión de créditos que investiga la Justicia.
Según la acusación fiscal, el Fondo aceptó por los derechos sobre esos préstamos hipotecarios la oferta de Glisud de 1,1 millones de pesos en bonos defaulteados, sobre otra oferta de 600 mil pesos en efectivo. La defensa de García Casanovas y del resto de los acusados asegura que la recepción de títulos públicos a valor técnico (a pesar de que su valor de mercado era mucho menor) estaba expresamente autorizada por las leyes vigentes.
Pero, además, la Justicia comprobó que la oferta de Glisud era falsa, tanto en la firma de la apoderada Graciela D´adamo (otra de las imputadas) como en el número de documento, y que se habría confeccionado en las mismas oficinas del organismo.
Da Fonseca declaró ayer que Miguel Criado Arrieta, quien fue el que ofertó en efectivo en el concurso ganado por Glisud, le proporcionó información sobre la presunta maniobra delictiva y que por eso realizó la denuncia penal que dio origen al caso. También mencionó que con posterioridad intercambió información sobre Glisud con el testigo Víctor Tela, que testificó el martes.
Las defensas del presidente de Glisud, Enrique Pinto, de los ex apoderados de la firma D´adamo y Francisco Grondona, de García Casanovas, del ex secretario del Fondo Residual Néstor Sierra y de Eduardo Filosa (otro comprador de créditos) focalizaron su interrogatorio en un hecho ocurrido con posterioridad a la adjudicación a Glisud.
Es que mientras Da Fonseca fue titular del Residual, el Ministerio de Economía hizo lugar a un planteo de lesividad y uno de los créditos (el de María Cristina Mitrovich) fue adjudicado a Criado Arrieta.
Al declarar ante los jueces, Da Fonseca defendió la postura de que la oferta en efectivo era “más conveniente” que la realizada en bonos, porque “la finalidad del Fondo era recuperar activos y no papeles pintados”, dijo.
En cambio, las defensas hicieron hincapié en que con los títulos de Glisud se cancelaron “el 100% de las deudas (de los créditos involucrados) con el Fondo” mientras que al desajudicarse a Glisud, no les devolvieron los bonos y además cobraron el dinero de Criado Arrieta en efectivo.
“A mi me convocó el gobierno de entonces (se refiere al del ex gobernador Jorge Colazo) para modificar un estado de sospecha que existía sobre la actuación del Fondo. Después tuve que renunciar y no me dejaron continuar la tarea. Hasta sufrí amenazas personales por este caso”, sostuvo Da Fonseca en su declaración.

Otros testigos

En la segunda jornada de testimonios también declaró en la víspera el ex administrador del Fondo Residual Sergio Tagliapietra, quien relató cómo unos empleados del organismo encontraron en 2008 “unos papeles en blanco” con una firma y la aclaración de D´adamo, que después fueron aportados a la causa judicial.
Si bien se comprobó que la firma no era de la apoderada de Glisud, correspondía al patrón de otros escritos del Fondo Residual, y ello (sumado a la pericia sobre una impresora) abonó la hipótesis de que la oferta de la empresa se habría confeccionado en las oficinas del propio organismo.
Tagliapietra no pudo aclarar ni quiénes eran los empleados que habían encontrado los documentos, ni en qué lugar exactamente aparecieron, pero contó que el hallazgo tuvo lugar durante una revisión general de legajos realizada al comienzo de su gestión.
También declaró como testigo la escribana Ximena Jordá, que dio detalles de su intervención en el acto de apertura de sobres de la licitación ganada por Glisud, y que además aportó que en esa época, era “muy común” que se cancelaran deudas con títulos públicos.
El Tribunal Oral en lo Criminal de Ushuaia, integrado por los jueces Maximiliano García Arpón, Alejandro Pagano Zavalía y Rodolfo Bembihy Videla resolvió cerca de las 13 de ayer pasar a un cuarto intermedio hasta hoy a las 10, en que se escucharán los últimos dos testimonios de los peritos Daniel Balihaut y Hugo Monte de Oca.
La declaración de Balihaut (perito contador del Poder Judicial) estará focalizada en determinar cuál fue el perjuicio fiscal (si es que lo hubo) en la maniobra que se les adjudica a los imputados, ya que todos están acusados del delito de defraudación contra la administración pública.
Por su parte Monte de Oca, perteneciente a la Policía de la provincia, declarará sobre las firmas falsificadas que fueron detectadas en las distintas constancias del expediente.
Según adelantó el tribunal, la etapa de alegatos comenzará el lunes 19 de marzo, y esa misma semana podría darse a conocer un veredicto.

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