a fiscalía requirió el inicio de una causa penal para investigar la denuncia presentada la semana pasada por el ministro de Educación de la provincia, Diego Romero, contra directivos del Instituto Provincial de Enseñanza Superior (IPES) Florentino Ameghino, por las presuntas irregularidades en el otorgamiento y utilización de las horas cátedra del establecimiento.
El denominado “requerimiento de instrucción” establece que “habiéndose denunciado hechos con potencialidad delictiva”, corresponde “impulsar la acción penal”, a la vez que enumera cuáles habrían sido los episodios de naturaleza ilícita.
En ese sentido, señala “la continuidad de la designación y consecuente percepción de salarios por parte de los docentes asignados a espacios curriculares cuatrimestrales por el resto del año, sin la contraprestación correspondiente por dicho emolumento”, y la “asignación de “Horas Institucionales” en forma directa sin acto administrativo previo que las avale”.
Además, describe el “otorgamiento de horas cátedras a docentes excedidos del tope previsto por la Ley Provincial Nº 761” y la “falta de presentación y/o actualización de las Declaraciones Juradas de Cargos y Actividades Docentes del personal del IPES”.
Asimismo, se pide investigar la “reubicación por parte del rectorado de las 20 horas cátedra destinadas a la coordinación del “Profesorado de Educación Superior de la modalidad técnico profesional en concurrencia con título de base”, con un fin distinto para el que fueron otorgadas”, y la “existencia de docentes que perciben el salario correspondiente a una misma carga horaria y a un mismo espacio curricular -con excepción de la asignatura Talleres de Práctica Docente-“.
Según la evaluación preliminar de la Fiscalía, las conductas desplegadas por los responsables del IPES, constituirían “un fraude en perjuicio de la Administración Pública, dado que se habrían abonado salarios a docentes sin contraprestación alguna o por partida doble (se pagaban dos sueldos a dos agentes distintos cuando en realidad era un sólo docente el encargado de la asignatura), como así también, se habrían utilizado los fondos de 20 horas cátedra con un fin distinto por el que fueron otorgados por el Ministerio”.
Por otro lado, las demás conductas podrían constituir “el incumplimiento por parte de los imputados de la normativa provincial concerniente a las obligaciones, competencias y reglamentación de la actividad docente en Tierra del Fuego”.
La denuncia presentada por el ministro Romero menciona con nombre y apellido a seis personas: el rector del IPES Jorge Ariel Enciso, la vicerrectora Silvia Marcela Canales, la secretaria María Rosa Viera y las prosecretarias Alicia Cola, María Alejandra Sánchez Fernández y Alejandra Hoyos.
El fiscal interviniente solicitó que se llame a prestar declaración al ministro Romero “o a quien éste considere idóneo” con el objeto de que “precise las conductas presuntamente delictivas que genéricamente se denuncian en autos y acompañe la documentación respaldatoria correspondiente”.
Además, se sugiere que “toda la documentación que pueda guardar relación con los hechos investigados, permanezca en poder de los auditores o denunciante”.
