os abogados defensores de los once docentes condenados a prisión en suspenso por el ataque y la toma de la Casa de Gobierno de mayo de 2013 acudirán a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para intentar revertir el fallo dictado en diciembre de 2015 y confirmado la semana pasada por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia (STJ).
Así lo ratificó ayer a EDFM el abogado del sindicato de trabajadores de la educación (Sutef) Antonio Aciar, tras conocerse el pronunciamiento del STJ que rechazó un planteo de prescripción y los recursos de casación presentados contra la sentencia dictada por el Tribunal Oral de Ushuaia.
Ese mismo fallo también ratificó la condena contra nueve integrantes del sindicato de camioneros involucrados en los incidentes de 2013, aunque en esos casos no está claro si habrá recursos ante la Corte.
El abogado Francisco Giménez, representante legal de los camioneros en la causa, declaró ayer a Radio Nacional que evaluará con sus clientes los pasos a seguir, y deslizó que tal vez no se justifique acudir a esa instancia.
Tanto en el caso de los docentes como de los camioneros, el paso legal para revertir las condenas consistiría en la presentación de un recurso extraordinario federal.
El recurso puede ser admitido por el Superior Tribunal o declarado “inadmisible”, y en ese caso quedaría la vía de acudir “en queja” ante la Corre, si bien el fallo se consideraría firme en la provincia y las condenas comenzarían a cumplirse.
De los 34 gremialistas que fueron enjuiciados por esta causa a fines de 2015, el Tribunal condenó a 28 (14 docentes y 14 camioneros) y absolvió a 6.
Sin embargo, en junio de 2016, luego de un pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones de Río Grande, la Justicia aceptó suspender la condena de 8 de los sindicalistas (5 camioneros y 3 docentes) aplicándoles la figura de la “probation” o suspensión del juicio a prueba.
Ese giro de las actuaciones fue catalogado de insólito porque si bien la probation había sido solicitada y denegada antes de la finalización juicio, los jueces intervinientes aceptaron la figura cuando ya había terminado el proceso de juzgamiento.
Del total de las condenas, solo dos fueron a prisión efectiva: el camionero Leonado Alexis Ríos, imputado de lesionar al policía Javier Pérez Soriano, golpeándolo con una madera en la cabeza y produciéndole lesiones graves, fue condenado a 4 años de cárcel, y el camionero Néstor Fabián Tavi, por ser declarado reincidente, recibió una pena de 1 año y 6 meses de prisión efectiva.
El resto de los imputados, incluidos todos los docentes (y entre ellos el secretario general del gremio, Horacio Catema) recibieron distintas penas de cumplimiento en suspenso y tareas comunitarias obligatorias como la limpieza de veredas con hielo en invierno y jardines o patios de edificios públicos en el verano.
Los sindicalistas fueron hallados “penalmente responsables” de delitos como “atentado contra la autoridad, lesiones leves y graves y daño agravado”, tras demostrarse que ingresaron por la fuerza al edificio gubernamental, produciendo destrozos en las instalaciones y el mobiliario, y lesionando (en dos casos de gravedad) a 19 de los policías que custodiaban el lugar, durante un conflicto salarial.
Catena recibió una condena de 2 años de prisión, y el docente Héctor Horacio Muñoz, de 1 año y 8 meses de prisión, en ambos casos por las lesiones graves sufridas por el policía Jonathan Nicolás Dutra.
Por este hecho también recibieron una condena de 1 año y 6 meses de prisión los docentes Alejandro Daniel Gómez, Gastón Héctor Luis Benítez y Juan Beltrán Ferreyra, y los camioneros Ramón Martín Giménez, Víctor Hugo Zuñiga Pérez y Néstor Fabián Tavi.
Por su parte el veredicto también dispuso penas de 1 año y 3 meses de prisión para 2 de los gremialistas y de 1 año de prisión para otros 14 acusados, entre ellos el secretario general del gremio de camioneros, Daniel Capdevila, luego beneficiado por la probation.
Además, tres sindicalistas recibieron condenas de 8 meses de prisión en suspenso y otro fue declarado en rebeldía por no presentarse al juicio.
La causa judicial investigó lo sucedido a partir del 23 de mayo de 2013, cuando una manifestación Sutef que reclamaba por aumentos salariales, con el apoyo del gremio de camioneros, irrumpió en la casa de gobierno fueguina tras enfrentarse con la policía que custodiaba el lugar, y luego tomó el control de las instalaciones completas durante una semana.
Las principales pruebas valoradas por los jueces fueron horas filmaciones de medios periodísticos, pero también realizadas por las propias fuerzas de seguridad, que permitió la identificación de los agresores.
Más allá de las condenas penales, al sector docente le interesa que el fallo sea revertido por las implicancias administrativas: todos fueron sumariados por el gobierno, sometidos a un juicio donde les excluyeron la tutela sindical, y luego fueron exonerados de la administración pública, ya durante el mandato de la actual gobernadora Rosana Bertone.
La posible prescripción
El abogado Giménez explicó ayer que el planteo de prescripción de la causa se basó en que desde el momento de la condena de diciembre de 2015, transcurrieron más de dos años hasta que finalmente se expidió el Superior Tribunal sobre los recursos de casación.
Los jueces del STJ replicaron que la prescripción no era posible en este caso porque los docentes son funcionarios públicos y ello suspende los plazos, incluso, para quienes participen de los mismos hechos y no sean funcionarios, como es el caso de los camioneros.
“Tengo absolutamente claro que los docentes no son funcionarios públicos, sino empleados públicos. Además el Superior Tribunal sostiene que los camioneros fueron condenados como coautores cuando en realidad el fallo no dice eso en ningún lado. Al contrario, los define como autores de delitos menores dentro de la gravedad que tuvieron los hechos en general”, indicó Giménez.
“El plazo de prescripción de estos delitos es de dos años y la Justicia se tomó más tiempo para resolver. Encontraron este artilugio para que la condena no se cayera”, agregó.
