ste día, prestan juramento los miembros del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego Omar Carranza, Pedro Gnecco y Juan Pedro Cortelezzi. El acto, realizado en la Escuela N°1, contó con la presencia del gobernador José Arturo Estabillo, del ministro de Justicia de la Nación Jorge Maiorano, de ex constituyentes, legisladores y representantes de los municipios.
Fue el marco adecuado para la trascendencia y expectativas que había generado la constitución del máximo tribunal en la novel provincia. La cabeza de un Poder Judicial “diseñado por manos expertas que proponían mixturar la experiencia de lo anterior con el desafío de lo flamante. Así nació, por ejemplo, el primer Consejo de la Magistratura argentino con rango constitucional, para garantizar una selección de jueces independientes” (Gabriel Ramonet. Justicia Adicta).
Pero, a poco de comenzar a trajinar, el organismo dejó traslucir cuestiones que primero llamaron la atención y luego se fueron deslizando hacia la sospecha y la componenda. La inestabilidad de la composición del tribunal fue una de las destacadas curiosidades: desde su creación a la fecha estuvo compuesto sucesivamente por catorce integrantes y hasta llegó a quedar acéfalo, en 2003, ante “la jubilación de Omar Carranza, la renuncia de Carlos Andino y el fallecimiento de José Salomón”.
Uno de los primeros y controvertidos pasos fue la Acordada N°1 que decidió que las remuneraciones de los jueces no estaban alcanzadas por los límites impuestos por la Carta Magna provincial, que el jurista Daniel Sabsay consideró como una violación a “la Constitución al distinguir entre funcionarios y magistrados con el objeto de fijarle a los segundos, sueldos superiores al del gobernador”.
También, la corta historia institucional estuvo marcada por situaciones escandalosas “como la revelación de los antecedentes desconocidos del juez de Cámara Luis Felipe Ricca, y las pruebas de que fue un grupo de jueces el que impulsó el sistema previsional de privilegio para luego beneficiarse con él” (op.cit.). A lo que se sumaron numerosas causas impunes sobre denuncias de corrupción como los casos de la obra del puerto Caleta la Misión, Hifusa y sospechosas operaciones con bonos, entre otros. Como también la dilación en la investigación sobre la represión de Semana Santa de 1995 y el no esclarecimiento de varios crímenes que aún permanecen impunes.
