La Fiscalía rechazó no llevar a juicio la causa
Maltrato de perros en Valle de Lobos

La Fiscalía rechazó no llevar a juicio la causa

El fiscal Fernando Ballester Bidau dictaminó en contra de aplicar los mecanismos de probation o de mediación para evitar el enjuiciamiento público. Investigan al encargado de un centro invernal por el estado de 87 perros alaskanos y siberianos utilizados para tirar trineos. Es a raíz de la denuncia realizada por la ONG Patitas Tolhuin a comienzos de año. El fiscal también consideró a los animales como sujetos de derecho.
15/08/2018
E

l fiscal de Ushuaia Fernando Ballester Bidau rechazó en un dictamen la posibilidad de que no se realice un juicio oral y público en la causa donde se investiga el presunto maltrato a los perros alojados en el centro invernal “Valle de Lobos”, a la vez que solicitó un “escarmiento” para los responsables de este tipo de delitos.
De este modo, Ballester Bidau se opuso a la aplicación de los mecanismos de “suspensión del juicio a prueba” (o probation) o de derivación del caso al Centro de Mediación (CEDEME) promovidos por la defensa del único imputado, el ex encargado de Valle de Lobos, Walter Cayo.
El hombre fue denunciado a comienzos de este año por la organización protectora de animales “Patitas Tolhuin”, cuyos integrantes constataron las condiciones irregulares de alojamiento de 87 perros alaskanos y siberianos, que convivían en condiciones deficientes de salubridad, estaban mal alimentados, presentaban delgadez extrema y muchos de ellos fallecieron a raíz de la situación, según constató luego la propia Justicia.
Cayo prestó declaración indagatoria ante el Juzgado de Instrucción Nº1, en el marco de la causa judicial caratulada “Cayo, Walter sobre infracción a la ley 14.346”, y el juez Javier De Gamas Soler aún no resolvió si existen elementos como para dictar su procesamiento, sobreseimiento o falta de mérito, informó el Poder Judicial.
Sin embargo, el juez también recibió el pedido de resolver la causa a través de mediación y ello dio lugar a la opinión del fiscal, que se opuso a ese procedimiento.
Según el representante del Ministerio Público, sobre Cayo recae la imputación de malos tratos y actos de crueldad (previstos en la ley nacional Nº 14.346 de Protección de los Animales) contra 87 perros de los cuales se produjo el deceso de 33, todos ellos en concurso real, por lo que “el daño sufrido sería de imposible reparación”.
Además, sobre las 54 víctimas restantes, “tampoco podrían aceptar ningún tipo de reparación porque a través de las mandas judiciales, el propio Estado se ocupó de garantizar la salud y supervivencia de los demás perros maltratados, resultando abstracto cualquier tipo de ofrecimiento de reparación”, señaló Ballester sobre el pedido de suspensión del juicio a prueba.

Derechos en pugna

Más allá de la oposición a la probation y a la mediación, el dictamen de Ballester Bidau realiza valoraciones innovadoras sobre el derecho de los animales, un tema que viene registrando modificaciones en términos de jurisprudencia.
En ese sentido, el fiscal sostuvo que resulta “de vital importancia velar por la protección de los animales y por un medio ambiente sano para el desarrollo del turismo local tan preciado en nuestra Provincia”, de forma que “todos los habitantes puedan gozar de sus beneficios”.
Así, consideró también esencial “salvaguardar la seguridad de los animales, siempre y cuando no dañen nuestro ecosistema, y en función de ello propugnar el rechazo de los mencionados institutos (se refiere a la probation y a la mediación) cuando violen sus derechos”.
De acuerdo al punto de vista del integrante del Ministerio Púbico, en la causa de Valle de Lobos es “indispensable la realización de un juicio oral y público” porque serviría de “escarmiento para aquellos que desprecian la vida ajena de los sujetos de derecho “sintientes”, que merecen vivir dignamente al igual que los seres humanos”.
Y al profundizar en ese tema, mencionó casos destacados como el fallo de la Cámara Federal de Casación que reconoció jurídicamente como “sujeto no humano, titular de derechos”, a la orangutana Sandra que se encontraba alojada en el ex zoológico de Buenos Aires.
Asimismo, detalló que la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Sala Penal III, en palabras del juez Jorge Atilio Franza, sostuvo que “el bien jurídico protegido es precisamente la vida y la integridad física y emocional de ese animal que está siendo objeto de hechos delictivos que lesionan sus derechos”.
Incluso el fiscal citó también que en la Constitución de la Provincia de Tierra del Fuego, se establece que la flora y la fauna deben ser preservados, siendo deber del Estado que el medioambiente sea protegido, a la vez que el artículo 76 de la Carta Magna le exige al Estado “fomentar el desarrollo de la actividad turística en todas sus formas”.
En este caso en particular, para Ballester Bidau, los perros de trineo “contribuyen y fortalecen al desarrollo turístico, tan preciado para nuestra provincia”, e indicó que los perros de raza “alaskano” y “siberiano”, han sido utilizados como instrumentos de trabajo en el continente antártico, por lo que resultan “útiles para la supervivencia humana en esos lares”.
Uniendo la jurisprudencia y la la manda constitucional, el fiscal aseguró que los perros son “sujetos no humanos y titulares de derecho”, ya que “no son cosas, sino seres que piensan y sienten”.
“Es nuestro deber protegerlos, por lo que no hay dudas que son sujetos de derecho y que, por tal razón, han sido las únicas víctimas de maltratos sufridos”, aseveró.
Esta postura fiscal es interesante porque se opone al criterio que han tenido los jueces de instrucción de Ushuaia en el caso del caballo “Shrek”, ultimado a mazazos en octubre de 2016.
En esa causa, la Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales (AFADA) pidió ser considerada parte querellante en representación de los derechos del animal asesinado, y no lo consiguió a pesar de repetidos fallos de dos jueces de primera instancia y de la Cámara de Apelaciones de la provincia.
En el caso Valle de lobos, la Asociación “Patitas Tolhuin” se presentó en el expediente en calidad de Amicus Curiae (amigos de la Corte o del Tribunal) y no como querellante.

Marcha por abandonos

“Patitas Tolhuin” anunció por estas horas una marcha junto a otras entidades proteccionistas que se realizará mañana a las 16 en Río Grande, Tolhuin y Ushuaia para visibilizar el abandono de animales.
La dirigente de la ONG, Susana Sosa, reclamó, justamente, la necesidad de reconocer a los animales como sujetos de derecho para poder aplicar sanciones más severas ante casos de maltrato o muerte.
Las concentraciones serán todas las 16 en  la Plaza Cívica 12 de Octubre de Ushuaia, la  Plaza Cívica Corazón de la Isla de Tolhuin y el Playón del Mercado de la Costa de Río Grande.

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