uando la negociación entre el Ejecutivo nacional y las provincias por las medidas de ajuste del gasto del presupuesto nacional 2019 todavía no concluyó, el Ministerio de Energía resolvió que a partir del 1 de enero del próximo año, el financiamiento de la Tarifa Social Eléctrica estará íntegramente a cargo de los estados provinciales.
La Resolución firmada el lunes y publicada ayer en el Boletín Oficial causó malestar en la Provincia, por cuanto el financiamiento de este beneficio destinado a los usuarios finales con ingresos insuficientes para atender sus necesidades básicas es un uno de los puntos que están siendo materia de negociación de cara a un acuerdo político Nación-Provincias que aceite el tratamiento y la aprobación parlamentaria de un Presupuesto Nacional que incluya la pauta de déficit fiscal 0 propuesta por la gestión Macri ante el Fondo Monetario Internacional, para lograr que el organismo acceda a adelantar para el próximo año los desembolsos de fondos inicialmente previstos para 2020 y 2021.
“Molesta pero no sorprende” señaló una fuente gubernamental consultada por EDFM, “están haciendo lo mismo que hicieron con el Fondo de la Soja. Por un lado de dice que todo es materia de negociación, pero por el otro toman medidas unilaterales sobre temas que no fueron acordados”.
En cuanto al impacto presupuestario que tendrá para la Provincia hacerse cargo de este subsidio durante el 2019, se estima que no será inferior a los 70 millones de pesos.
Claro que ello dependerá de cómo evolucione la tarifa de luz en la Provincia y el padrón de beneficiarios, al que pueden acceder los jubilado o pensionado por un monto menor o igual a dos veces el haber mínimo nacional; personas con empleo en relación de dependencia que perciben una remuneración bruta menor o igual a 2 Salarios Mínimos Vital y Móvil; titulares de programas sociales; inscriptos en el Régimen de Monotributo Social; personas incorporadas en el Régimen Especial de Seguridad Social para empleados del Servicio Doméstico; quienes perciban el seguro de desempleo y quienes o cuenten con certificado de discapacidad.
La mencionada Resolución, una de las últimas firmadas por Javier Iguacel como titular del ministerio de Energía que ayer se convirtió en un Secretaría del Ministerio de Hacienda, establece textualmente que “a partir del 1 de enero de 2019, el régimen de Tarifa Social establecido en virtud de lo previsto en la Resolución Nº 6 del 25 de enero de 2016 del ex Ministerio de Energía y Minería, sus modificatorias y complementarias, para los beneficiarios que se encuentran domiciliados en las distintas jurisdicciones del servicio público de distribución de electricidad, será aplicable por los mecanismos que se instrumenten en cada una de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que adhieran a dicho régimen y que involucrará la asunción de su financiamiento y la coordinación con los Agentes Distribuidores y/o Prestadores del Servicio Público de Distribución de cada jurisdicción, los respectivos entes reguladores locales y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE)”.
De ello se desprende que en la Provincia que no se adhiera al “régimen” desaparecerá el beneficio de la tarifa social, salvo que cada jurisdicción disponga uno propio.
En tanto, en el considerando de la norma, se recuerda que “ha sido decisión política del Gobierno nacional que el proceso de normalización del precio mayorista de la energía eléctrica iniciado en el 2016 contemplara la puesta en funcionamiento de la Tarifa Social, cuyo sostenimiento supuso un sustancial aporte del Tesoro Nacional, independientemente de la jurisdicción en la que se encuentren los usuarios beneficiarios del referido régimen” y que “en dicho contexto, para la continuidad del beneficio de la Tarifa Social resulta indispensable la contribución de las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el financiamiento de su aplicación en relación con los usuarios domiciliados en dichas jurisdicciones, mediante los mecanismos que oportunamente se implementen en cada una de ellas”.
De todas maneras, y más allá de transferir el financiamiento a las Provincias, precisa que a los beneficiarios de la Tarifa Social se les “descontará el 100% del precio estabilizado de energía” hasta “un consumo de 150 kilovatios hora mensuales”, y hasta un 50% a aquellos consumos mensuales estén por encima del “consumo base”, pero cuyo excedente no lo supere en 150 kWh/mes. El subsidio no cubre los montos correspondientes al servicio de transporte, distribución y los impuestos de cada factura.
Vale recordar que este año las Provincias financiaron, en sus respectivas jurisdicciones, el 50% del costo de la Tarifa Social durante el bimestre mayo-junio.
