l Consejo de la Magistratura de la provincia cerró definitivamente ayer la posibilidad de iniciar un jury de enjuiciamiento al fiscal de Ushuaia Nicolás Arias, investigado por su desempeño en un caso de abuso sexual de menores, al aceptar en forma unánime el dictamen del fiscal acusador del organismo que había recomendado desestimar la denuncia contra Arias y propiciar sanciones administrativas.
De esta forma, el mismo organismo que había votado por mayoría (cuatro votos contra dos) el pasado 16 de julio, impulsar el jury, ayer rectificó ese rumbo y aceptó la posición de la minoría, consistente en remitir las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia para que se evalúen medidas disciplinarias.
Los motivos fueron explicados de manera coincidente por cada uno de los consejeros en la sesión realizada ayer, a partir de las 10.
Dijeron que si bien el Consejo votó por realizar el jury, al remitirse el expediente al fiscal acusador, que es el representante de los abogados de Río Grande, Miguel Ángel Castro, éste decidió no acusar, lo que dejó al procedimiento en un punto muerto.
Si bien la ley 525 de jury de enjuiciamiento prevé que el cuerpo puede girar el caso a un fiscal suplente, para intentar una acusación, los consejeros admitieron que esa vía representaba una serie de contradicciones a futuro.
Por ejemplo, el fiscal suplente es el representante de los abogados de Ushuaia, Oscar Suárez, que si bien ayer no participó del encuentro, dejó por escrito su postura favorable a aceptar el dictamen del fiscal acusador titular, es decir, rechazar el jury.
De esta manera, qué sentido tenía pedirle a Suárez un dictamen si ya había adelantado su postura.
Por este y otros problemas, todos los consejeros se manifestaron ayer a favor de impulsar cambios en la ley 525, e incluso el legislador Federico Bilota tomó el asunto como propio para llevarlo al recinto legislativo.
En definitiva, el Consejo resolvió en la víspera “rechazar la denuncia analizada en el marco de la causa Nº 93/18: “Fiscal del Distrito Judicial Sur, Dr. Nicolás Arias s/ Antecedentes” y “remitir las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia, a los fines de que se analice la conducta del Dr. Arias, como así también la política criminal llevada adelante por el Ministerio Público, para hechos de igual naturaleza al que analizamos”.
Los fundamentos
Al fundamentar su postura de ayer, el Fiscal de Estado Virgilio Martínez de Sucre, reiteró su postura acerca de que, además de la situación del fiscal Arias, el Superior Tribunal de Justicia debe analizar “la política criminal que lleva adelante el Ministerio Público, dado que existen al menos 66 casos de omisión de debate por hechos de igual naturaleza al que aquí se analiza”, señaló.
Por su parte el legislador Bilota lamentó que “la legislación vigente no permita adoptar un camino diferente, por cuanto ambos fiscales han expuesto su decisión de no avanzar en la acusación”, a la vez que coincidió en su “preocupación” por “la política criminal llevada adelante por el Ministerio Público”.
Sobre la ley 525, reconoció la necesidad de impulsar su reforma.
En tanto, el ministro jefe de gabinete, Leonardo Gorbacz, dijo que respeta la opinión del fiscal acusador de “no avanzar en el procedimiento de enjuiciamiento, máxime cuando existe imposibilidad de acudir al fiscal suplente porque ha manifestado por escrito su adhesión a esa misma opinión”, y avaló tanto la remisión de las actuaciones al Superior Tribunal como la revisión del desempeño del Ministerio Público y la modificación de la ley 525.
A su turno, el legislador Pablo Blanco también se refirió a la necesidad de “generar un cambio en la política criminal que lleva adelante el Ministerio Público para estos casos, estableciendo un criterio uniforme para todos los hechos de la misma naturaleza, habida cuenta de los criterios diferentes que evidenciaron en este caso los dos fiscales actuantes, como así también en otras causas similares con solicitudes de penas mayores”.
Blanco declaró a la prensa que en el proceso de jury anterior al actual, quien oficiaba de fiscal era alguien ajeno al Consejo, y que luego ello se modificó.
“Por mayoría nosotros decidimos iniciar la investigación. Y el fiscal dice que no hay motivos para acusar, y sí para alguna medida disciplinaria. Más allá de este caso, vamos a tratar de corregir la ley y establecer que el fiscal acusador sea otra vez una persona de afuera (del Consejo), por ejemplo alguien de un listado que propongan los colegios de abogados. También sería bueno un traslado de la denuncia al imputado, ni bien se presenta. Son varios cambios”, explicó.
El caso
El Consejo intervino de oficio en el caso Arias a partir de que se hizo pública su solicitud de “omisión de debate” (o sea que el juicio oral no se hiciera) y la aplicación de una pena mínima de 3 años de prisión para el empresario Héctor Darío “el gringo” Weiss, finalmente enjuiciado de todos modos y sentenciado a 8 años de cárcel, por el abuso sexual y estupro del que resultaron víctimas dos menores de edad.
Ese dictamen generó una polémica con alcance nacional (varios medios de prensa de Buenos Aires se hicieron eco de la noticia) porque, entre los fundamentos de la medida, Arias mencionó como atenuantes de la condena el hecho de que Weiss “no tenía completos los estudios secundarios” y que era “único sostén de familia”.
| Pedido de informe por casos de abuso sexual El Bloque legislativo de la UCR presentó un proyecto solicitando al Poder Judicial de la Provincia que remita al Parlamento un detallado informe sobre el número de causas por abuso sexual registradas en los últimos diez años; número de causas por abuso sexual actualmente en trámite; cantidad de denuncias discriminadas por distrito; cantidad de casos en los que se propuso omisión de debate; cantidad de casos en los que prosperó la omisión de debate; integrantes del Ministerio Público Fiscal actuante en cada uno de ellos y todo otro dato adicional de interés. |
