l allanamiento al despacho del intendente de Río Grande, Gustavo Melella, en las instalaciones de dos obras que ejecuta la Municipalidad y en dos empresas particulares, denominadas Vaquera y Patagonia; fueron ordenados hace unos veinte días atrás por el juez penal Raúl Sahade, en torno a la causa penal que se tramita bajo la caratula “Giménez Francisco s/denuncia s/robo”.
La causa recayó en manos del fiscal Pablo Candela, cuando se produjeron las actuaciones judiciales, las que se mantienen bajo un total hermetismo, debido a que el juez de la causa impuso el secreto de sumario, pero de lo que trascendió es que existiría presunta malversación de fondos en torno a obras públicas, tales como el mantenimiento de espacios públicos, como en la construcción del polo tecnológico.
Los allanamientos se realizaron en los primeros días de septiembre, para recabar los antecedentes respecto a la contratación de terceros para realizar tareas como mejoramiento en plazas. Hay dos contratistas que están bajo investigación, con la finalidad de determinar si tienen alguna vinculación directa o no.
El Diario del Fin del Mundo tomó contacto con el abogado Francisco Giménez, quien radicó la denuncia en sede penal, pero se excusó de dar entrevistas por el momento, debido al secreto de sumario y explicando que podría haber otras derivaciones. De todas maneras, confirmó que se presentó como parte querellante y que espera la resolución del juez Sahade respecto a ese pedido.
El caso lo podría comenzar a tramitar el Fiscal Mayor, Guillermo Quadrini, debido a la gravedad de los hechos y por tratarse de una denuncia que implica al Intendente de Río Grande. Se trata del mismo funcionario del Ministerio Público Fiscal que el año pasado desestimó una denuncia contra Melella, presentada por la abogada Adriana Varisco.
Aquella denuncia se hizo en referencia a la concesión del estadio del Centro Deportivo, ubicado en Obligado y avenida Belgrano, a la firma privada denominada “Duto”, con domicilio en Córdoba, pero la misma fue desestimada luego de comprobarse que ese convenio fue dejado sin efecto, por incumplimientos con el convenio firmado.
Posible pedido de auditoría
No es la primera vez que la Justicia Penal pone en la mira la contratación de obras públicas en la gestión del intendente Gustavo Melella, ya en el 2015 se hicieron denuncias que motivaron el inicio de un expediente, el cual comenzó a tramitar el juez de instrucción Eduardo López y ahora la tiene el juez Daniel Cesari Hernández.
EDFM consultó al doctor Gímenez respecto a las denuncias que se realizaron al final del primer mandato de Melella al frente de la intendencia y como única respuesta que brindó fue que analiza la posibilidad de pedir una auditoría ante el Superior Tribunal de Justicia en el Juzgado de Instrucción del juez Cesari Hernández.
