l fiscal de Río Grande Pablo Candela consideró que si un funcionario público cita en su domicilio a una persona sin trabajo, un sábado a la tarde, y le propone mantener relaciones sexuales a cambio de darle empleo, o de pagarle tareas ya realizadas, ello “no menoscaba el bien jurídico integridad sexual”, ni tampoco hay elementos para sospechar que la persona “haya tenido miedo a algún tipo de mal”.
El polémico criterio se desprende del dictamen firmado por Candela en el marco de la causa judicial donde se investiga si el intendente de Río Grande, Gustavo Melella, pidió favores sexuales a cambio de trabajo.
El representante del Ministerio Público, quien intervino en las actuaciones como Fiscal Mayor subrogante, desestimó la existencia de delito, y por lo tanto se negó a que se instruya una investigación penal, en el caso de las denuncias presentadas ante la justicia por los trabajadores Damián Rivas y Alfredo Suasnabar.
Candela suscribió su dictamen el pasado 10 de septiembre, antes de que el caso se difundiera en medios nacionales, mientras que el contenido del escrito se mantenía en “secreto” con el argumento de que su difusión podía vulnerar la intimidad de las personas involucradas.
Sin embargo, EDFM accedió al documento de cuatro carillas y comprobó que el análisis realizado por el funcionario judicial no solo es polémico por el tenor de sus argumentos, sino que omite valorar circunstancias puntuales contadas por los denunciantes.
Por ejemplo, Susanabar declaró en la causa que "Melella me citó en su casa (…) me dice si podía ir a su casa para que arreglemos, y le dije si no podía ser en su oficina, pero me dijo que no, y que tenía que ser en su casa el sábado a la tarde, en la calle Anadón 1071, primer piso. Yo tenía la desesperación de cobrar la plata, así que al final fui (…) Cuando llego, golpeo la puerta, me atiende y me hace pasar. Hasta ese momento me trató bien, me saludó bien y me abrazó. Me hizo sentar en el sillón, y me bajó el cierre del pantalón, me extrajo el pene y se lo metió en su boca. Fue algo sorpresivo y le dije 'la pucha qué está pasando', no sabía si meterle una piña o qué, le dije que 'yo vine a cobrar' y él decía que 'me entregue'. Me decía 'entregate papito, dámela, y cosas así'. En ese momento, me paro y trato de apartarme y le digo 'yo vine para que me pague, no para esto', y de ahí me fui. Hasta el día de hoy no pude cobrar nada", relató el hombre de 55 años.
A su vez, Rivas, declaró que "desde el día que habilité el monotributo, el señor intendente comenzó a mandarme mensajes de WhatsApp y también me llamaba y me preguntaba si la tenía grande, en referencia al pene, porque él la quería sentir, y siempre me pedía si conocía a alguien para presentarle. Me decía que yo era un cagón y que nunca iba a hacer nada, y que no podía creer que no tenía ningún conocido para presentarle. Pero yo no iba a llevar a nadie conocido para eso".
Candela no relacionó, ni siquiera con la precariedad que implica abrir una investigación, los tocamientos sexuales (o las propuestas de relaciones sexuales) con las circunstancias concretas de que los hombres estaban desempleados, en una precaria situación económica y de vulnerabilidad social, buscando empleo o queriendo cobrar lo ya trabajado, y que del otro estaba la persona con mayor poder institucional de la ciudad.
“No se ha menoscabado el bien jurídico integridad sexual, ello en razón de que la autodeterminación de libertad sexual de una persona mayor de 18 años y su propio ejercicio no se vio vulnerado”, escribió el fiscal.
Y en la frase más polémica de su dictamen, aseveró también: “el caso no aporta ningún elemento que permita tan solo sospechar en el sentido de que ambas personas hayan tenido miedo de sufrir algún tipo de mal por no acceder al acto sexual”.
Denuncia por mal desempeño
Para el abogado Francisco Giménez, representante de las supuestas víctimas, "del testimonio (de los denunciantes) surge que el ataque sobre su integridad sexual fue sorpresivo, en solitario, que no lo consintieron y que buscaron apartarlo. Su relato jamás puede hacer creer a un fiscal –quien tiene la obligación de investigar- que haya existido algún tipo de consentimiento, pues su condición social es de ostensible vulnerabilidad. Los denunciantes no tuvieron libertad de elegir por estar coartados por sus necesidades económicas más elementales".
Según Giménez, "el dictamen de Candela es la demostración de una vergonzante concepción machista que impera en el sistema judicial fueguino, mediante la cual solo las personas de sexo femenino pueden ser víctimas de abuso sexual. El hombre no puede serlo porque siempre tendría la capacidad física de reaccionar, resistiendo al ataque sexual de otro hombre", le dijo el letrado a Infobae. Y agregó que "hay una cita parcial y arbitraria de los testimonios de las víctimas para tratar de justificar la desestimación de la denuncia, sin siquiera tomar una sola medida de prueba en el expediente, hecho que resulta inaudito con solo observar la conducta de este mismo fiscal en otros casos análogos o de menor entidad".
El abogado se refiere a que, en marzo pasado, el mismo Candela había impulsado la investigación contra un oficial inspector de la Policía Provincial -Julio César Rockenbach- a partir de la denuncia de una integrante de la misma fuerza de menor rango, por "acoso sexual" y "violencia de género". La mujer policía había denunciado que su superior la había invitado a "hacer cucharita en la cama", entre otras insinuaciones de índole sexual y de acoso verbal en forma reiterada. En este caso, Candela imputó a Rockenbach de abuso sexual simple en grado de tentativa.
Si bien el juez Sahade todavía no resolvió si acepta la desestimación de Candela, Giménez anticipó que pedirá al Consejo de la Magistratura que se lo juzgue por su conducta.
"No vamos a tolerar que siga formando parte del Poder Judicial un fiscal que, sin tomar medida de prueba alguna y con una interpretación sesgada del derecho y de los hechos, beneficie con su accionar a un imputado por ser parte del poder político fueguino", acusó.
Otros abogados de Río Grande, citados por Infobae, interpretaron también que Candela no tuvo en cuenta el abuso de poder que implicaría haberlo citado a su domicilio particular un fin de semana, para atender el reclamo de un pago relacionado con servicios a la intendencia. Tampoco que -según el relato de Suasnabar- el abordaje sexual no tuvo reciprocidad, y al no haber sido consentido, Melella no cumplió con la promesa de pago.
Fiscal con criterio opuesto
Pero la principal prueba de que el encuadre de Candela no fue el adecuado, resulta el hecho de que el fiscal Guillermo Quadrini (una vez reincorporado al cargo tras una licencia) requirió la instrucción de una causa por “abuso sexual coactivo” contra Melella, al valorar la denuncia de un tercer denunciante, Mario Lovera.
Quadrini refirió que de acuerdo al testimonio de Lovera, el funcionario “arremetió contra su humanidad (en el departamento del intendente) y lo sometió a manoseos en su cuerpo y órgano masculino viril, obligándolo a ingresar a su dormitorio y, a cambio de brindarle fuente laboral en la Municipalidad a su cargo, lo habría obligado a materializar actos sexuales contra su voluntad frente al temor que -según su relato- implicaba negarse, dada su condición de Intendente y máxima autoridad de la ciudad".
Es decir, con circunstancias similares, Quadrini entendió que podría haber un abuso por coacción, mientras que Candela ni siquiera vinculó el acto sexual con las posiciones de poder de los protagonistas.
