incuenta días después de que dos presuntas víctimas denunciaron que el intendente de Río Grande, Gustavo Melella, les exigió favores sexuales a cambio de empleo, la Justicia de Tierra del Fuego no pudo encaminar una investigación seria que permita reconstruir mínimamente los hechos, ya sea para confirmar o para desestimar la versión de los denunciantes.
La conclusión surge luego de la recorrida por distintos aspectos de la causa, y por diversas fuentes vinculadas al caso, que realizó ayer EDFM, de donde se desprenden un cúmulo de dudas, contradicciones y puntos endebles del accionar judicial.
Uno de los aspectos claves es la actuación fiscal. El abogado Francisco Giménez, representante de uno de los damnificados, el de nombre “Mario”, reveló que los presuntos abusos fueron denunciados primero por el trabajador de la construcción Alfredo Suasnabar, de 55 años, y por Damián Rivas, un carpintero de 48, en oportunidad de testificar en una causa donde se investigan irregularidades con la obra pública de Río Grande, el pasado 28 de agosto.
Según comunicó la propia Justicia el lunes, el juez de instrucción Raúl Sahade “de forma inmediata”, le “tomó declaración testimonial a los dos posibles damnificados”. Y después le corrió vista al fiscal Pablo Candela para que efectúe un “requerimiento de instrucción”, el paso clave para el inicio de cualquier investigación penal.
Ahora bien, siempre según el comunicado de la Justicia, Candela resolvió no requerir la instrucción de una causa en relación a los supuestos abusos, por entender que no se presume la existencia de un delito.
Si bien los fiscales tienen la opción de rechazar de plano una investigación, lo usual (y más aún en casos que involucran a funcionarios públicos) es que primero adopten medidas de prueba elementales. Para el caso, podría haber requerido pericias psicológicas a las víctimas y, sobre todo, haber secuestrado los teléfonos donde los propios damnificados decían que había mensajes incriminatorios.
Este medio solicitó ayer copia de la desestimación del requerimiento de instrucción suscripto en el caso por el fiscal Candela. La respuesta fue que ese documento es “secreto” debido a la característica sexual del delito que se investiga, o, mejor dicho, que no se investiga.
Fuentes judiciales dieron una explicación “en off” sobre la desestimación. Dijeron que el delito de abuso sexual no podría configurarse porque, en todo caso, se trató de prácticas sexuales consentidas por personas adultas, donde no hubo ni violencia ni forzamiento de ningún tipo.
¿Y qué pasa con el hecho de que, según la denuncia, el funcionario pudo haber solicitado la relación sexual (o los tocamientos) a cambio de un empleo o del pago de trabajos ya realizados?, preguntó este medio. No hubo respuesta.
No es el único punto endeble del caso. Giménez denunció que se presentó en el juzgado con una tercera víctima, de nombre “Mario”, el obrero que según publicó Infobae se volvió a Formosa “por vergüenza”.
Según la Justicia, el juez le corrió vista a la Fiscalía por este tercer caso, y hasta ayer “se aguardaba que el Fiscal Mayor se expidiera, instruyendo un sumario o desestimándolo”.
¿Por qué la Fiscalía demoró tanto? Al parecer se produjo un conflicto de competencias. Si la causa involucra a un funcionario público (en este caso el intendente) corresponde la intervención del fiscal Mayor de Río Grande, Guillermo Quadrini. Pero si se trata de un caso de presunto abuso sexual, corresponde la intervención del fiscal de turno al momento de la denuncia, en este caso Candela.
¿A cuál de los dos fiscales le corresponde actuar? Según las fuentes consultadas, la duda llegó al Superior Tribunal de Justicia, donde a través del Jefe de Fiscales, Oscar Fappiano, se habría recomendado investigar los presuntos abusos por separado. En tal caso, se tendría que expedir Candela sobre la situación de “Mario”, y no Quadrini.
Quadrini estaba de licencia por enfermedad. Pero ayer se presentó en tribunales, según confió una de las fuentes, al parecer para aclarar su posición en esta controversia.
El otro aspecto cuestionable de la investigación es la falta de secuestro de los teléfonos celulares de las supuestas víctimas. Mientras los audios con la voz de Melella, haciendo referencias que podrían servir para el esclarecimiento de los hechos, se reprodujeron en toda la prensa nacional, la Justicia de Tierra del Fuego todavía no los tiene en su poder.
Según el comunicado judicial del lunes, los celulares de los damnificados no fueron secuestrados “porque (los denunciantes) pidieron conservarlos debido a que es una herramienta de trabajo”, aunque después se agregaba que las personas “dejaron constancia en su declaración testimonial que ponían a disposición (los teléfonos) para cuando el Juzgado los requiriera”.
Entonces, ¿pidieron conservarlos o los pusieron a disposición para cuando fuera necesario?
De todas maneras, el abogado Giménez declaró ayer que esa conducta (del juez) resulta “incomprensible”. “Supongamos que las personas no hubieran querido entregar sus teléfonos, el juez tiene las facultades para ordenar el secuestro porque su prioridad es llegar a la verdad de los hechos y no salvaguardar el empleo de nadie. En cualquier causa judicial se secuestran los objetos de interés por más que a las víctimas le parezca bien o mal”, enfatizó el letrado.
Giménez dijo que hoy regresará a Río Grande, que pedirá copia de todo el expediente y que en caso de que el fiscal no instruya la causa por los supuestos abusos, apelará esa decisión ante la Cámara de Apelaciones.
Lo concreto es que a 50 días de la denuncia inicial, la Justicia está mucho más lejos que el periodismo de llegar a la verdad de lo ocurrido, y que ello resulta incomprensible como respuesta institucional para un acontecimiento de tanta relevancia social, e injusto, tanto para las supuestas víctimas como para el funcionario involucrado en la denuncia.
