a defensa legal del intendente de Río Grande, Gustavo Melella, a quien acusan de pedir favores sexuales a cambio de empleo, rechazó ayer el pedido de jury de enjuiciamiento del juez y de uno de los fiscales de la causa, realizado por dos abogados de Buenos Aires.
El defensor de Melella, Francisco Ibarra, dijo que la presentación efectuada ante el Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego por los letrados Ramiro Hernán Rúa y José Luis Ghioldi, resulta “completamente ridícula” y “sin ningún tipo de asidero”.
Rúa y Ghioldi acusaron al juez de instrucción 1 Raúl Sahade y al fiscal Pablo Candela de “mala conducta”, en el primer caso por demorar la investigación, no asegurar las pruebas ni proteger a las supuestas víctimas, y en el segundo por desestimar las primeras denuncias contra el intendente sin investigarlas.
Sin embargo, Ibarra expresó al EDFM que el pedido de jury “desconoce completamente el estado y la evolución de la causa”, por lo que “no tiene sentido y es parte del circo mediático armado contra Melella”, aseguró.
Según el abogado del intendente fueguino, de la lectura de las actuaciones judiciales surgen “todos los movimientos realizados por el juez” y “se descarta que en la causa puedan haber existido demoras o falta de vocación por investigar”.
A su vez, en relación a la actuación del fiscal Candela, Ibarra recordó que el funcionario judicial efectuó dos requerimientos, uno en relación a presuntas irregularidades con la ejecución de obra pública municipal, y otro donde desestimó las primeras dos denuncias por abuso sexual contra el intendente al entender que no constituían delito.
“No se puede desconocer que en materia de abuso sexual, hace falta la declaración de la víctima. En este caso las víctimas declararon y el fiscal entendió que lo ocurrido no había sido abuso. Por eso digo que el pedido de jury es doctrinario y alejado de los hechos de la causa”, aseveró el defensor.
El caso contra el intendente de Río Grande comenzó el pasado 30 de agosto con una denuncia contra empresas contratistas del municipio que habrían cobrado por trabajos no realizados, pero adquirió otra dimensión cuando tres trabajadores de la construcción -Alfredo Suasnabar, Damián Rivas y Mario Lovera- revelaron que el funcionario les pidió favores sexuales a cambio de empleo en la obra pública y para cobrar tareas ya realizadas.
El fiscal Candela desestimó las denuncias de Suasnabar y Rivas, mientras que otro fiscal, Guillermo Quadrini, impulsó primero la denuncia de Lovera y luego emitió un dictamen que englobó los tres hechos en el supuesto delito de “abuso sexual coactivo”.
De acuerdo al pedido de jury presentado ayer por Rúa y Ghioldi, el primer fiscal del caso desestimó las denuncias “sin haber acudido a las medidas que imponen los protocolos para estas actuaciones, ni merituar la situación social de las víctimas o su grado de vulnerabilidad”.
Respecto del juez Sahade, lo acusaron de no resguardar las pruebas “principales” como el intercambio de audios telefónicos que comprometerían al intendente, y de no tomar medidas de protección a las supuestas víctimas de un abuso sexual como “pericias psicológicas y asistencia social”.
