a Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) presentó ayer un pedido de jury de enjuiciamiento contra la jueza Correccional de Ushuaia, Felicitas Maiztegui Marcó, a raíz de las manifestaciones expresadas en su cuenta de Twitter sobre la última dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983.
La magistrada, quien ya había sido noticia en oportunidades anteriores por sus opiniones políticas, negó en diferentes tweets la existencia de 30 mil desaparecidos y justificó el accionar de las fuerzas armadas al cumplirse, el pasado 24 de marzo, un nuevo aniversario del golpe de Estado del 76´.
La conducción de la UEJN, que había repudiado en un comunicado el accionar de la jueza, concretó en la víspera un pedido de jury a través de un escrito dirigido al presidente del Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego, el juez del Superior Tribunal de Justicia Gonzalo Sagastume.
El escrito firmado por el secretario general del sindicato a nivel nacional, Julio Piumato, y por el secretario de la seccional Tierra del Fuego del gremio, Luis Bechis, considera que Maiztegui Marcó posee “incapacidad moral para detentar su actual investidura de magistrada, nula vocación democrática, total desprecio del estado de derecho bajo imperio de la ley y falta de observancia de elementales principios de derechos de rango constitucional, receptados tanto en nuestra constitución nacional como provincial”.
La presentación señala que son de “público conocimiento” por haber sido reproducidas en medios gráficos, televisivos, radiales y digitales, las declaraciones de la jueza acerca de “la última dictadura genocida que desató la peor masacre de la historia argentina, anulando el estado de derecho y la división de poderes”.
Además, agrega que algunos de los mensajes de la titular del Juzgado Correccional constituyen “la prueba máxima de su falta de decoro, desconocimiento grave del derecho e inhabilidad moral para ejercer la judicatura”.
El pedido de jury describe luego qué se entiende como crímenes de lesa humanidad según el estatuto de la Corte Penal Internacional aprobado en julio de 1998, y aclara que se trata de delitos fundados en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos o culturales, y que son imprescriptibles. Incluso recuerda el antecedente de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucionales a las leyes de obediencia debida y punto final, negándole a esas normas cualquier efecto que pudiera oponerse al avance de los procesos o al juzgamiento y eventual condena de los responsables, u obstaculizara la investigación es en curso.
De acuerdo a la solicitud de la UEJN, la jueza “confunde la libertad de expresión con una bestial apología al odio y al negacionismo del terrorismo de Estado”.
“Actitudes como ésta ensucian a la judicatura en general pero particularmente a la de esta provincia (…) No debe ser juez penal de Tierra del Fuego ni de la república, quien no está de acuerdo con el principio constitucional de que nadie puede ser condenado (y menos a la pena de muerte) sin juicio previo, ni debido proceso”. asegura la presentación a la que tuvo acceso este medio.
Tweets polémicos
La jueza Maiztegui Marcó pidió en uno de sus polémicos tweets: “reconozcan la verdad, no fueron 30 mil desaparecidos. Reconozcan cómo fue todo y cuántos mataron las organizaciones terroristas”.
La magistrada también solicitó que “digan de una vez que el gobierno democrático pidió a los militares que salven del comunismo a la Argentina”.
Las expresiones de la jueza generaron la reacción de dirigentes vinculados a los derechos humanos en la provincia, como el secretario gremial del sindicato de petroleros jerárquicos, miembro de la multisectorial de gremios y referente del Partido Solidario, Moisés Solorza, quien calificó los comentarios de la jueza como “lamentables”.
“Refleja un desprecio y un desconocimiento del camino que ha recorrido nuestro país en materia de condena al último genocidio impartido por una dictadura como la que gobernó Argentina”, señaló Solorza.
Al enterarse del posible pedido de jury en su contra, Maiztegui Marcó escribió en la misma red social: “piden mi juicio político porque a criterio de estas mentes demagógicas y cooptadas, no puedo ni debo opinar sobre la Historia, que es lo que he hecho desde que soy consciente”. Y agregó que la reacción en su contra surge “por escribir lo que pienso en relación a los terroristas bajo distintas organizaciones que obligaron a la democracia de entonces a solicitar a los militares, a pedido del pueblo argentino, que intervengan contra la guerrilla iniciada por los revolucionarios para asumir el mando”.
No es la primera vez que la misma jueza provoca polémicas por sus opiniones en Twitter: en ocasiones anteriores criticó a las abuelas de Plaza de Mayo, a los inmigrantes que “vienen a delinquir al país” y a los grupos feministas, a la vez que tildó de “corrupta” a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y de “caradura” al ex gobernador de Buenos Aires de Daniel Scioli.
