ste día, la empresa francesa Total Austral informa el descubrimiento de importantes yacimientos de hidrocarburos pertenecientes a la Cuenca Marina Austral, a unos 12 kilómetros de la costa de la isla Grande. El comunicado aclara que esa cuenca, que se extiende hasta unos 50 kilómetros al Este, “tanto en sus aspectos geológicos como petroleros, es totalmente distinta a la Cuenca de las Malvinas, que nace y se extiende más al Este y fuera del área del contrato”. La empresa considera como muy importante que los “cuatro pozos perforados hasta el momento se haya conseguido un éxito del 100%. Tres de los pozos resultaron gasíferos y el cuarto, rico en gas y petróleo” (Adolfo Silenzi de Stagni. Claves para una política petrolera nacional).
Por una licitación de 1977, el área había sido adjudicada al consorcio integrado por Total Exploration (37,5%), Deminex (37,5%), Bridas (20%) y Arfranco (5%). YPF hizo la convocatoria para la exploración y explotación de esa área en virtud de la Ley 21.778, aprobada por la dictadura encabezada por Jorge Rafael Videla y su ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, que “había creado un régimen jurídico fiscal de privilegio para las empresas privadas sobre la base de un supuesto riesgo que no existe. El equipo económico ha regalado nuestro valioso patrimonio petrolífero y lo ha hecho, además, en condiciones extremadamente gravosas para el Estado o, para mayor precisión, para Yacimientos Petrolíferos Fiscales” (Conferencia de prensa de Silenzi de Stagni, 26/2/1981).
Entre los privilegios fiscales otorgados estaba la liberación “de gravámenes de importación a los bienes de capital”, generando “una situación de absoluto privilegio para las empresas contratistas a expensas de la industria nacional que se ve privada de la protección arancelaria existente, de la aplicación del Compre Argentino y de la legislación anti dumping”.
En consonancia con esta objeción, el Centro de Industriales Metalúrgicos difundió un comunicado criticando esta liberación para el ingreso “de bienes de capital, herramientas especiales o partes y elementos componentes de dichos bienes (…) en tanto los mismos no se produzcan en el país en condiciones de eficiencia, plazo de entrega y precios razonables”, que daba la potestad de importarlos a los adjudicatarios y perjudicaba notablemente a la industria nacional que podía proveer esos bienes.
