urante la mañana de este martes, la comisión de Presupuesto de la Legislatura dará continuidad al análisis del proyecto de ley del Poder Ejecutivo que propone declarar la emergencia comercial en la provincia por 180 días, prorrogables por igual plazo, y en ese marco autorizar a la AREF a suspender “el inicio de ejecuciones fiscales y la continuidad de aquellas que se encuentren en trámite”, como así también “los plazos de prescripción previstos en el código fiscal provincial para el inicio de las ejecuciones fiscales”, como “medidas tendientes a paliar la situación por la que atraviesa el comercio y la industria” y a “morigerar la grave situación en la que se ven inmersos los contribuyentes de la Provincia”.
Aun cuando en el encuentro del viernes quedó planteado que ninguno de los bloques legislativos se opondrá a la rápida sanción del proyecto, las ausencias, por razones de agenda, del ministro de Economía y del Presidente del BTF motivaron la decisión del titular de la comisión de proponer un cuarto intermedio hasta mañana a las 10:00, para poder analizar con esos funcionarios algunas otras medidas a implementar en la Provincia que no están contendidas en la propuesta de emergencia, en sintonía con lo reclamado por escrito por los representantes de la Cámara de Comercio de Ushuaia.
Sirve, pero no es suficiente
Durante la reunión realizada a fines de la semana, de las que tomaron parte representantes de la AREF, 13 legisladores (los únicos ausentes fueron Villegas y Boyadjián del MPF), y referentes del sector turístico y de las Cámaras de Comercio de Ushuaia y Río Grande, quedó en evidencia que entre los referentes de la actividad mercantil y empresaria de ambas ciudades existen diferencias en torno al beneficio que para esos sectores representa la iniciativa gubernamental.
Mientras que los representantes de la Cámara riograndense sostuvieron la necesidad y conveniencia de que se apruebe rápidamente la declaración de emergencia con los alcances previsto en el proyecto oficial, los referentes capitalinos consideraron que ese proyecto sirve únicamente para atender la situación coyuntural de un reducido grupo de contribuyentes y no las necesidades de la mayoría.
Tanto el actual presidente de la Cámara de Río Grande, José Luis Iglesias, como su antecesor, Diego Navarro, explicaron que la declaración de la emergencia comercial con suspensión de ejecuciones fiscales por parte del AREF, resulta indispensable para gestionar ante la AFIP también la suspensión de ejecuciones fiscales para parte del organismo recaudador nacional. Explicaron que lo que se busca es generar un marco normativo similar al existente en Santa Cruz y Chubut, que fue el que habilitó que AFIP suspendiera ejecuciones fiscales en esas dos provincias. Si bien reconocieron que la suspensión de ejecuciones no es la solución de fondo a los problemas del sector comercial, plantearon que si bien a solucionar un problema acuciante para el sector.
A diferencia de ello, desde la representación capitalino propusieron avanzar en una propuesta que resulte más abarcativa, que contemple la situación de aquellos que ya están en proceso de ejecución o en vías de estarlo, de quienes precisan una nueva moratoria para evitar esa instancia y de aquellos otros que estando al día con sus obligaciones fiscales precisan acceder a mejores condiciones para seguir en esa condición.
La propuesta de Ushuaia
Los referentes de la Cámara de Comercio de Ushuaia propusieron que se implemente una nueva moratoria impositiva en la Provincia, y que se modifiquen las condiciones de acceso y de beneficio para el contribuyente cumplidor. En la actualidad, para acceder a esa condición el contribuyente debe estar al día con el pago impuesto de sus obligaciones durante 12 meses, lo que se propone es recudir ese plazo a 3 meses.
Además, como la norma en vigencia desde 2015 prevé que los contribuyentes cumplidores gocen de una reducción del 12%, cuando la base imponible no supere 37,5 millones, y del 5% cuando se supere esa base imponible anual, proponen que la base imponible se actualice a 97,5 millones de pesos, y que el beneficio pase del 5 a 8% y del 12 al 18%.
Los municipios no pueden estar ausente
Al margen de los cruces de opiniones que se dieron entre legisladores del oficialismo y de la oposición respecto de la oportunidad en que el Ejecutivo remitió su propuesta, tanto el mopofista Löffler como el radical Rubinos coincidieron en la necesidad de sumar a la mesa de discusión a los Municipios, ya que esos estamentos administrativos también gravan la actividad comercial y productiva en su ámbito de competencia.
