fin de implementar “alternativas para el desarrollo y la generación de empleo” y posibilitar que la Provincia pueda “llevar adelante “programas y proyectos que faciliten la producción regional de alimentos de origen vegetal y animal, con cercanía al consumidor final y puntos de distribución” que permitan mejorar “el acceso a una alimentación saludable” y a, la vez, generar “condiciones de hábitat, ingresos y calidad de vida, promoviendo el acceso a la tierra y la soberanía alimentaria”, el Poder Ejecutivo presentó a la Legislatura un proyecto de ley para que se declaren “de utilidad pública y sujetos a expropiación con destino productivo” 100 parcelas ubicadas en los macizos 63, 64, 65, 66, 67, 68 y 69 de la sección K (Margen Sur) de Río Grande.
En la iniciativa, remitida a mediados de mes, se precisa que “los bienes inmuebles declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación, se limitan al terreno o lote, quedando excluido todo lo edificado, plantado o de cualquier forma adherido al suelo, y las mejoras que contuvieran los mismos”, y se autoriza a transferir al IPV el dominio de los inmuebles en cuestión, como así también “a realizar las mensuras, subdivisión y fraccionamiento que se requiera e implementar los procesos técnicos y administrativos que garanticen su destino”.
Además, y en los términos de la ley provincial de expropiación, se declara “la urgencia para el trámite y la gestión de toma de posesión” de los mencionados predios, lo que habilita al Poder Ejecutivo a que se le dé “sin más, inmediata posesión del bien, siempre que al iniciar el juicio de expropiación consigne a disposición del propietario y a título de indemnización provisional, la suma que ofrezca en base a la tasación emitida por el Tribunal de Tasaciones de la Nación”.
De acuerdo al proyecto, “los destinatarios de las parcelas así como sus sucesores quedan obligados a mantener el perfil productivo del sector, quedándoles prohibido ceder, transferir o arrendar la tierra o el establecimiento, por un plazo que inicia a partir de la publicación de la presente ley y que se extiende hasta 20 años a contar desde el perfeccionamiento del título de propiedad”. Se determina que “no podrán ser destinatarios quienes sean titulares de otros emprendimientos productivos o comerciales o propietarios de un bien inmueble en la Provincia” y que “los negocios otorgados en violación a esta prohibición son absolutamente nulos y generan para el cedente, transferente o arrendador la obligación de indemnizar al Estado Provincial con una suma igual al doble de lo pagado hasta ese momento”.
La propuesta del Ejecutivo establece también la creación de la Comisión Chacras -integrada por representantes del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; Instituto Provincial de Vivienda; Ministerio de Gobierno y Justicia, y Agencia de Recaudación Fueguina-, que tendrá entre otras funciones “realizar el relevamiento del estado de ocupación de las superficies involucradas; determinar los parámetros y criterios para la ejecución de las subdivisiones conforme a destino, mensura y deslinde de las superficies, definiendo las parcelas, caminos y demás infraestructura pública; gestionar asistencia técnica a los productores; obtener y suministrar a los productores información sobre asistencia financiera destinada a la producción agropecuaria y atesoramiento y capacitación a los productores y al Estado, como base para la elaboración de proyectos productivos agropecuarios, de normativas, de convenios, de programas, planes y subsidios, de formación, de investigación, de mercados”.
