El juez no intercedió para que un detenido acceda a un terreno social
Polémica por un requerimiento judicial

El juez no intercedió para que un detenido acceda a un terreno social

Se trata del magistrado Manuel Isidoro López quien envió un oficio al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) donde requería “evaluar la factibilidad de adjudicarle” un terreno a un preso. Y aseguró que el objetivo de la medida siempre fue autorizar al recluso a realizar un trámite, y no interceder para que fuera adjudicatario.
04/07/2019
E

l juez de Ejecución de Ushuaia, Manuel Isidoro López, explicó ayer que de ninguna manera intercedió para que un preso obtuviera un terreno social de parte del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y dio detalles sobre el requerimiento que le efectuó al organismo y que generó polémica a partir de su publicación en EDFM el pasado martes.
Como reveló este medio, el magistrado le envió un oficio al presidente del IPV, Gustavo Vázquez, para que en el término de diez días responda sobre la “factibilidad de adjudicarle un terreno” al detenido Sebastián Gustavo Molina Oviedo.
Sin embargo, López detalló ayer a este medio cómo fue toda la secuencia de acontecimientos.
En ese sentido, contó que el interno pidió autorización para actualizar su legajo del IPV acompañado de un trabajador social.
Durante esa visita tomó contacto con el titular del IPV (Vázquez) quien le manifestó que al estar inscripto (como aspirante a ser adjudicatario de una vivienda social desde 2006) podía optar por la reciente operatoria lanzada desde el organismo que faculta a dejar de lado la inscripción por el acceso a la vivienda, y anotarse en otra para recibir un terreno social con servicios.
El juez relató que el recluso, entonces, le solicitó una nueva autorización para ir otra vez al IPV y aceptar el cambio de plan.
Ante ello, antes de dar la autorización, “intenté verificar los dichos del detenido comunicándome telefónicamente con el presidente del IPV. Y como no logré comunicarme, firmé un oficio al organismo para que me conteste formalmente cuál era la situación, y así autorizar al interno a que vaya nuevamente a completar el trámite”, indicó López.
Al respecto de la polémica, el magistrado dejó claro que “el derecho de un recluso a ser o no adjudicatario de un terreno social, no está dentro de mis competencias, como sí lo es autorizarlo a que vaya a un organismo público a actualizar su legajo y no pierda un derecho de su esfera civil, porque ello no lo tiene prohibido”, señaló.
López también puso a disposición de este medio, copia del oficio dirigido al IPV y del acta relacionada con el tema, para que los periodistas puedan verificar sus dichos.
Por su parte Vázquez también negó ayer que más allá del contenido literal del oficio, el objetivo del juez haya sido interceder para que el recluso recibiera un terreno, y dijo que solo se trató de un pedido de información (ver nota aparte).

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