l gobierno de facto autodefinido como ‘Revolución Libertadora’ promulga el ‘decreto 234, en esta fecha, que dispone la intervención y la designación del “interventor de la Provincia Patagonia al Capitán de Fragata Alejandro A. Galarce”, con la firma del titular del Poder Ejecutivo Nacional, general Pedro Aramburu. Once meses después se dispone el relevo de Galarce por Pedro Luis Priani (Adrián G. de Antueno Berisso. Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur).
La creación de esa provincia había sido determinada por el gobierno justicialista poco antes de su derrocamiento, mediante la Ley 14.408, que disponía la creación de cinco nuevas provincias. Por esa razón, al momento del golpe, todavía se encontraba en transición la cesión del patrimonio de la Gobernación Marítima. El Decreto 11.429/55 le asignó la denominación de Patagonia al distrito conformado por las actuales provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
La provincia Patagonia tuvo una corta vida, dado que, en noviembre de 1956, se dispuso su disección y el surgimiento de la provincia de Santa Cruz.
Ante el vacío legal en que se encontraba el resto de la jurisdicción, el 28 de febrero de 1957, el gobierno militar promulgó el Decreto-Ley 2191, por el cual dispuso el restablecimiento del Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y su “organización, gobierno y administración”.
De Antueno sostiene que “estos actos administrativos fueron manifiestamente nulos de nulidad absoluta por violación del artículo 13 de la Constitución Nacional”, por esa razón, “lo acontecido por más de tres décadas con este territorio fueron cuestiones no previstas ni por el artículo 13, ni por el artículo 67 inciso 14 de la Constitución Nacional, por lo que se buscaron soluciones que no violentaran los principios fundamentales en la materia, apoyadas en la teoría de la continuidad jurídica de las normas de facto y tornando inaplicable la de la caducidad jurídica”.
Al ratificarse todas las normas instauradas por la dictadura al restablecerse el gobierno constitucional, con la presidencia de Arturo Frondizi, estos conflictos jurídicos fueron subsanados.
Así, la vigencia del territorio fueguino se mantuvo hasta 1990, con la aprobación de la Ley 23.775 de Provincialización y la creación de sus instituciones.
