n la sesión de este día, la Legislatura Provincial aprueba la Resolución N° 122, por la cual expresa “su rechazo a la Declaración Conjunta entre la República Argentina y Gran Bretaña sobre la explotación petrolera en el Atlántico Sur”.
Luego de solicitar al Ejecutivo provincial que brinde toda la información disponible sobre el tema, instruye a “los Senadores Nacionales por Tierra del Fuego, para que exijan al Poder Ejecutivo Nacional la remisión de la Declaración Conjunta al Congreso de la Nación, y una vez en ese Cuerpo, procedan a su rechazo”.
En otro artículo, los legisladores sostuvieron que debía convocarse a “una consulta popular”, para “que el pueblo de la Provincia se expida en relación al Acuerdo”.
La Declaración Conjunta, cuyo texto completo se mantuvo en secreto, fue firmada en Nueva York por el canciller argentino Guido Di Tella y el británico Malcolm Rifkind, luego de prolongadas negociaciones que concluyeron en la determinación de una zona de cooperación para la extracción de hidrocarburos en el mar Argentino.
El gobierno argentino –presidido por Carlos Menem- declaró que el acuerdo incluyó “un 'paraguas' de soberanía reforzado que protege los respectivos reclamos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur". Además, en la Declaración unilateral argentina "se reafirman la vigencia de la fórmula del 'paraguas' de soberanía en este caso y que la Declaración no implica reconocimiento argentino alguno del reclamo británico respecto de las islas del Atlántico Sur y sus áreas marítimas circundantes".
En tanto, Rifkind afirmó que "este acuerdo, es sobre todo, una gran oportunidad de prosperidad para las islas Falklands", y añadió que "ninguno de los derechos soberanos del Reino Unido sufrió el menor deterioro".
El acuerdo estableció que ambas partes cooperarán para alentar actividades costa fuera en el Atlántico sudoccidental, pero no se refirió a las aguas al oriente de las islas Malvinas. Para ello se iba a establecer una Comisión Conjunta y mediante actividades coordinadas se iban a explotar seis zonas de unos 3.500 km2 cada una, ubicadas en aguas en litigios y de soberanía argentina. También se promovió la cooperación entre la industria de ambas partes, incluyendo la formación de ‘joint ventures’ y la elaboración de proyectos binacionales.
