Desestimaron una denuncia contra ex directivos de la Caja Jubilatoria de la Policía
Justicia penal de Ushuaia

Desestimaron una denuncia contra ex directivos de la Caja Jubilatoria de la Policía

Los había denunciado la conducción actual del organismo, por una presunta maniobra defraudatoria, derivada de inversiones realizadas en dos fideicomisos inmobiliarios y un edificio de Ushuaia. La jueza Barrionuevo concluyó que las operaciones no ocasionaron perjuicio económico al organismo. A su vez, uno de los directivos implicados denunció por otros presuntos ilícitos a la comisión en funciones.
31/10/2019
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a Justicia penal de Ushuaia desestimó por inexistencia de delito una denuncia realizada a mediados del año pasado contra ex directivos de la “Caja Previsional para el Personal Policial y Penitenciario Provincial y Compensadora para el Personal Policial del Ex Territorio” y un empresario de Ushuaia, a quienes se acusaba de haber participado de una presunta maniobra fraudulenta en perjuicio de la entidad.
La denuncia originalmente radicada en Río Grande, y luego girada a Ushuaia, cuestionaba tres grandes inversiones realizada por la caja previsional de la policía: la constitución de los fideicomisos inmobiliarios Altos del Michi, de Tolhuin, y Altos de la Patagonia, en Río Grande, y el alquiler del edificio de 25 de Mayo y San Martín en Ushuaia, donde actualmente funciona el Hard Rock Café.
Los denunciantes eran los actuales miembros del directorio de la caja: Orlando Pérez Garrido (presidente) Marcelo Merialdo (vicepresidente) Sergio Contreras y Julio César Barrios.
Por su parte los denunciados eran los ex miembros del directorio Dardo Estefó, Miguel Piccone, Dino Manetti, Héctor Miranda y Pedro Díaz.
La denuncia apuntaba a que el organismo había aportado sumas de dinero millonarias para la constitución de los fideicomisos ($13 millones, por ejemplo, en el caso del de Toilhuin) cuando las empresas asociadas al emprendimiento habían cedido terrenos o realizado mejoras por valores muy inferiores.
Según sus respectivos sitios de Facebook, Altos del Michi es “un complejo de lotes ubicado en un barrio cerrado en la localidad de Tolhuin, provincia de Tierra del Fuego”, conformado por “77 lotes”.
Por su parte “Altos de la Patagonia” es un complejo de “lotes de 200 metros cuadrados en altura, con vista al mar y todos los servicios”, una “manzana de espacio verde parquizado y un importante centro comercial” en inmediaciones del barrio policial de Río Grande.
Además, en todos los negocios aparecía un factor común que era el empresario Walter Agra, ligado a las empresas Financar S.A. y Phoenix S.A (vinculadas a los fideicomisos) y dueño de la franquicia de Hard Rock Café.
Sin embargo, la jueza penal de Ushuaia María Cristina Barrionuevo se basó en una serie de estudios periciales, para llegar a dos conclusiones fundamentales: que el ex directorio de la caja policial no excedió el límite fijado por las leyes para realizar esas inversiones, y que los negocios no originaron ningún perjuicio económico para la entidad.
“Si la ley vigente 834 habilitaba a los ex directores a efectuar inversiones como las analizadas, las que no superaron el tope establecido del 30%, y esas inversiones no ocasionaron perjuicio económico a las arcas de la institución, sino todo lo contrario, aumentaron el patrimonio del organismo, entonces no se verifica la comisión de delito alguno”, escribió la magistrada al rechazar el requerimiento de instrucción promovido por la Fiscalía.
La resolución, dictada en agosto último, fue difundida en las últimas horas por Dino Manetti, uno de los denunciados, quien además aseguró que la causa fue archivada en forma definitiva.

Otra denuncia

Un giro curioso de la situación es que el propio Manetti dice haber denunciado a miembros de la comisión actual de la caja de policía, por la comisión de delitos.
Según sostuvo, el motivo central es el pago de un “aumento ilegal” a los propios empleados del organismo, que habría derivado en un “perjuicio de alrededor de 1,1 millones de pesos”.
Dijo que esa situación fue verificada por el Tribunal de Cuentas de la provincia, que dispuso la devolución de las sumas mal liquidadas, y ameritó la denuncia penal.
También se refirió a la supuesta “retención de aportes a los empleados policiales”, del ítem “Racionamiento y mantenimiento de uniformes”, por un monto de unos $44 millones que los efectivos reclaman a las autoridades previsionales.
“Por este caso la Justicia ya indagó a Pérez Garrido,  y ahora tiene 10 días para expedirse sobre su situación procesal. Mientras la otra causa contra nosotros se archivó, esta sigue su curso, y es importante que se sepa”, aseveró Manetti, retirado con el grado de comisario mayor de la policía.

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