ste día, una ley aprobada por el Congreso chileno deja sin efecto los acuerdos territoriales coloniales, suscritos por España, y traspasa el territorio mapuche al estado, generando un punto de partida de todos los diferendos por la posesión de la tierra existentes hasta el presente.
Las principales contradicciones que se presentaron hicieron perdurar el conflicto: “no haber declarado fiscales las tierras al sur del río Bío Bío” y “haber reconocido la continuidad en algunos tratados por los derechos de propiedad mapuche sobre sus posesiones”, anteriores a la acción del Estado. Esto generó distintas interpretaciones jurídicas, algunas contrapuestas. Así, los reclamos de los pueblos originarios fueron incluidos en las ‘Conclusiones y Recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas’ (el ciudadano.com, 26/07/2015).
La ley entró en contradicción con más de tres siglos de política colonial y republicana, que a través de sucesivos tratados estableció la soberanía del estado sobre esos territorios, a cambio del reconocimiento a las comunidades nativas, otorgándoles completa autonomía territorial y autogobierno local.
En el Parlamento celebrado en Tapihue en 1825, en el que se firmó un Tratado de Paz entre el estado chileno y el lonko Francisco Marihuán, se señaló de manera explícita que “el Biobío es la línea divisoria entre estos dos nuevos aliados hermanos”. En uno de los ítems del convenio se afirmó: “Los gobernadores ó Caciques desde la ratificación de estos tratados no permitirán que ningún chileno exista en los terrenos de su dominio por convenir así al mejor establecimiento de la paz y unión, Seguridad general y particular de estos nuevos hermanos”. Es decir, “se reafirmaba la separación entre ambas sociedades como garantía de la paz en el mundo fronterizo, correspondiendo la presencia de cualquier chileno en territorio Mapuche, un acto claramente ilegal” (op.cit.).
Este tratado, ratificado a fines del mismo año en el parlamento de Los Ángeles, no fue cumplido por el Estado chileno; que, por el contrario, propició la ocupación de la Araucanía.
Los historiadores revisionistas sostienen que esos tratados son omitidos convenientemente de la historia “oficial” de Chile, porque entregan una sólida argumentación jurídica a los pueblos originarios, para exigir la reparación de la deuda histórica contraída por el Estado chileno.
